Senadores del PRD demandaron que la recién creada comisión para subsanar los daños ambientales provocados en Sonora por el Grupo México debe ir a fondo, para que se obligue a ese consorcio minero a reparar el desastre ecológico y retirarle la concesión, ya que hasta ahora lo han protegido desde el poder.

Los legisladores perredistas Dolores Padierna Luna y Alejandro Encinas Rodríguez se pronunciaron porque no se reproduzca el modelo de intervención presidencial impuesto en Michoacán, ya que el conflicto entre el gobierno federal y el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, ha beneficiado a Grupo México y le permite mantenerse en la impunidad.

Por separado, el senador Mario Delgado del PRD advirtió que ese derrame de sulfato de cobre acidulado en el lecho de los ríos Bacanuchi y Sonora es una llamada de atención, ya que la entrada a México de petroleras extranjeras, para explotar hidrocarburos, puede provocar accidentes e incluso desastres y las normas ambientales que se incluyeron en la reforma energética son muy amplias.

La comisión creada por Peña Nieto es sólo para aplacar al gobernador Padrés, y no sería bueno ver de nuevo otro estado de la República con delegados plenipotenciaros, que cuenten con facultades de virreyes, sino una comisión que obligue a Minera México a resarcir los daños que provocó, añadió la senadora Padierna Luna.

A su juicio, se le debe retirar la concesión mediante la cual explota la mina de cobre en Sonora, ya que la contaminación al río Sonora lesionó a miles de familias, la agricultura y la ganadería, así como al turismo en la entidad.

Resaltó que desde el poder se ha protegido a las empresas mineras nacionales y extranjeras y son tan poderosas en la actualidad que se sobreponen al estado de derecho

En entrevista aparte, el senador Encinas Rodríguez exigió a Peña Nieto y al gobernador Padrés dejar de proteger a la minera, que provocó ya una tragedia en Pasta de Conchos, donde no fue capaz de rescatar los cuerpos de los mineros atrapados y es responsable del desastre ambiental en Sonora.

No porque Germán Larrea sea el segundo hombre más rico de México puede quedar impune, dijo, e insistió en que se le debe retirar la concesión con la que opera la mina de cobre. La comisión que creó Peña Nieto debe investigar si hubo negligencia o el derrame fue intencional y establecer tanto sanciones de tipo penal, como impedir que siga operando, porque son ya muchos los abusos laborales y ambientales.

Encinas Rodríguez resaltó que tiene además dudas de que la aportación de 2 mil millones de pesos que hizo la minera vaya a resarcir realmente los daños provocados por el derrame de tóxicos en ríos de Sonora. El fideicomiso creado para ese fin lo va a usar la empresa para deducir impuestos, pero también para establecer un conjunto de reglas que lo hagan inoperante.

Es la autoridad, dijo, la que debió establecer la multa para reparar los daños al ecosistema.

En entrevista por separado, el senador Delgado hizo notar que, sin duda, debe analizarse retirar la concesión a Grupo México y obligarla a pagar todos los daños ambientales, todos los pasivos ambientales. Consideró que lo ocurrido en Sonora es una advertencia a tiempo sobre el riesgo que implica la entrada de petroleras extranjeras, que pueden acabar con con la flora y la fauna, ya que en la reforma energética y sus leyes secundarias no se incluyeron disposiciones efectivas de protección ambiental y seguridad industrial.

Su grupo parlamentario, dijo, propuso multas a empresas nacionales y extranjeras, hasta de 10 mil millones de dólares, en casos de daño ecológico grave, pero PRI y PAN lo rechazaron.