Las oficinas en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) expresaron su preocupación por las recientes agresiones contra periodistas en el país.

En particular, condenaron el ataque contra la reportera Karla Silva, de El Heraldo, quien la semana pasada fue agredida por tres sujetos en la redacción de ese diario en Silao, Guanajuato.

Estos organismos internacionales demandaron a las autoridades mexicanas la pronta investigación de éste y otros ataques contra periodistas y garantizar sus derechos humanos.

A las condenables agresiones contra Silva –añadieron– se suman otros hechos de suma gravedad que han afectado al gremio periodístico mexicano en las semanas recientes. El primero de agosto desconocidos dispararon al domicilio de Indalecio Benítiez, periodista y locutor de la radio comunitaria La Calentana, en el municipio de Luvianos, estado de México. En ese ataque murió un niño de 12 años, hijo del comunicador.

También se refirieron a los asesinatos de Octavio Rojas, corresponsal del diario El Buen Tono, de Veracruz, perpetrado el 11 de agosto en su casa en Cosalapa, Oaxaca, y al de Ignacio Domínguez, director del semanario veracruzano Tinta Verde y ex reportero del Diario de Xalapa, cuya vivienda fue baleada en 2 de septiembre.

La ONU-DH y la Unesco recordaron que entre el primero de enero de 2013 y el 31 de julio de 2014 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México ha asumido la investigación de 10 asesinatos y tres desapariciones de comunicadores.

Ambas instancias instaron al Estado mexicano “adoptar todas las medidas necesarias, tanto a nivel federal como estatal, para proteger y garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad de expresión de los periodistas, incluido el fortalecimiento de los programas de prevención y protección, respaldar públicamente la importante labor que realizan, aun cuando publiquen informaciones críticas hacia las autoridades, y obligar a que los funcionarios públicos se abstengan de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a estos profesionales.

Estas medidas se unen al ineludible deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las agresiones, pues la impunidad actual propicia la repetición de las agresiones contra los periodistas y sus familias, señalaron.