La propuesta del PAN de que se practiquen exámenes toxicológicos a los candidatos desató la negativa de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) a aprobar algo que, según ellos, sale de sus facultades, así como el llamado de Lorenzo Córdova, presidente del instituto, a no politizar el tema de la seguridad.

Con su propuesta, Francisco Gárate, representante del blanquiazul ante el organismo comicial, hizo que se despabilaran los consejeros y el resto de portavoces de los partidos, quienes terminaron por reprocharse mutuamente no hacer lo suficiente para blindar las elecciones en un contexto creciente de violencia.

A la mitad de la sesión del instituto, que parecía de trámite, Gárate sugirió acompañar las solicitudes de registro de los candidatos a puestos de elección popular con declaraciones patrimoniales y de impuestos de los últimos cinco años, así como exámenes toxicológicos.

La discusión de los criterios para el registro de aspirantes a diputados se animó y vino una retahíla de intervenciones de los consejeros. Arturo Sánchez advirtió: no hay fundamento, a no ser que los propios partidos lo hagan; tener problemas fiscales o toxicológicos no implica estar vinculado con el narcotráfico, o al revés.

Su homólogo Marco Antonio Baños aclaró que no pueden ir más allá de lo que mandata la ley, e invitó a Gárate a atender este tema en su partido o acordar con otros.

Enrique Andrade leyó un párrafo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos referente a que para el ejercicio de derechos políticos sólo pueden ponerse requisitos relacionados con edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal.

Gárate, quien recién llegó al INE (en la puerta de sus oficinas sigue el nombre de su antecesor, Rogelio Carvajal), se puso de pie e hizo una rápida reunión con sus asesores. Regresó e insistió en que podían aprobarse esas medidas.

Córdova contestó que entienden que autonomía no es autismo, y fue enfático en decir que no suplantarán a las autoridades ni harán funciones que no les corresponden.

“Los requisitos para los candidatos están señalados en la ley; lo demás son consideraciones respetables, sin duda, pero de oportunidad política, que son válidas pero no pueden estar por encima de un derecho.

El tema de la seguridad pública es de Estado, y es transversal a gobiernos y partidos políticos; no caigamos de veras en la tentación que de cara a las campañas electorales politicemos un tema tan delicado; si eso ocurre, podemos encausar la elección por derroteros indeseables, advirtió.

Pidió cuidar los comicios, lograr que sean una ruta privilegiada y civilizatoria para dirimir diferencias y se logre refrendar un no a la violencia, como hizo en su tiempo Jorge Carpizo, cuando fue árbitro electoral.

Coincidente con una parte del discurso de los consejeros, el perredista Camerino Márquez explicó: ni Gobernación ni el Cisen ni la inteligencia mexicana podríamos decir que están dando resultados. ¿Por qué tendría que ser el Instituto Nacional Electoral el que debería aplicar medidas, solamente administrativas, para poder implantarlas en un proceso electoral que ya dio inicio? Tampoco me parece que sea sólo responsabilidad de los partidos políticos.

Miembro del PRD, al que pertenece el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, inculpado del asesinato y desaparición de estudiantes guerrerenses, culpó al Estado del fracaso de la política de seguridad pública y de que haya un “narcoestado”.

Horacio Duarte, de Morena, dibujó sonrisas en algunos asistentes cuando dijo que la propuesta de Gárate de establecer un pachecómetro es lo políticamente correcto del momento, pero ese tema debe debatirse no sólo en el instituto, también en las cámaras.

El PRI guardó silencio y al final los consejeros levantaron la mano para aprobar los requisitos convencionales para los futuros candidatos.