Esta es la sexta entrega de una serie de entrevistas con funcionarios de la administración pública capitalina, con motivo del segundo Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

La aplicación de la prueba del polígrafo (utilizada normalmente en temas de procuración de justicia) con el fin de determinar si una persona es apta para laborar en áreas relacionadas con la administración de recursos y atención al público es una de las acciones que ha tomado el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en su cruzada contra la corrupción, enfatiza el contralor general capitalino, Hiram Almeida Estrada.

Esta prueba nos es útil para medir la confiabilidad y la pertinencia de la gente. Es fundamental en la contratación de personal porque no podemos instalar a personas sin capacidad de atender a los ciudadanos o que tengan bajo nivel de tolerancia, explica en entrevista con La Jornada.

Uno de los colaboradores más cercanos al jefe de GDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, desde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, indica que la dependencia a su cargo ha sancionado a mil 790 funcionarios capitalinos por diversas irregularidades, de los cuales 46 por ciento son de la actual administración.

Somos inflexibles, el que infrinja la norma se atendrá a las consecuencias en los términos de ley. No queremos sancionar pero lo haremos, buscamos ser preventivos, pero seremos punitivos cuando sea necesario, advierte.

Resalta que las áreas financieras y de servicio al público son las más sensibles a la corrupción y que, al mismo tiempo, presentan más reticencias para ser auditadas; incluso, añade, en algunos casos se ha tenido que vencer inercias, pues hay áreas que se vuelven muy anquilosadas, con funcionarios que llevan muchos años trabajando en una dependencia y se sienten casi propietarios de la misma.

Pero aclara no se puede generalizar que toda un área está llena de corrupción, cuando hay un jitomate podrido en una caja tenemos que quitarlo, no podemos tildar de que toda la caja está en condiciones inadecuadas. Nosotros estamos tratando de detectar esos malos frutos explica.

Rumbo al segundo informe de gobierno, Almeida Estrada resalta que como contralor me toca tutelar que el trabajo de las áreas de gobierno se realice con transparencia y en beneficio de los capitalinos con base en la filosofía e intenciones que ha mostrado Miguel Ángel Mancera.

Afirma que el gobierno de la ciudad se encuentra en una etapa de transición, porque dos años de administración son propiamente de inicio de una gestión, aunque, agrega, ya se puede recapitular algunos éxitos, que con el paso del tiempo irán creciendo.

El contralor se dice orgulloso de trabajar con Mancera Espinosa y de observar en él un político nuevo, con un nivel de estudios de doctorado que no en todos se puede encontrar.

“Me parece que es una gente fresca, una nueva imagen, con una gran inteligencia, una aguda visión, es un estadista que busca el beneficio de los capitalinos. Lo digo más como ciudadano que como servidor público.

Tener un gobernante con un perfil intelectual alto, con una capacidad política de decisión vinculada a lo jurídico, es algo que se había perdido.

Ex fiscal de investigación en las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez, así como ex subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF, destaca que la administración de Mancera Espinosa ha optado por generar un nuevo modelo para el combate a la corrupción, cuyo eje es la prevención, que incluye el fortalecimiento de la figura de los contralores ciudadanos y la creación de un Consejo Consultivo, y un portal anticorrupción.

Reconoce que abatir este problema, que es uno de los compromisos del jefe de Gobierno capitalino, no será una tarea fácil, pues se tiene que generar una cultura diferente, pero confió en que en uno o dos años se pueda alcanzar la cero corrupción o al menos tener el menor número de casos y que los mismos sean focalizados y sancionados.

En sus oficinas de la calle Tlaxcoaque, en el centro de la capital, señala que dos aspectos fundamentales en esta tarea son la denuncia y generar conciencia entre los ciudadanos de que cuando cometen una infracción de tránsito, en vez de ofrecer dádiva paguen la multa correspondiente, lo que generará recursos al gobierno que destinará a programas y acciones en beneficio de los ciudadanos.

Asimismo, se debe crear una cultura del conocimiento de las leyes, porque mucha gente no sabe que una dádiva para evitar ser sancionado por una infracción podría ser mayor al costo de la multa. La defensa de la legalidad inicia a partir del conocimiento de la norma, afirma.

En ese mismo sentido, agrega que con organizaciones y cámaras empresariales se han establecido convenios para promover la denuncia, haciéndoles ver que es menos costoso que en sus presupuestos generen algún rubro para el pago a inspectores o verificadores encargados de revisar las condiciones de funcionamiento de sus negocios.

Niega que la participación de la iniciativa privada en la realización de obra pública implique mayor riesgo de actos de corrupción, no es el esquema de participación el que marca un acto como susceptible de corrupción, sino más bien es el nivel ético en la administración de los recursos.

Por el contrario, asegura, lo que se busca con la participación privada es generar las condiciones de eficiencia, calidad, mejora en los tiempos de terminación de las obras y por consecuencia en beneficio a la ciudadanía.