Nueva York, 9 de septiembre.

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó el martes a favor de negociar un nuevo marco jurídico multilateral que proteja las restructuraciones de deuda de ataques especulativos.

El voto fue una victoria para Argentina, que lleva más de una década de batalla judicial contra varios fondos de inversión estadunidenses que le exigen la cancelación de títulos en cese de pagos.

La propuesta fue aprobada por 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. Estados Unidos fue uno de los países que se expresaron en contra, declarando que la resolución generaría incertidumbre en el mercado.

El canciller argentino Héctor Timerman dijo que la resolución facilitará la creación de un nuevo sistema “que respete a la mayoría de acreedores y permita a los países salir de las crisis de forma sustentable.

Hemos decidido cambiar el futuro, declaró Timerman después de conocerse el voto. Tras hacerse el recuento, la sala estalló en aplausos.

La resolución establece empezar a negociar un marco regulador para los procesos de restructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional.

El juez neoyorquino Thomas Griesa ordenó en 2012 que Argentina no puede pagar a los bonistas que aceptaron los canjes de deuda que realizó el país en 2005 y 2010 si no paga también a los inversionistas que compraron esos títulos a precio de ganga y luego no aceptaron las condiciones establecidas en esos canjes. Esos últimos son conocidos en Argentina como fondos buitres, y exigen al país latinoamericano el pago de al menos mil 500 millones de dólares. Argentina se niega a cumplir con la sentencia del juez Griesa que la obliga a pagar esa cantidad.

Esos fondos compraron la deuda ya en default y ahora han logrado que el juez Griesa bloquee pagos a 93 por ciento de bonistas que aceptaron entrar en las restructuraciones de 2005 y 2010 de la deuda argentina, lo que llevó al país a un default parcial el pasado 30 de julio.

El marco regulatorio que busca Argentina en la ONU pretende fijar normas que impliquen que si la mayoría de los acreedores acepta las condiciones de una restructuración de deuda, ésta debe ser aceptada por la totalidad de los tenedores de bonos.

Las resoluciones de la Asamblea General, sin embargo, no son de obligado cumplimiento, es decir, no se puede forzar a cada país a cumplir con ellas.

La resolución, que en sus cuatro páginas no menciona a Argentina, señala que el esfuerzo de un Estado por restructurar su deuda soberana no debe ser frustrado o impedido por acreedores comerciales, incluyendo fondos de inversión especializados como los fondos de riesgo.

El documento aprobado el martes estipula que el texto del nuevo marco regulador debe terminarse antes de finales de año. También pide que se intensifiquen los esfuerzos para prevenir las crisis de deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis, en cooperación con el sector privado, con miras a hallar soluciones aceptables para todos.

Además de Estados Unidos, votaron en contra de la resolución Reino Unido, Alemania, Japón, Israel, Canadá, Australia, República Checa, Irlanda, Hungría y Finlandia. Italia, que habló en nombre de la Unión Europea, declaró que Naciones Unidas no es el organismo adecuado para debatir nuevos parámetros en restructuraciones de deuda.

La resolución fue presentada por el grupo de naciones G-77 más China, presidida ahora por Bolivia. Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU, declaró antes del voto que asuntos como estos afectan a todos los países.

Hoy le toca a la Argentina, pero cualquier país en desarrollo, o incluso desarrollados, han sufrido la misma actitud depredadora, y seguirá ocurriendo, advirtió Llorenti al presentar una resolución que calificó de trascendental.

“Los fondos buitres representan un riesgo para todos los futuros procesos de restructuración de la deuda”, agregó el embajador, y afirmó que la falta de un marco legal global sobre esa cuestión es un gran fracaso de la arquitectura financiera internacional.