Opinión
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A cinco años del despido ilegal de los trabajadores del SME
Guillermo Almeyra
A

nte la posibilidad de un acuerdo que pueda conducir a la reincorporación al trabajo de los casi 15 mil electricistas que no aceptaron la liquidación cuando fueron ilegalmente despedidos y resistieron heroicamente durante un lustro, se imponen algunas observaciones.

La primera y fundamental es que, cualesquiera puedan ser las intenciones de un gobierno tan o más infame aún que el de del PAN o sus antecesores neoliberales priístas, la movilización, los sacrificios y la resistencia política no sólo preservaron la dignidad de los trabajadores y su sindicato sino que también podrían obtener resultados como la supresión de los procesos penales, la reconquista del trabajo, el reconocimiento de la antigüedad en el trabajo para las jubilaciones, indemnizaciones y la reconquista de los servicios del IMSS.

El gobierno priísta de la oligarquía quiere sembrar ilusiones entre los electricistas para ganar tiempo, desmovilizar al SME y arrastrar el problema hasta la prescripción del proceso a principios del año próximo. Al mismo tiempo, ante la acumulación de movilizaciones protestatarias, busca soluciones políticamente menos costosas para él en los frentes estudiantil (sobre todo el IPN) u obrero (SME). Pero en ambos casos lo que lo obliga a esa táctica defensiva es la tenacidad, la persistencia, la voluntad de lucha de los sectores más avanzados de la población y del movimiento obrero. Por eso las movilizaciones no deben cejar ni hay que desarmar los ánimos dando por seguras concesiones que el gobierno se ve obligado a prometer, pero con intenciones de no cumplir o de anularlas en cuanto tenga una relación de fuerzas más favorable.

Las soluciones de compromiso siempre son hijas de la debilidad. La oligarquía en el poder y sus partidos (PRI, PAN, PRD) temen la protesta popular provocada por crímenes feroces como los de Tlatlaya y Ayotzinapa, por la prepotencia en el IPN, los recortes brutales a la cultura y la enseñanza, los lazos entre el personal político del Estado y la fracción más dinámica del capital (que es el narcotráfico), la corrupción, la impunidad, la terrible falta de justicia. Para esos son muchos frentes y tratan de apaciguar algunos con concesiones (como en el caso del IPN) o con promesas (como en el del SME). Los electricistas, por su parte, tienen un sindicato atípico, poderoso y combativo pero compuesto hoy por jubilados y trabajadores sin empleo y sin fuente de trabajo, o sea, un instrumento más político que sindical.

Por otra parte, la lucha sindical (tanto obrera como universitaria) tiene consecuencias políticas en el campo de la relación de fuerzas entre opresores y oprimidos pero, por definición, se da dentro del marco del sistema y de sus instituciones y busca llegar a un punto en que las negociaciones –mediante concesiones mutuas y un tira y afloja constante– permitan una solución transitoria y parcial. El combate por la justicia, la democracia, la reorganización del Estado, por el contrario, es político, incansable. El gobierno priísta, por eso, busca apaciguar a obreros y estudiantes en el DF para aplastar una a una las rebeldías en los estados, de los normalistas, los maestros, las autodefensas, las policías comunitarias guerrerenses, las comunidades autorganizadas, es decir, los focos de poder alternativo que nacen en todo el territorio, debilitan su dictadura neoporfirista y amenazan unirse en una gran ola de resistencia civil organizada que derribe a los ocupantes de Los Pinos.

El Estado mexicano, que en el pasado gozaba del consenso derivado de las conquistas de la Revolución de 1910 y utilizaba la violencia feroz en casos aislados o extremos, no tiene ya consenso, no se cubre con el manto de una Revolución que repudia porque es porfirista, une a las bandas diferentes de opresores y explotadores (financistas, narcos, narcopolíticos, ladrones) con el pegajoso pegamento de la corrupción y el crimen y depende fundamentalmente de la represión, sobre todo ilegal. Al mismo tiempo, tras entregar los recursos del subsuelo, aplicar el TLCAN que acaba con los campesinos y con la soberanía alimentaria, robar el agua para el gran capital y destruir el ambiente con la minería y convertir a México, integrándolo en la economía de Washington, en una reserva de mano de obra barata para Estados Unidos, dejó de ser un Estado. Es un semi Estado, dependiente y sometido, sin política agraria, financiera, educativa, de investigación y desarrollo propias ni consenso, un mero grupo de hombres armados, algo así como la China de los señores de la guerra de los años 30.

El gobierno se apoya en el vacío y sobrevive gracias a la carencia de una fuerza política alternativa porque una parte de la oposición (el PRD) no es más que la quinta rueda del carro gubernamental, y otra no sale del caudillismo y de las utópicas esperanzas en las urnas y teme organizar la resistencia civil.

Los delincuentes impunes que gobiernan México se apoyan también en el escepticismo y el cinismo político de amplios sectores de las clases medias urbanas más atrasadas, que piensan que los obreros son tan corruptos como los gobernantes y creen que todos son iguales y que todos los sindicatos, sin excepción, son agentes del gobierno y del PRI, y todas las direcciones sindicales son charras y corruptas.

Cinco años de resistencia abnegada, heroica, y la posibilidad de demostrar que la lucha paga, muestran que en México existen aún fuerzas morales y clasistas. Corresponde al SME, a la Nueva Central Obrera, a la Organización Política de los Trabajadores, ampliar esa brecha que con tantos otros han creado y cerrar el paso con firmeza y claridad política a las triquiñuelas y maniobras del gobierno. Una victoria será un impulso poderoso a la politización de los oprimidos de todo México.