Madrid.

El presidente de Cataluña, Artur Mas, envió hoy una carta a su par español, Mariano Rajoy, en la que lo invitó a negociar un referendo pactado para que la sociedad catalana pueda celebrar una votación democrática y decidir si sigue vinculada al Estado español.

La respuesta de Madrid fue una nueva amenaza de que está recabando información para presentar una querella criminal contra el mandatario catalán y todos aquellos políticos que hayan intervenido en el proceso participativo del pasado domingo, en el que votaron más de dos millones 300 mil personas, de las cuales 81 por ciento lo hizo a favor de la independencia.

Mientras el presidente del gobierno español guardó silencio sobre la jornada histórica de ayer en Cataluña, a cuya política se ha opuesto con una serie de recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), los partidos y el gobierno catalán que impulsan el proceso de votación democrática de la independencia continúan avanzando en su estrategia.

El gobierno catalán, tal como anunció ayer, envió una misiva al presidente Rajoy en la que reitera su invitación al diálogo para acordar las condiciones para que la sociedad catalana celebre un referendo vinculante de autodeterminación, similar a los que se llevaron a cabo recién en septiembre pasado en Escocia y en 1995 en Quebec.

De hecho, el coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Joaquim Rigoll, dio un plazo de dos semanas para que el gobierno español responda a esta petición concreta. Hasta ahora, Rajoy se ha negado a abrir un diálogo político sobre las aspiraciones independentistas de Cataluña con el alegato de la unidad de España y sus regiones.

En caso de que, como ha sido habitual en este proceso, el gobierno español responda con el silencio, o con una negativa, el siguiente paso que estudian los partidos del bloque a favor de la consulta es la de convocar a unas elecciones plebiscitarias, con un gobierno de concentración y previsiblemente con una lista única de partidos a favor de la independencia.

Pero antes de que se dé ese paso, desde Madrid se advirtió que la Fiscalía General del Estado trabaja junto con la Fiscalía Superior de Cataluña para recabar información y pruebas para presentar una querella criminal contra los responsables de la consulta que, cabe recordar, fue suspendida de forma cautelar por el TC, a petición del gobierno español.

El gobierno central de España impugnó las cuatro iniciativas del gobierno catalán en este proceso. Esta medida viene precedida de la única declaración pública hasta ahora de un miembro del gobierno, del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el día del proceso de participación advirtió que se llevarían a cabo acciones legales contra el presidente Mas.

El liderazgo del gobernante Partido Popular (PP, derecha) también amenazó con acciones legales. La diputada del PP y fundadora de la plataforma Libres e Iguales, Cayetana Álvarez, criticó el silencio y la pasividad del presidente Rajoy, lo que a su juicio dejó una profunda sensación de desamparo ante el silencio del gobierno de mi país.

Asimismo, los sectores más conservadores del Estado español expresaron su malestar con la actuación del gobierno de no haber prohibido ayer mismo, con el retiro de las urnas y la detención de los responsables, del proceso de participación ciudadana.

La formación Vox –integrada por disidentes del PP–, acusó por medio de su vocero Santiago Abascal, que Rajoy es el responsable de que se haya realizado el referendo secesionista en Cataluña y de causar un gravísimo daño al interés general de España.