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Pone fin a magistraturas vitalicias; esta semana entraría en vigor

Convalida el Congreso de Chihuahua reforma al Poder Judicial del estado
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2014, p. 30

Ciudad Juárez, Chih., 20 de octubre.

El Congreso local declaró válidas las reformas a la Ley del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que limitan a 15 años la gestión de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia (hasta ahora son inamovibles) y otros cambios aprobados por unanimidad la semana pasada.

Las modificaciones fueron avaladas por 35 de los 67 municipios, por lo cual la legislatura estatal emitió este lunes la declaratoria de la reforma, que al parecer se publicará esta semana en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua para que entre en vigor.

Entre los municipios que aprobaron las reformas figuran Ascensión, Allende, Aldama, Ahumada, Chihuahua, Juárez, Camargo, Parral, Jiménez, Ojinaga, Namiquipa, Guachochi, Zaragoza, Julimes, Delicias y Cuauhtémoc.

Uno de los cambios es la eliminación de la figura de los jueces de paz, adscritos a secciones municipales para conocer de asuntos menores. Asimismo, se dio competencia al Poder Judicial en las materias contenciosas administrativa y fiscal, con la autonomía que exige el artículo 116, fracción quinta de la Constitución federal, a efecto de dirimir conflictos entre las administraciones pública, estatal y municipal, así como entre el sector paraestatal y particulares.

En lo que respecta a la justicia para adolescentes, se erradicó el calificativo de menores infractores, por considerar que presupone indebidamente calidad y trato de culpables a los acusados.

El artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial especifica que el proceso de sustitución de un magistrado comience tres meses de su jubilación para evitar vacíos.

Para la designación de los suplentes se creará una comisión especial que seleccionará ternas, las cuales serán evaluadas por los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se hizo una adición al artículo 99 de la Constitución del estado que faculta al Poder Judicial para aplicar la justicia alternativa, en concordancia con la creación del primer instituto para la solución pacífica de conflictos.