La Federación diseña un nuevo plan de rescate social para Guerrero, que sólo podrá aplicar tras superar la crisis de seguridad, afirmó Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG).

Agregó que el próximo año dos o tres municipios del estado, muy probablemente Iguala entre ellos, serán incorporados al programa de prevención del delito del gobierno federal.

Admitió que una de las principales limitantes son los recursos económicos. Para 2015 apenas se propone un aumento de 3 por ciento en el proyecto de presupuesto, para llegar a unos 2 mil 600 millones aplicados de manera directa.

Aclaró, luego de participar en la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación, que junto con estos recursos, que forman parte de un fondo especial, también se destinan otros 130 mil millones de pesos, recursos etiquetados para programas específicos que corresponden a una decena de dependencias federales, con el mismo fin preventivo.

Campa también participó ayer en un taller sobre prevención social de la violencia y la delincuencia, dirigido a organizaciones civiles. Ahí explicó que antes de aplicar el plan de rescate social tiene que transcurrir la etapa de contención.

El personal de la subsecretaría, así como de otras áreas gubernamentales vinculadas al tema, deben recorrer las colonias más violentas, añadió. De ahí que es necesario garantizar la seguridad de los empleados.

En el caso específico de Guerrero, en el arranque del sexenio se incluyeron colonias de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, tres de las ciudades con mayores tasas de homicidio doloso.

Al mismo tiempo en que organiza la renovación del Plan Guerrero, especialmente en la Tierra Caliente, Gobernación teje una red de vigilancia ciudadana para casi un centenar de municipios y delegaciones.

El propósito es recuperar la gobernabilidad y la confianza ciudadana en las comunidades con mayores niveles de violencia e impunidad, al menos en cuanto a la aplicación de recursos para atender las causas de la violencia.

Hoy entran en vigor las bases para la participación ciudadana. Serán repartidas becas a casi un centenar de voluntarios seleccionados, quienes contarán con un apoyo de 55 mil pesos para supervisar el uso de recursos del plan nacional antidelito.