Adazahira Chávez

El empeño de las autoridades del Estado de México por construir la autopista Toluca-Lerma a pesar de los ordenamientos judiciales que amparan a los comuneros de Xochicuautla contra el paso de la obra, se debe a que es la punta de lanza de desarrollos inmobiliarios e industriales, como plantas de empresas lecheras y la Coca-Cola, revela José Luis Fernández, del Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.

El 3 de noviembre, por tercera vez en este año, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México —cerca de 600, de acuerdo con los testigos— entraron al bosque Otomí Mexica protegiendo a trabajadores de la empresa Autovan, SA de CV. Como en ocasiones anteriores, los comuneros subieron, acompañados por medios de comunicación, para solicitar a los enviados de la constructora los papeles que avalaran su presencia y la tala de árboles. Ante la negativa de los elementos del cuerpo de granaderos para dialogar, y ante la ausencia de avales para los trabajos de la autopista, los ñätho solicitaron que se retiraran, pero las máquinas comenzaron a avanzar. Después de realizar una valla humana para proteger las tierras, tres comuneros fueron aprehendidos. Al retirarse los medios de comunicación, cinco más fueron detenidos. 

La Paz, Bolivia, 2014. Foto: Nadja Massün

“Lo que pasa es que aquí los intereses son muchos. La autopista no va sola, hay otros proyectos diferentes en toda la zona del bosque, como en Huitzitzilapan”, detalla el entrevistado. Entre las obras que invadirán el territorio de los ñätho están un club de golf y casas habitación “tanto residencial como de nivel medio y bajo, y de eso estamos seguros, ya vimos los documentos; es una ampliación de Santa Fe”, denuncia. Además, “pretenden hacer plantas industriales. Y la carretera será el acceso para todos esos proyectos”.

“Xochicuautla es una pueblo indígena que cuida los bosques desde antes de la llegada de los españoles, y en sus cuatro puntos cardinales hay santuarios sagrados muy importantes para la cultura: los cerros de La Verónica, La Campana, La Palmita y de Santa Cruz Ayotuxco”, explicó al reportero Aldabi Olvera una habitante del pueblo,  América Morales. En el año de 1951 se le concedió a los indígenas, por decreto presidencial, la propiedad comunal sobre un perímetro de mil 902 hectáreas y seis áreas de tierra.

La carretera de pago Toluca-Lerma, de cerca de 40 kilómetros y promesa del hoy presidente Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, afectará una porción de 22 kilómetros de bosque por más de 100 metros de ancho, que dificultará a los habitantes del lugar el libre tránsito, la recolección de alimentos y leña y el peregrinaje a sus lugares sagrados. Además, el bosque Otomí-Mexica es área natural protegida y santuario del agua de la subcuenca del Río San Lorenzo.

Desde 2011, habitantes de Xochicuautla y comunidades vecinas, como Ayotuxco, denuncian la tala de árboles en su territorio, incluyendo lugares donde nacen manantiales. Armando Hinojosa Cantú, dueño de la constructora, es señalado por los comuneros de Xochicuautla de ser un empresario “consentido” del presidente Enrique Peña Nieto. Ha ganado también la concesión de otros proyectos públicos en el Estado de México, como el tren suburbano Toluca-Observatorio “y de otra autopista por Atlacomulco”, sostiene José Luis Fernández.

La ilegalidad, avalada por la fuerza pública de Eruviel Ávila

El 14 de mayo del 2013, quince habitantes de la comunidad fueron detenidos por granaderos cuando intentaban parar los trabajos de la constructora en sus terrenos de cultivo, expropiados por Eruviel Ávila, gobernador del estado. Tres días después salieron de prisión, pero sus tierras ya fueron devastadas y cercadas. Fernández denuncia que además, el gobierno dividió a Xochicuautla, pues pagaron 40 mil pesos por cada comunero que votara a favor de la autopista.

En el amparo con número 647/2011, el Tribunal Colegiado de Toluca ordenó al magistrado del Tribunal Unitario Agrario con Distrito Nueve que anulara las asambleas que permitieron la venta y expropiación de algunas parcelas. En consecuencia, el aparcelamiento de las tierras comunitarias no es legal, y ninguna persona puede venderlas por su cuenta.

Desde entonces, los ñätho intentan impedir la entrada de la empresa. “La incursión de la constructora y de la policía es allanamiento de morada, además de otros delitos que han realizado, como la tala de árboles y la detención arbitraria de nuestros compañeros”, explica el integrante del Frente.

El 27 de octubre, los indígenas interpusieron una demanda contra las empresa Autovan y la Secretaría de Seguridad Ciudadana por desacato al amparo y daño ambiental, después de que el 17 de octubre, los granaderos y personal de la empresa hicieron una incursión en el territorio protegido, donde Autovan taló árboles y comenzó el trazado del proyecto. La denuncia —que no ha tenido respuesta de las autoridades— no frenó a la constructora que, acompañada por la fuerza pública, entró de nuevo al bosque sagrado de los ñätho.

Los comuneros aprehendidos durante el operativo del 3 de noviembre, y liberados dos días después, son Armando García Salazar (delegado de la comunidad por usos y costumbres, y quien representa a los opositores a la autopista),  Venancio Hernández, Domingo Hernández, Rosa Saavedra, Felipa Gutiérrez Petra, Mauricio Reyes Flores, Francisca Reyes Flores y Jerónimo Martínez.  “Ya nos estábamos retirando y jalaron a los demás y al doctor Armando. Yo pienso que era el indicado, al que querían agarrar”, declaró un testigo a MásDe131. El delegado es primo de David Ruiz García, comunero fallecido en los primeros días de enero, mientras cumplía la labor de representar a su pueblo ante las bases zapatistas, en el homenaje al asesinado Galeano.

La prisa por continuar los trabajos de la carretera a pesar de la ilegalidad de las incursiones tiene que ver, valora Fernández, con que los tiempos de la constructora “se están apretando”.

Esto coincide con lo sucedido en Morelos y Puebla, donde las autoridades realizaron operativos para detener a opositores y proteger la entrada de la constructora Bonetti, encargada del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, a pesar de que no cuenta con los permisos de las comunidades para realizar la obra.

“No hay nada que justifique su presencia aquí”, insiste José Luis Fernández. “Son ellos los que están en la ilegalidad”