Guerrero ha tenido dos gobiernos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los pasados 11 años y ambas administraciones dejaron tras de sí una cauda de asesinatos políticos sin resolver: líderes sociales, representantes indígenas, periodistas, empresarios, ambientalistas y políticos. Y en todos, apunta Martha Obeso, viuda de Armando Chavarría Barrera, ‘‘prevaleció la impunidad’’.

Martha Obeso y Sofía Méndez, esta última esposa de Arturo Hernández Cardona, otro dirigente ejecutado presuntamente por el presidente municipal con licencia de Iguala (y prófugo), José Luis Abarca, han pugnado porque el sistema judicial del estado no dé carpetazo a los expedientes de sus maridos. Ambas sostienen que estos dos casos, Chavarría y Hernández Cardona, son parte de un patrón de criminalidad sin esclarecimiento ni justicia, que marcó las dos experiencias de gobierno del sol azteca y que fueron el precedente de los hechos del pasado 26 de septiembre, con el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Armando Chavarría Barrera, quien fue secretario de Gobierno, diputado por el PRD y presidente del Congreso estatal, fue asesinado de 10 balazos frente a su casa en Chilpancingo el 20 de agosto de 2009, días antes de que anunciara su decisión de contender por la candidatura del sol azteca al gobierno estatal, contra los designios del entonces gobernador Zeferino Torreblanca. Su esposa Martha sostiene su convicción de que el ahora ex mandatario ‘‘no fue ajeno’’ a la ejecución de su correligionario y principal oponente.

Líneas paralelas

Arturo Hernández Cardona, dirigente social, fue secuestrado y ejecutado en Iguala junto con tres de sus compañeros el 30 de mayo de 2013, tres años nueve meses después del primer crimen. Su esposa Sofía denunció y presentó pruebas de la responsabilidad, incluso presunta participación material, del entonces presidente municipal José Luis Abarca en el crimen. El edil hoy está prófugo, acusado por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hay líneas paralelas en ambos casos. En el de Chavarría, la cúpula del PRD –que presidía Jesús Ortega– poco a poco fue silenciando sus airados reclamos de justicia para terminar por respaldar plenamente a Torreblanca. Nunca hubo un deslinde con ese gobierno, a pesar de las evidencias sobre cómo la Procuraduría General de Justicia estatal desvió las investigaciones y alteró los expedientes.

En el caso de Hernández Cardona, tocó a Jesús Zambrano y a René Bejarano, en cuya corriente militaba el líder asesinado, pasar gradualmente de las declaraciones mediáticas a las componendas con Ángel Aguirre Rivero, ahora ‘‘con licencia’’.

‘‘Se extraviaron los anhelos de cambio’’

En entrevista, Martha Obeso hace un balance de estos dos gobiernos del PRD. ‘‘Después de esa oleada gigantesca que se formó en Guerrero en 1988 en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, vino la esperanza de la alternancia en 2005. Pero con Torreblanca y Aguirre se extraviaron los anhelos de cambio, se olvidó el respeto a los derechos humanos, se abandonaron las ideas progresistas’’.

A pesar de todo, anuncia que en los próximos días acudirá al nuevo gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, para pedir la creación de una fiscalía especial que concluya la investigación del asesinato de Chavarría. ‘‘Hace algunos meses Aguirre me pidió que propusiera a alguien para una fiscalía. Pero él bien sabía que en ese momento yo no tenía a nadie de mi lado; no encontraba siquiera un abogado que me quisiera representar. Ahora voy a ir acompañada por Enrique González Ruiz (ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, académico y presidente de la comisión de la verdad para el esclarecimiento de la guerra sucia en los años 70)’’.

–¿Qué respuesta espera?

–Que al gobernador interino no le vaya a ganar el cálculo político; que no opte por cubrirle las espaldas a sus antecesores.

‘‘Sabía que esto iba a pasar, maldita sea’’

‘‘La noche que velamos a Armando en mi casa llegó de México la plana mayor del PRD: Jesús Ortega, Marcelo Ebrard, Alejando Encinas. Ahí les dije: sabía que esto iba a pasar, maldita sea; los desencuentros entre Chavarría y Torreblanca no eran banales. En ese momento Ortega intentó interceder en favor de Zeferino. Nunca dejó de hacerlo.’’

Chavarría fue un político pragmático. Entre 1993 y 1997 fue diputado federal por el PRD y en 2000 senador. Contendió por la candidatura de su partido en 2005, pero los chuchos, entronizados en el Partido de la Revolución Democrática, optaron por Torreblanca, un empresario conservador.

Torreblanca invitó a Chavarría a integrarse a su gabinete como secretario de Gobierno, ‘‘más para controlarlo que para impulsarlo políticamente’’, cuenta Martha Obeso. Cuando renunció al gabinete buscó una curul en el Congreso. ‘‘A Zeferino le cayó mal la idea. Ese momento selló la ruptura. Y también la suerte de Armando’’.

En 2009 se perfilaba nuevamente para contender por la candidatura a gobernador de la entidad. ‘‘Armando iba a cumplir años el 27 de agosto y quería invitar a Zeferino a la fiesta, porque iba a anunciar que buscaría la candidatura. Le advertí que lo veía muy expuesto. Eran días ominosos. Chilpancingo estaba lleno de sicarios’’.

Días antes de la fiesta lo mataron

Desde el primer momento, la investigación fue opaca. En dos ocasiones Martha Obeso devolvió el acta de defunción elaborada por el Servicio Médico Forense, pues solamente hasta la tercera se mencionaron las lesiones por arma de fuego como causa de la muerte.

La escena del crimen fue severamente alterada. La averiguación, a cargo del director de investigaciones especiales de la policía, Erit Montúfar, ‘‘perdió un tiempo precioso buscando motivos pasionales. Llegó a citar hasta 61 mujeres como presuntas amantes de mi marido, insinuando que yo lo maté por celos.

‘‘Enlodaron a mi familia. A mi hijo Osvaldo lo quisieron relacionar con el crimen organizado. Al finalizar su sexenio, Torreblanca aseguró que (el caso) tenía 99 por ciento de avance y que sólo faltaba consignar a los culpables.

‘‘Más tarde se supo que el séptimo juzgado rechazó sus presiones para consignar a cuatro militantes del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) como presuntos asesinos, porque la acusación no se sostenía de tan amañada que estaba.’’

Al asumir el primer procurador en el periodo de Aguirre, Alberto López Rosas, declaró que el expediente de Chavarría ‘‘estaba extraviado’’. Dice Obeso: ‘‘Lo que sí es cierto es que los abogados que conseguí nunca tuvieron acceso al expediente completo. Sólo se les entregaban para revisar por pocos minutos hojas sueltas, sin foliar’’.

En el quinto aniversario del asesinato, ya fuera de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, López Rosas reveló que el expediente contenía la declaración ministerial de un comandante de la policía, Trinidad Zamora Rojo, quien había confesado haber participado en el operativo para ejecutarlo ‘‘ordenado por el gobernador’’. Dos días después, el policía Zamora fue asesinado. Su cuerpo mutilado fue tirado cerca de la procuraduría.

El siguiente procurador estatal, Iñaki Blanco, simplemente paró la investigación. Y así llegó a su fin el trunco periodo de Aguirre, quien al llegar al cargo había prometido ‘‘cuidar las espaldas’’ de su antecesor, para que también cuidaran las suyas.