20 de septiembre de 2014     Número 84

Miguel Muñoz y Mauricio González González / ENAH

Ciegos y sordos, pero no mudos:
la investigación paragubernamental contrapopular

A diez minutos de Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México, se encuentra una bodega pintada de blanco con un portón gris. Afuera hay vendedores de tamales en triciclos y un “acomodacoches”. Parece eso una bodega, pero al entrar se ingresa a un lobby donde piden entregar el teléfono celular apagado y una identificación: no puedes ver a quien está del otro lado, tan sólo una mano se asoma para recoger lo solicitado. Dos puertas, una conduce al estacionamiento y la otra a un largo pasillo poco iluminado; hay que dejar todo, sólo pluma y documentos a la mano. Varias oficinas lo circundan, la más amplia es un salón que en una de las paredes tiene el logotipo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Se deben llenar unos formularios de identificación personal. Allí está indicado cuál es el puesto que se ofrece, la paga y las funciones que implica. Frente al desempleo generalizado y las limitadas oportunidades de ejercer como investigador social, la oferta resulta por demás suficiente, con honorarios que van desde 18 mil pesos hasta 30 mil. Luego de varios filtros, es evidente que lo que se está reclutando no son sólo investigadores, sino espías e informantes; el interés por el bagaje en historia, política y conflictividad social es notorio.

El CISEN con Peña Nieto ha recibido más presupuesto, lo que tiene una alta correlación con acciones de golpeadores que amedrentan a campesinos, como sucedió recientemente con integrantes y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (FPDT). Elevar el número de plazas de investigadores en el CISEN es directamente proporcional al aumento del espionaje y la represión contra movimientos sociales legítimos.

La experiencia de un joven desempleado que encuentra oferta laboral en la Secretaría de Gobernación es la de muchos antropólogos y sociólogos recién egresados de diferentes centros de estudio, quienes tienen allí la posibilidad de un empleo negado en esferas académicas; eso, en el orden civil, está tomando un perfil poco favorable a las causas populares.

La Ley de Hidrocarburos exige que se realicen estudios de impacto social y cultural para determinar la “susceptibilidad” de posibles afectaciones a los intereses y derechos de las comunidades en donde se desplegarán proyectos de desarrollo energético, lo que ha generado que el espíritu emprendedor de algunos consultores aliente la contratación de especialistas para tal efecto.

La experiencia en manifiestos de impacto ambiental que los proyectos de desarrollo también requieren debilita la esperanza, porque éstos suelen reducirse a meros requisitos de operación de proyectos, y también porque en materia sociocultural la información registrada difícilmente no ofrecerá un mapeo organizativo que coloque en franca vulnerabilidad a las comunidades en que se realicen estos registros. Frente a un ley que privilegia la extracción petrolera sobre cualquiera otra forma de aprovechamiento, las líneas de acción que resulten de estos trabajos están ya limitadas y enmarcadas en la servidumbre.

Las condiciones laborales actuales hacen de estas ofertas un nudo de contradicciones: la circulación de muchas de estas ofertas ocurre por medio de prestigiados cuerpos académicos, lo que dificulta leer los efectos negativos que ello tiene en materia de seguridad a nivel local. Un ejemplo lo ofrece el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC (CEAS), que a finales de los años 70’s se caracterizó por la sólida crítica al indigenismo integracionista y a las labores de contrainsurgencia que desarrollaba el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en complicidad y con anuencia con la Secretaría de Educación Pública. El CEAS hoy en día difunde entre sus listas de socios y allegados las oportunidades de trabajo de consultoras que harán el trabajo de inteligencia sociocultural a las secretarías de Energía y de Gobernación.

La experiencia en términos contrapopulares de la investigación social no es poca. Uno de los casos bien documentados lo ofrece Richard Newbold Adams, en Guatemala, en donde la investigación etnográfica y su perfil de ciencia aplicada sirvieron para la inteligencia militar estadounidense. Él fue un investigador potente que incluso en 1977 llegó a ser el presidente de la American Anthropological Association. La antropología lleva de sí la amarga señal de ser hija del colonialismo europeo, mas la intensa interlocución con los portadores de experiencias marginales, periféricas y contrahegemónicas hace que la sensibilidad de muchos investigadores emerja y la ofrezcan también como una de las prácticas más solidarias con las diferentes apuestas emancipadoras en curso. El momento que vivimos requiere tomar alguna posición; no hacerlo es ya una de ellas.