FOTO: Hernán García Crespo

Pueblos originarios de la
ciudad de México y la perspectiva
de la remunicipalización

Iván Gomezcésar Hernández

Históricamente, la Ciudad de México fue un complejo poblacional con varios grandes centros urbanos, en medio de una constelación de pueblos. Era una respuesta civilizatoria a la situación de un lago alto en medio de una cuenca, lo que fue extraordinariamente favorable a una gran concentración humana y al florecimiento de la cultura.

La irrupción europea y el establecimiento de la Colonia tuvieron un considerable impacto. En muchos aspectos, ello representó una gran ruptura con la historia antigua, comenzando por la mortandad indígena. Pero los pueblos, divididos y sometidos, lograron subsistir.

La razón de este hecho tiene que ver con la capacidad de adaptación al entorno. La tecnología de las chinampas; la organización social, incluida la disciplina laboral, y la compleja hibridación religiosa jugaron un importante papel en ese proceso. Muchos pueblos lograron un rango importante de funcionamiento autónomo: poseían una base económica y un gobierno limitado, pero propio. De esta manera, pese a las mudanzas que implicó el inicio de la vida independiente de México, tres siglos después, los pueblos lograron adaptarse otra vez a la nueva realidad nacional.

Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX, el triunfo de los nuevos hacendados, la centralización política que representó la figura de los prefectos y el desecamiento del lago de Texcoco implicó una grave ruptura en la relación entre la ciudad y los pueblos, que tuvo como respuesta la primera gran revuelta campesina armada en el Distrito Federal: el zapatismo.

Si bien las fuerzas campesinas y populares no lograron triunfar en la Revolución Mexicana, sí impusieron condiciones al nuevo poder: no se lograría la paz sin dar respuesta a la demanda de tierras. Y no deja de ser relevante que el inicio de esa nueva política gubernamental de reparto agrario diera inicio precisamente en los pueblos del Distrito Federal. Entre 1916 y la década de los 40’s del siglo XX, más de cien pueblos fueron sujetos de la reforma agraria.

Sin embargo, las cosas cambiarían rápidamente en la capital del país a partir de entonces. Inició un frenético crecimiento poblacional y la tendencia a la centralización política se ahondaría. Ello llevó en 1928 a la desaparición de los municipios y al establecimiento de las delegaciones políticas que excluían casi cualquier forma de participación democrática. Uno de los objetivos centrales de esa imposición fue la de acabar con el funcionamiento autonómico de los pueblos que entraba claramente en contradicción con la necesidad de tomar decisiones sobre sus territorios y sus recursos.

FOTO: Gabriela Maldonado

A partir de los años 40’s comenzó un proceso contrario al del reparto agrario: la expropiación de las tierras de los pueblos en favor del crecimiento urbano. Paulatinamente, numerosos pueblos perdieron su condición agraria y al mismo tiempo sus formas de representación civil. Fue una estrategia con todas las agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Se procedió a afectarlos uno por uno, con toda la fuerza del gobierno y, cuando no fue suficiente la corrupción de los líderes y el amedrentamiento, se empleó la fuerza pública.

Con todo, al comenzar el siglo XX, todavía más de medio centenar de pueblos se han mantenido con su personalidad de actor social colectivo: tienen un territorio en el que despliegan actividades rurales de las que depende en parte su economía; poseen una cohesión interna apoyada en una compleja vida ceremonial pautada por las fiestas y poseen formas de representación cívica propias, por más que éstas no estén reconocidas formalmente. Muchos pueblos siguen teniendo la práctica de elegir a sus representantes y cuentan con las asambleas como instancias de decisión.

Además de ello, es apreciable que el resto de los pueblos del Distrito Federal, esto es, aquellos que han quedado atrapados en el espacio urbano, han comenzado un proceso de resignificación de su identidad y han dado pasos en la dirección de fortalecer su actuar político. A esas realidades responde que actualmente esté en proceso el debate, que lleva varios años, de una ley indígena local, que considere tanto a los pueblos originarios como a las comunidades indígenas residentes, provenientes de la migración de los 40 años recientes.

Una posible remunicipalización del Distrito Federal sería algo que impactaría favorablemente a ese proceso y permitiría desplegar el potencial de este actor, el más antiguo de la Ciudad de México. Además de ser un acto de justicia, están de por medio asuntos de gran trascendencia para la suerte de la ciudad y de su viabilidad futura. Uno de ellos, no menor, es la preservación de los bosques y las aguas, en lo que cabe apuntar que, a lo largo del tiempo, los pueblos se han mantenido como los más férreos defensores.

Los pueblos, por su experiencia y práctica colectivas vigentes, estarían en condiciones de amoldarse a la vida de los municipios. Pero esta forma de organización entraña también la posibilidad de cambiar de calidad la vida democrática de los capitalinos todos al propiciar formas de participación directa y una mucho mayor cercanía entre gobernantes y gobernados.

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