a petrobancada se prepara, ya con un primer premio por haber modificado las bases de ese pequeño porcentaje de soberanía que nos quedaba, a la conquista de nuevos y mayores premios. Confía en el aluvión propagandístico que el gobierno de Peña Nieto paga para que no se escuche otra voz diferente de la suya acerca de lo que significa y significará para el país la reforma energética si no se la logra detener y revertir. A muchos de sus protagonistas se los ve ya en comerciales de precampaña de diversos formatos.

Algunos de los miembros de la petrobancada querrán ser relegidos en su función legislativa por méritos conquistados a pulso en favor de lo que el tecnomercadeo alude como su futuro a partir de las elecciones de 2015.

Otros mirarán más arriba. Le querrán apostar a un puesto ejecutivo. Son conscientes de que el Poder Ejecutivo, en los tres órdenes de gobierno (cuatro si se toma en cuenta el peculiar estatuto del Distrito Federal), es el que manda sobre el Legislativo: llámese cabildo, Congreso estatal, Congreso de la Unión y Asamblea Legislativa del DF. En tanto que representantes populares –válgame la falacia–, saben que no pueden alcanzar otro rango que el de empleados mayores del titular del Ejecutivo en cuestión. Ninguno, en el caso de la reforma energética, será quien firme este o aquel contrato con las grandes petroleras que están por invadir legalmente territorio mexicano.

La palabra invasión se verá un diminutivo por lo que esas empresas significan. Cuatro de las mayores petroleras del mundo (Exxon Mobile, Royal Dutch Shell, British Petroleum y Chevron), para darnos una idea, clasifican entre las seis transnacionales más poderosas y peligrosas del mundo por las víctimas humanas y ecológicas a que dan lugar sus políticas y operación.

En varios reportajes y notas, La Jornada ha difundido la magnitud e implicaciones contaminantes de los vertidos y derrames en Sonora, Durango, Jalisco, Veracruz, Tabasco y Nuevo León. Estos vertidos y derrames se agregan a la treintena de desastres de este tipo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El derrame de crudo en el río San Juan, que cruza parte del territorio de Nuevo León y desemboca en la presa El Cuchillo, el embalse de mayor capacidad que provee de agua al área metropolitana de Monterrey y su periferia, puede ser de enormes consecuencias. No en la opinión del director de Pemex, Guillermo Lozoya, que consideró utilizables las aguas del San Juan en 48 horas después de su visita al lugar del siniestro. Dijo, además, que la contaminación no llegaría a El Cuchillo (yo estoy rezando por que una de las tormentas de origen ciclónico no se abata en la zona afectada y haga llegar a la presa la gran cantidad del crudo que hay todavía en el río San Juan). Por sus cálculos, este funcionario será sin duda el próximo presidente de la República.

Hay circunstancias que no entiende el mexicano común. Abrimos las puertas de nuestros recursos estratégicos, con la información de seguridad nacional correspondiente, a quienes hagan –o hayan hecho ya– el mejor arreglo al respecto porque no tenemos la tecnología adecuada en materia energética para explotarlos. Veinticinco años después del derrame de un buque petrolero de la Exxon en las costas de Alaska, los expertos siguen monitoreando el área para precisar los remanentes de esa tragedia ambiental. Estados Unidos le hace pagar a la British Petroleum 18 mil millones de dólares por el derrame de 2010 en el Golfo de México. ¿No buscará la gigantesca petrolera reponerse en el paraíso de la impunidad que es México?

Pemex, por lo que dijo Lozoya, debería vender su tecnología de limpia instantánea de crudo en zonas siniestradas. Con eso no tendríamos que enajenar medio país a los ocupantes temporales que insistieron, a través de sus foros y publicaciones (del Financial Times a The Wall Street Journal a las revistas Forbes y, por supuesto, Time), en que la salvación de México residía en abrir Pemex a la inversión privada.

La petrobancada está plenamente de acuerdo con lo que haga Pemex; por ejemplo, aceptar como el origen del derrame en la planta de Cadereyta un error en la ordeña de una toma clandestina que nadie, salvo los responsables de la flamante empresa productiva del Estado, ha visto ni podido inferir. ¿Hay quien se robe petróleo crudo, acaso para transportarlo en recuas a una refinería con el propósito de convertirlo en combustible capaz de ser vendido? Si convenció el presidente Peña Nieto a los miembros de la petrobancada de que Pemex podrá competir con las petroleras privadas, como expuso el senador Manuel Bartlett al abrir los cursos de los diplomados que ofrece el Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL, aportando el triple de los recursos fiscales que las empresas particulares y de que el proyecto de los 3.5 millones de barriles diarios de crudo no es una medida impuesta desde el exterior, no pueden hacer otra cosa sino seguirse convenciendo.

Hasta ahora no se ha podido ver a un solo miembro de la petrobancada, empleando sus recursos destinados a gestoría para dar una explicación –al menos– sobre el episodio de Cadereyta a su electorado.

Los diputados locales del PAN demandan transparencia y rigor en la solución de ese episodio. Es temporada de patos electorales. Cuando han estado en el poder o en puestos vinculados a la ecología, no se han interesado sino en los negocios. Me consta.