Política
Ver día anteriorDomingo 21 de septiembre de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

La procuraduría mexiquense exoneró a los militares y envío el expediente a reserva

La investigación de la PGR sobre el caso Tlatlaya partirá de cero

Sujetas a proceso penal, dos de las mujeres que la Sedena aseguró habían sido rescatadas

Foto
El día del supuesto enfrentamiento en Tlatlaya, estado de México, elementos del Ejército Mexicano decomisaron diversas armas y tres camionetas en el poblado de San Pedro LimónFoto Agencia MVT
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Domingo 21 de septiembre de 2014, p. 5

La Procuraduría General de la República (PGR) partió de cero en la investigación de los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde se ha señalado en su momento que un grupo de militares ejecutó a 21 personas, esto porque la procuraduría mexiquense concluyó que los soldados no cometieron ningún delito en sus acciones.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional revelaron que la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) entregó a la PGR el expediente que inició tras el presunto enfrentamiento ocurrido en el poblado de San Pedro Limón, en el cual se dijo que en esa fecha los militares fueron agredidos por hombres armados cuando patrullaban la zona, y al responder al ataque abatieron a 21 personas.

Supuestamente tras el enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes, los uniformados rescataron a tres mujeres que se encontraban privadas de su libertad dentro de una bodega.

Sin embargo, dos de ellas, que habían sido identificadas como víctimas de secuestro, se encuentran sujetas a proceso penal y encarceladas por el delito de acopio de armas de fuego.

La identidad de las tres personas no ha sido revelada y las fuentes consultadas señalaron que esa información se ha mantenido bajo criterios de confidencialidad.

La versión del encarcelamiento de dos de las tres mujeres que habían sido identificadas inicialmente como víctimas fue corroborada por mandos de la PGR, quienes señalaron que se realizarán entrevistas con las inculpadas para determinar qué ocurrió.

Los funcionarios consultados mencionaron que el enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes está siendo investigado por las autoridades federales de manera pericial y ministerial, para determinar si se cometieron delitos por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los entrevistados refirieron que la investigación que llevó a cabo la PGJEM se encuentra en estado de reserva desde el mes de julio, ya que esa procuraduría consideró que los militares respondieron a una agresión.

Además, la PGJEM reservó por nueve años la información relacionada con sus investigaciones en el caso, luego de que la agencia de noticias Ap realizó una solicitud de información pública.

El rezago en que se mantiene al municipio, una de las causas del asentamiento de cárteles

De la Redacción

Tlatlaya, Méx. 20 de septiembre.

La muerte de 21 presuntos criminales en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón a manos del Ejército, el pasado 30 de junio, ha hecho visible a este municipio enclavado en las montañas del sur del estado de México –en los límítes con Guerrero y Michoacán–, una zona prácticamente olvidada por las autoridades mexiquenses, lo que ha propiciado el asentamiento de grupos delincuenciales en los años recientes.

Tlatlaya es una de las demarcaciones con mayor rezago social en la entidad. El 34 por ciento de su población está sumida en la pobreza, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social federal, y las oportunidades de sobresalir para los jóvenes son escasas, tanto en educación como en empleo.

Tal vez por ello la gran mayoría de los adolescentes saben que su camino al terminar la secundaria o el bachillerato es emigrar a Estados Unidos para trabajar y ganar dólares que puedan enviar a la familia, o quedarse, padecer carencias y vivir de las pocas cosas que se producen en la región, o enfrentar los riesgos que implica adherirse a las filas del crimen organizado.

Ubicada a 164 kilómetros de Toluca y a cuatro horas de trayecto por sus caminos sinuosos, Tlatlaya forma parte de la región de Tierra Caliente, que componen municipios del sur del estado México, de Michoacán y del norte Guerrero. Su vida y costumbres son ajenas al resto de la entidad, pues existe más identidad con las tradiciones y prácticas de los municipios vecinos de Arcelia, Altamirano o Teloeoloapan, Guerrero.

El olvido de las autoridades mexiquenses es palpable en las carreteras y en las escuelas, que están en pésimas condiciones –en la reciente visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a la región se quejó del estado en que se encontraban los caminos–, así como la carencia de servicios públicos.

Cinco mil de las más de 7 mil viviendas contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2010 carecen de una conexión a una red de agua potable, 2 mil no poseen drenaje y 400 no tienen piso firme.

De las 183 primarias que existen en Tlatlaya, la oferta se reduce en secundarias a 39 planteles, en bachillerato a cinco y no hay posibilidad de educación superior. La más cercana está a dos horas, en Temascaltepec.

Pero el olvido también se evidencia en las pocas visitas que han hecho los tres recientes gobernadores a este municipio: Arturo Montiel visitó Tlatlaya en 2003, previo al proceso electoral de ese año. En noviembre de 2005, Enrique Peña pisó por única vez en su sexenio esta tierra, y Eruviel Ávila ha estado presente en dos ocasiones. La primera, un mes después de haber asumido el cargo, en su gira de agradecimiento, y en mayo pasado, cuando hizo una gira al sur del estado. Ninguno de los tres recorrió sus comunidades.

Los grupos criminales

Aquí, en estas comunidades ubicadas entre la sierra de Nanchititla y La Goleta, son comunes los enfrentamientos a plena luz del día entre sicarios de grupos contrarios o con miembros de las fuerzas armadas, que desde 2010 llegaron a la zona para tratar de apaciguar la violencia.

Las carreteras que unen a Tlatlaya con Arcelia Guerrero; a Luvianos con Ciudad Altamirano, Guerrero, y a Zacazonapan y Otzoloapan con poblados calentanos de Michoacán, han sido escenario de constantes reyertas entre grupos criminales.

Desde el año previo a la llegada del Ejército a la zona, La Familia Michoacana se hizo del control de la región sur del estado, tras expulsar a Los Zetas y Los Pelones. Ahora su disputa es con el grupo Guerreros Unidos, una fracción del cártel Jalisco Nueva Generación, según los reportes de inteligencia.

El combate a estos grupos criminales es complejo, admiten autoridades de seguridad del estado, pues los grupos delincuenciales aprovechan cientos de brechas entre los cerros para saltar de una entidad a otra.

San Pedro Limón, donde ocurrió la muerte de estas 21 personas, está a media hora de Arcelia, Guerrero, y a hora y media de Tejupilco, considerada la principal ciudad del sur del estado. El flujo de personas entre Guerrero y esta comunidad, la más grande de Tlatlaya, es considerable.

Muchos habitantes de San Pedro Limón trabajan en Arcelia e incluso varias mujeres van a Guerrero a surtir su despensa o comprar alimentos.

Con la llegada de La Familia Michoacana a esta zona es más común ver jóvenes armados por las calles. Los taxistas son reclutados como halcones e informantes y dan detalle de los movimientos de los convoyes del Ejército y la Marina. Cualquier auto foráneo que llega al municipio es seguido por estos informantes.

La práctica se reproduce en los municipios aledaños de Luvianos, donde en abril pasado un comando armado ingresó a la comandancia municipal y ejecutó al subdirector de Seguridad Pública; en Otzoloapan, donde asesinaron a dos comandantes de la policía estatal, y en Zacazonapan, donde toda la policía renunció y el presidente municipal electo prácticamente abandonó el cargo, no quiso asumir y el Congreso local nombró a un sustituto.

El ejercicio periodístico en la zona también es difícil. Ya en dos ocasiones personal de una televisora local ha sido interceptado por criminales para despojarles del material obtenido en las comunidades del sur del estado.