Más de veinte legisladores de diferentes estados de la República y de diversos signos políticos coincidieron en que la corrupción de las corporaciones de seguridad y de quienes gobiernan, así como la impunidad, una mala estrategia de combate a las drogas, la desigualdad social y una alarmante descomposición del tejido social, son los principales problemas que aquejan al país y generan situaciones críticas como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero y la matanza de miembros de una banda de secuestradores por militares en el estado de México.

En entrevistas en el marco de la quinta asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), que se realizó durante jueves y viernes pasados en la ciudad de México, los responsables de diseñar y reformar el marco jurídico que rige a los estados y al Distrito Federal, negaron que el problema esté en las leyes.

Fortaleza estatal

Si bien coincidieron en que ven en el poder del narcotráfico una amenaza real para la vida social, económica y política de sus entidades y el país, aseguraron que es más fuerte el Estado y sus instituciones para enfrentarlo.

Más de uno admitió que el caso Guerrero incidirá en la forma en que los partidos eligen a sus candidatos. El diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF, Manuel Granados, resaltó que los requisitos tendrán que ampliarse y recordó que en su campaña se practicó un examen toxicológico aún cuando la ley no lo dispone.

Si bien sostuvieron que el problema no es generalizado en el país, admitieron que el riesgo allí esta. “Lo que debemos hacer –apuntó el priísta de Aguascalientes, Jorge Varona– es impedir que siga creciendo”, y en esto, acotó la también diputada del PRI en Michoacán, Rosa María Molina, se requiere la intervención del Estado para evitar la colusión del narcotráfico con el poder público.

Fuerzas oscuras

El congresista guerrerense Jorge Camacho Peñalosa, del PAN, advirtió que son muchas las fuerzas oscuras que atentan contra la vida social, económica y política, no sólo en su estado, sino en todo el país. Comentó que por miedo, muchos líderes políticos no visitan sus territorios y narró que las extorsiones y secuestros prácticamente acabaron con la economía de la región de Tierra Caliente.

Definitivamente es un peligro para la gobernabilidad del país, alertó el también panista de Quintana Roo, Sergio Bolio, quien se pronunció inclusive –aún contra la postura mayoritaria de su partido– por entrar al debate sobre la legalización de la mariguana.

Varios legisladores expresaron que perciben cierto relajamiento social, que en nada contribuye a la solución del problema, como el priísta coahuilense Eliseo Mendoza, ex gobernador de su entidad, quien señaló a la educación como el origen de que las nuevas generaciones no tengan los suficientes valores y respeto a las instituciones, empezando por la familia.

Con él coincidió la tamaulipeca Griselda Dávila, del PRI, al decir que algo nos ha faltado como ciudadanos, que no hemos contribuido con las autoridades.

Y no faltó quien se pronunció por tomar medidas más drásticas, como el panista de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, al proponer un mando operativo único a cargo del Ejército.