La demanda de acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico en México y la suspensión que determinó un juez en la autorización de los permisos de siembra a las empresas, significó enfrentar a un monstruo del tamaño de Monsanto, y se convirtió en una herramienta para hacer visibles las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, sostuvo Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En la presentación de esta demanda ante los garantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) –que es ético y no gubernamental–, Magdalena Gómez y Jorge Fernández, como parte de la ampliación del expediente Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos, que lleva el tribunal, se informó de los avances en el proceso legal que comenzó el 5 de julio de 2013.

El abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo, recordó que como medida precautoria un juez pidió al gobierno suspender provisionalmente el otorgamiento de los permisos de cultivo, y ya suman 74 las impugnaciones de las empresas y del gobierno federal contra esta resolución judicial.

Explicó que el juez Manuel Marroquin determinó ayer que se debe aplicar el principio de derechos humanos pro actione, que consiste en que ante la duda debe darse paso al juicio en igualdad de circunstancias. Las empresas han evitado presentarse al juicio para desahogar las pruebas. Como ahora está el proceso, es imposible levantar la medida precautoria contra el cultivo de maíz transgénico, precisó en su exposición.

Añadió que la pretensión de la demanda es declarativa, es decir, no se pide resarcir el daño, sino que se declare que hay presencia ilegal de transgénicos, que esto viola el derecho humano a la diversidad biológica y que si se otorga la liberación de siembra al maíz, el daño a la biodiversidad sería mayor.

Por su parte, Miguel Concha dijo que se acude al tribunal y se piden sus recomendaciones al Estado mexicano, porque éste, en lugar de proteger la diversidad del maíz y el derecho humano a su acceso, litiga en favor de los intereses privados de las corporaciones; las fuerzas son desiguales y la embestida de las 74 impugnaciones contra la demanda colectiva y la medida precautoria no ha terminado.