Resistencia a las eólicas en Oaxaca

Donde el viento vale oro

Entrevista con Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea
de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

Detalle del mural México-Tenochtitlan visto desde el mercado de Tlatelolco, 1945. Diego Rivera

En la resistencia a las eólicas, los pueblos ikojts y binnizá del Istmo de Tehuantepec se transformaron. “Aprendimos a reivindicarnos como pueblos indígenas”, sostiene Bettina Cruz Velásquez, defensora del territorio, organizadora, académica y, sobre todo, mujer. Y es que, en las tierras codiciadas por las transnacionales de la “energía limpia”, las mujeres son, en gran parte, las responsables de mantener la resistencia, y las primeras en ir a la línea de frente cuando hay que defenderse.

El parque eólico de la empresa Mareña Renovables se proyectó sobre tierras y aguas de la barra de Santa Teresa, en San Dionisio del Mar, pero a la resistencia se unieron comunidades como Álvaro Obregón, que obtienen su sustento de los mismos lugares. Con el bloqueo de la única vía de acceso por tierra a la barra Santa Teresa, iniciado el 2 de noviembre de 2012, Álvaro Obregón hizo fracasar a un proyecto que planeaba llenar de cemento un sitio frágil y único, ubicado entre las dos grandes lagunas del Istmo, para instalar 132 aerogeneradores y seis muelles de atraque. Esto hubiera privado a cientos de familias istmeñas, acostumbradas a pescar en estas aguas, de un recurso fundamental. 

Sin embargo, los pobladores no creen que las empresas desistan de su intención de apoderarse de estas tierras, donde el viento vale oro. Bajo otro nombre y en una ubicación cercana, Mareña Renovables sigue pagando arrendamiento a las autoridades comunales que logró corromper; y el gobierno federal se alista para imponer el nuevo proyecto, pero esta vez realizando antes una consulta que, denuncia Bettina Cruz, se elabora a espaldas del pueblo. Por si fuera poco, recientemente se anunciaron concesiones mineras en la zona.

Así como el gobierno afina su estrategia para instalar los parques eólicos salvando el “obstáculo” del consenso de los pobladores, éstos avanzaron en su organización gracias, paradójicamente, a los intentos de imponerles los proyectos.

“La organización nació al estar informada la gente. Buscamos las vías legales, de movilización y de acciones como los bloqueos”, sostiene la cofundadora de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). Por el camino, “recuperamos nuestra naturaleza como pueblos indígenas y nuestros derechos ancestrales. Hubo un empoderamiento de los pueblos muy importante”. Los ikojts y los binnizá se reconocieron dueños de un territorio ancestral, donde desarrollan su vida espiritual, sus fiestas y sus tradiciones.

El salto a la autonomía fue cuestión de tiempo. “Aprendimos a reconocer al enemigo”, relata la defensora. El enemigo resultó estar también en el sistema de partidos políticos, arietes de la entrada de las eólicas. En Álvaro Obregón, antes una simple agencia de Juchitán, se revitalizó el Consejo de Ancianos, desconocieron a los partidos y eligieron por usos y costumbres a un cabildo comunitario que, desde el primero de enero de 2014, se encarga del funcionamiento del pueblo.

Los partidos no se quedaron quietos. El 2 de marzo, sus seguidores celebraron un mitin electoral en un salón de baile. Los comuneros decidieron marchar en protesta, cuando de repente se oyeron gritos y disparos, junto con el ruido de piedras lanzadas sobre la única calle pavimentada. Ante el ataque, las mujeres se apuraron a poner a las niñas a salvo y regresaron con las manos llenas de piedras. Los agresores se tuvieron que replegar después de una hora de férrea defensa.

Ser defensora en el Istmo

Las binnizá e ikojts  “son mujeres muy fuertes que no le temen a la policía. Ellas están en todo, hacen guardias, trabajan para mantener a los hijos cuando el compañero se tiene que ir, y son las primeras en agarrar una piedra o una palo para defenderse cuando hay alguna agresión”, coincide la defensora de derechos humanos. “Si no las escuchan en las asambleas, no dejan de insistir”.

La razón de tanta determinación, explica Bettina Cruz, es que por ser madres, tienen una dedicación a las cuestiones de alimentación, de la casa y al sostenimiento de la vida. “¿Y qué van a hacer si ya no tenemos tierra ni mar? ¿Qué le va a quedar a sus hijos?”

No todo es fácil. “Hay que lidiar con el carácter de los hombres, que a veces no quieren reconocer que tienes la razón, o que posees información o valor para hacer las cosas, aunque al final escuchan”. Lo más difícil es cuando “eres madre y tienes que dejar a veces a tu hija para hacer el trabajo, o cuando hay peligro por lo que haces”.

Bettina Cruz sabe bien de lo que habla. “He estado toda mi vida en la lucha”, resume. Fue parte de la Coordinación Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), pero se salió desde finales de los años ochenta para dedicarse a la academia. Realizando su doctorado, “nos topamos con los proyectos eólicos”, recuerda. Formó un colectivo para quien quisiera analizar el tema, y con todo lo averiguado, “nos fuimos a dar la información a la gente, a buscar los contratos firmados con las transnacionales y a descifrarlos”.

Ya para 2005, se formó en Juchitán una asamblea de pueblos indígenas y organizaciones, incluyendo algunas provenientes de la zona de La Venta y La Ventosa, donde ya había corredores eólicos instalados. En 2009, se realizó un foro regional del que nació la APIIDT.

Bettina Cruz Velásquez se encuentra bajo proceso penal desde 2011, acusada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional por su supuesta participación en una manifestación (el 13 de abril de 2011) en la que se llamó a no pagar los recibos de la luz, frente a las oficinas de la ex paraestatal. El 22 de febrero de 2012, el Juez Sexto de Distrito del estado de Oaxaca dictó auto de formal prisión en su contra. La defensora del territorio salió libre bajo fianza, y está a punto de recibir sentencia en un caso que las organizaciones de derechos humanos califican de criminalización ejemplar.

“Mi caso es un mensaje de que esto le pasará a quienes se opongan a las empresas”, sostiene. Y no es que los pueblos se nieguen a contribuir a que haya energía menos contaminante, apunta la defensora. “Pero esta supuesta energía verde va para las transnacionales, a las que contribuyen con el cambio climático, mientras nosotros somos despojados y pagamos altísimas tarifas de luz. Los pueblos indígenas sí contribuimos a detener el calentamiento global, pero lo hacemos conservando nuestros territorios”, finaliza.

Entrevista: Adazahira Chávez