La Presidencia de la República decidió anoche revocar el fallo de la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. En las próximas semanas se emitirá una nueva convocatoria con la finalidad de garantizar la claridad y transparencia del procedimiento.

Apenas el pasado lunes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había dado a conocer el proyecto ganador del contrato por un monto de casi 59 mil millones de pesos. El mismo se había asignado a un consorcio integrado por las empresas GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Constructora Teya, de Juan Armando Hinojosa Cantrú, ambas mexiquenses; Prodemex, de Olegario Vázquez; GHP Infraestructura Mexicana, y los expertos China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited y la francesa Systra, filial del Sistema Nacional de Ferrocarriles de Francia.

Anoche, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza informó en el noticiero de Joaquín López Dóriga que en la nueva licitación se dará más tiempo para la presentación de ofertas de las empresas fabricantes de trenes.

Subrayó que el principal interés del gobierno federal es que no existan cuestionamientos sobre el proyecto y que tampoco haya dudas sobre la claridad y transparencia del proceso.

Unas horas antes, por la tarde, el mismo secretario Ruiz Esparza insistió ante senadores que la dependencia a su cargo actuó con toda legalidad y no había asomo de favoritismo o corrupción en el proyecto.

Sin embargo, reconoció que se reunió previamente en China con la empresa ganadora, la cual a la semana siguiente ya tenía en México 200 técnicos trabajando en el tema.

El panista Javier Corral Jurado, uno de los que más cuestionaron al titular de la SCT, le dijo que es bueno ese reconocimiento, pero falta saber si en esa reunión no se les dio información privilegiada a los chinos, lo que les permitió ganar la licitación.

De ser así, se amañó un proyecto multimillonario con el fin de privilegiar a uno de los competidores y los demás contendientes, conscientes de ello, se retiraron.

La reunión de trabajo con Ruiz Esparza se llevó a cabo por presiones de la bancada del PAN. Corral criticó el Plan Nacional de Infraestructura del gobierno federal, que más bien, dijo, es el plan de negocios de los amigos y cercanos de Peña Nieto y el PRI.

Corral recalcó que las empresas mexicanas que concursaron junto con el consorcio chino, Prodemex, Teya y GHP Infraestructura Mexicana son propiedad de personajes ligados al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y preguntó si esos acuerdos son casuales o son nexos generados por el patrocinio de estos empresarios a su partido.

Hay una bomba de tiempo, porque hay una exigencia social que reprocha la impunidad, la colusión entre delincuentes y la autoridad, como para adicionarle procesos de licitación enderezados a favorecer a amigos, a personeros o a empresas cercanas al partido en el gobierno o al Presidente de la República.

La panista Marcela Torres Peimbert pidió que se cancelara la concesión, y Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, reveló que la empresa ganadora de la licitación no fue aceptada para participar en un proyecto en Brasil porque ocurrió un accidente que provocó la muerte de 40 personas.

Ruiz Esparza insistió en que todo fue legal en la adjudicación del proyecto del tren rápido México-Querétaro. Sostuvo que fue una decisión soberana del gobierno de China la de asociarse con las empresas mexicanas.

Con toda libertad le digo, no creo haber violado absolutamente ninguna legalidad, así como se les invitó a ellos, se les invitó a los demás. Señaló que no es un tema de amistades, es un tema de empresas. Hay en todas las empresas, o en casi todas las empresas, un nombre conocido.