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Una cifra alta de personas enfrentan procesos por la vía confesional autoinculpatoria, dice

Persiste la práctica de la tortura en el DF: visitador
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de septiembre de 2014, p. 46

No sólo a escala nacional se han documentado casos de tortura, también en el Distrito Federal los tratos crueles e inhumanos a que han sido sometidas las personas, principalmente en el ámbito de la procuración de justicia, se mantiene como una realidad, señaló el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Alfonso García, quien sostuvo que pese al mejoramiento de los sistemas de investigación policiaca se tienen casos de esa índole documentados por el organismo.

García resaltó que en México se registra un alto número de casos en los que las personas sujetas a proceso lo están por la vía de prueba confesional autoinculpatoria, es decir, que fueron obligadas a confesar crímenes o delitos, cuando es un derecho constitucional reservarse declarar, lo que hace percibir que la práctica de la tortura se mantiene vigente, afirmó.

En el foro Desafíos y retos judiciales frente a la tortura, mencionó que entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 7 mil quejas por ese ilícito y otros malos tratos, cifra que supera las denuncias de hace 10 años.

Ante ello, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo Vargas, aseveró que además de la práctica de la tortura, permanece el temor entre la sociedad a ser víctimas, por lo cual consideró que frente a este delito se debe hacer aún mucho más.

Al respecto, la consejera de la Judicatura capitalina, Sandra Luz Díaz Ortiz, expuso que el papel de la autoridad judicial será muy importante para inhibir la tortura, por lo cual llamó a jueces y magistrados a tener una actuación eficaz para detectar y responder de manera oportuna ante posibles afectaciones a los derechos humanos de personas sujetas a proceso.

La actuación de la autoridad judicial representa un papel fundamental para la prevención, investigación y, en su caso, sancionar la tortura, porque su debida atención incide afirmativamente en la prevención de esas prácticas; caso contrario, ignorarlo significa el fomento para que se sistematicen y reproduzcan, apuntó.