Alertas pendientes Violencia sin maquillaje

El pasado 25 de noviembre, se reformaron algunos aspectos del reglamento operativo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con objetivos como propiciar que mecanismos como la Alerta de Género fueran una realidad y hubiera una intervención de los poderes del estado en una situación determinada de violencia hacia las mujeres para así garantizar su seguridad y su vida. A casi 12 meses del cambio, no se ha decretado ninguna alerta en el país a pesar de existir tres solicitudes en espera. Mientras tanto el número de mujeres asesinadas o desaparecidas aumenta de manera constante.

Leonardo Bastida Aguilar

Un día antes de Nochebuena, María Dolores se dirigía a su trabajo como de costumbre. La última vez que
su familia la vio fue ese 23 de diciembre de 2012. No llegó a su sitio de empleo, ubicado en los alrededores
de Texcoco. La desesperación llevó a su familia a buscarla porque las autoridades ministeriales del municipio mexiquense les indicaron que no podían hacer nada antes de que se cumpliera el plazo de 72 horas sin que nadie de su familia la viera o tuviera contacto con ella.

Esas horas se han convertido en años y sus familiares la siguen buscando en conjunto con otras personas en situaciones similares o familiares de Alertas pendientes víctimas de feminicidio. Uno de los sobrinos
de Dolores afirma que aún desconocen si su tía es o no una de las más de 900 víctimas de este tipo de crimen en el Estado de México.

La crudeza de la realidad de las mujeres en esta localidad provocó que, desde 2009, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) interpusiera una solicitud de Alerta de Género en la entidad, basándose en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
Aunque la alerta fue negada, por medio de procesos legales, en junio pasado, se obtuvo un amparo para que se volviera a revisar la situación y la posibilidad de emitir la alerta. Esto obliga a la conformación
de un grupo multidisciplinario interinstitucional de investigación.

Sin embargo, explicó Yuriria Rodríguez, asesora jurídica del OCNF, el Estado, aun negando la existencia de dicha violencia, realizó ciertas acciones como la creación de una subprocuraduría de atención a mujeres víctimas de violencia, un tipo penal inaplicable que descarta muchos feminicidios, y la elaboración
de un protocolo de atención e investigación, entre otras. No obstante, el gobierno se ha negado a dar conocer la estadística referente a los feminicidios entre los años 2011 y 2014.

"Sabemos que ya se han reunido cinco veces y han visitado a varias autoridades", explicó la abogada, quien cuestionó las sesiones debido a que el grupo no tiene conocimiento de casos de violencia ni se ha entrevistado con familiares de víctimas, como lo corroboró durante su asistencia a
una sesión.

Una vez elaborado el informe, tiene que pasar a un grupo dictaminador para determinar si tiene o no validez y de allí al Sistema Nacional, conformado por los 32 Institutos de las Mujeres y otras nueve dependencias.
En este proceso pueden pasar más meses, asegura.

"El informe debe mostrarnos qué pasa en la entidad, dónde desaparecen las mujeres, por qué las asesinam y quiénes las asesinan, entre otras cosas", afirma Rodríguez, quien junto con activistas y familiares de víctimas ha recorrido varios municipios para conocer más casos y exigir su esclarecimiento.
"Si desde 2009 se hubiera implementado la alerta, algunos casos ya se habrían resuelto, y otros no hubieran ocurrido".

La vida no vale nada
Tres cadáveres de mujeres fueron encontrados el mismo fin de semana en el municipio de León, Guanajuato, durante septiembre. Por esos días, también se encontró la cabeza de una mujer en el jardín principal de Jerécuaro, poblado fronterizo con Michoacán y Querétaro. Los medios de comunicación han dicho que la Procuraduría local mencionó que esas muertes apuntan hacia crímenes asociados con el narcotráfico.

Ninguna de las investigaciones se ciñe a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de investigación de la situación de violencia feminicida en el estado de Guanajuato, conformado en julio pasado después de haberse aceptado la solicitud de Alerta de Género. Si bien dichas recomendaciones
fueron controversiales, debido a que dos investigadoras integrantes de dicho grupo denunciaron irregularidades durante el proceso, éstas ya fueron aceptadas por el gobierno guanajuatense, y por tanto, cuenta con seis meses para implementarlas.

Las recomendaciones plantean reformar el Código Penal del estado para que la violencia contra las mujeres sea sancionada "de acuerdo a su gravedad y con ello evitar la impunidad"; realizar programas de capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos y perspectiva de género para las autoridades; elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres; rediseñar un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres; asignar presupuesto etiquetado a programas dirigidos a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense; crear una instancia de seguimiento de la violencia feminicida integrada por la Procuraduría General del Estado y organizaciones civiles; mejorar los protocolos de atención para investigar los delitos del feminicidio, violencia familiar, violación de mujeres y no localización de mujeres, y contar con protocolos de actuación especializados para policías municipales
y estatales que incorporen perspectiva de género.

Además, al aceptar dichas recomendaciones, la administración encabezada por Miguel Márquez debe
garantizar la reparación integral del daño, generar estrategias para especializar y fortalecer la atención de
los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia y coordinar su trabajo con la Procuraduría, crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres, tener
campañas permanentes de alcance estatal con perspectiva de género y mantener y reforzar el mensaje
de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, señaló en entrevista Verónica Cruz, directora de la organización civil Las Libres y promotora
de la alerta, mediante solicitudes de acceso a la información se les ha informado sobre la publicación de los
protocolos de atención. Aunque no han sido revisados por especialistas, hay varias iniciativas de ley en el Congreso, se organizó una mesa de trabajo entre dependencias y la Comisión de Justicia (sin la participación de la sociedad civil), el gobernador instaló la mesa para el seguimiento a los feminicidios
y reparación del daño a las víctimas aunque no convocó a los familiares de las víctimas ni organizaciones
que conozcan del tema, sólo académicas y organizaciones que no tienen trayectoria en la materia ni la conocen, y se caracterizan por ser afines al gobernador.

Las cifras indican que en 2014 se han cometido 55 feminicidios y hay reportes de más de 140 mujeres desaparecidas en la entidad.

Por los caminos del sur
En el hotel El Puente de Yautepec, Morelos, se halló el cadáver de una mujer con ocho meses de embarazo asesinada a golpes. Hubo gran indignación pero no se supo nada más. Este fue uno de los 530 casos documentados en la entidad entre 2000 y 2013, de los cuales más de 50 ocurrieron el año pasado.

El 27 de mayo del presente año, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos presentó una solicitud de alerta de género para la entidad. Ésta fue admitida el 12 de junio por el Inmujeres y la Conavim, instancias que se comprometieron a crear un grupo de trabajo, conforme lo establece
el artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV.

Esta fue la segunda ocasión en que se presentó. En noviembre de 2013, la petición no fue admitida por no cumplir con todos los requisitos que mandataba el reglamento anterior.

Por el momento, después de la admisión de la solicitud, se han cumplido casi dos meses de los seis establecidos por el Grupo de Trabajo para implementar 15 medidas contra la violencia de género en territorio morelense.

Éstas consisten en la creación de un sistema para garantizar que se reparará el daño a las víctimas de violencia feminicida y un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos; diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren; dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia; realizar acciones para sensibilizar a los
medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas.

Además, se debe supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla conlas obligaciones conforme la ley; destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes; dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes; diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia; implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima; crear un programa estatal
con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos
(dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.

Asimismo, se estableció como necesario modificar la infraestructura de la entidad para fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres y crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.
Hasta el momento, las organizaciones de la sociedad civil afirman que no se ha cumplido ninguna de las recomendaciones. Mientras tanto, se han registrado por lo menos 30 feminicidios en territorio morelense
durante 2014.

Alertas alternativas
En otras entidades como Chiapas, la alerta ya fue rechazada. A pesar de eso, se han implementado acciones de la sociedad civil como la Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, que sale a las calles de las diferentes poblaciones para exigir el esclarecimiento de casos y que se implementen mecanismos legales como la Alerta de Género para evitar más crímenes como el cometido contra Tatiana Trujillo, asesinada en abril de 2010 en el municipio de Ocosingo, por su entonces pareja y ex diputado federal, Elmar Darinel Díaz Solórzano.

La mayoría de los municipios de las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Género o se realizan acciones al respecto han sido certificados por el Instituto Nacional de las Mujeres por implementar el Modelo de Equidad de Género, un mecanismo creado para reducir las brechas de desigualdades entre hombres y mujeres.