15 de noviembre de 2014     Número 86

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Empresas, estado y gendarmería
vs guardianes de la vida

Alejandra Jiménez y Óscar Espino Red Unidos por los Derechos Humanos, AC


ILUSTRACIONES: Tinta Negra

Los pueblos originarios que caminan sus pasos y sus sueños en la Huasteca y el Totonacapan viven hoy una gran amenaza, estorban en el territorio que les pertenece.

Antes del interés prioritario de las actividades de la industria extractiva, antes de los Pemex o de los Halliburton, antes de los estados y municipios actuales, antes aun de la palabra en Castilla, los pueblos originarios hicieron de esta gran región una zona de confluencia y convivencia de culturas, cosmovisiones, lenguas, costumbres, ritos, tradiciones y organizaciones comunitarias.

Aquí seguimos los pueblos téenek, náhuatl, ñuhu, masapigni y totonacos, desde la costa hasta la montaña, ocupando el territorio que los abuelos alcanzaron a rescatar después de muchos despojos a nuestros pueblos.

Los pueblos originarios sabemos que no somos meros dueños de la tierra y de su vida; por eso pedimos permiso, por eso hacemos la oración, por eso danzamos. Los meros dueños son los espíritus cuidadores de la montaña, del arroyo, del monte, del valle, del mar, de las semillas; nomás estamos un tiempo en la tierra que heredaron los abuelos, para cuidarla, para ser guardianes, para cultivarla y para entregarla como regalo a los nuevos.

Las comunidades de la Huasteca y el Totonacapan ubican la entrada de Pemex a sus territorios en los años 50’s. Entraron haciendo brecha y caminos para ubicar los pozos y desde entonces comenzaron los agravios. Desde entonces, los derrames en las milpas, las fugas reiteradas, los caminos que pasaron encima de los vainillales y naranjales, los veneros de los manantiales secos o desviados, los arroyos y ríos contaminados.

Con el discurso del desarrollo, que a nuestra vida indígena y campesina nunca llegó, es que Pemex legitima la explotación de los recursos, enfermando a la Madre Tierra, saqueando y depredando ríos, montes y valles.

Como paliativo a nuestro disgusto, nos dicen que será en beneficio de la nación. Pero, ¿cuál nación?, nos preguntamos los pueblos originarios. Porque parece que no formamos parte de esa nación beneficiada; porque los hidrocarburos están en nuestro territorio, pero nunca hemos sido realmente beneficiados.

Dice el sabio totonaco Alejandrino García que si la Madre Naturaleza se enferma, también nos enfermamos nosotros como pueblo. Y en la década reciente regresaron las empresas extranjeras a envenenar el territorio de la Huasteca y el Totonacapan, resucitando al Paleocanal de Chicontepec, y nombrándole ahora Activo Aceites Terciarios del Golfo (ATG).

Desde hace una década en nuestra región se empezó a ensayar la reciente reforma energética. Se permitió la entrada a las empresas extranjeras, y el beneficio se quedó en las ciudades; las comunidades sólo tuvieron agravios, ambientales y sociales. Los gestores de Pemex fueron reemplazados por los gestores de las compañías y los reclamos de las poblaciones se volvieron cada vez más difíciles. Algunas autoridades comunitarias fueron amenazadas, otras criminalizadas.

Por alguna razón que desconocemos pero imaginamos, la presencia de las empresas extranjeras trajo consigo la inseguridad y el crimen organizado. Proliferaron en las ciudades, pequeñas y grandes los sitios “de esparcimiento” para los trabajadores de las empresas; hay bares y prostíbulos de todas las categorías en nuestras regiones.

En las comunidades muchos jóvenes prefirieron vestirse de overall que de campesinos con machete o bomba de fumigar; mejor ser el último de los empleados de las empresas que ser colotero (cortador de naranja); algunas jóvenas se deslumbraron con el dinero de los trabajadores y se marcharon con algunos de ellos.

El abandono al campo, la depreciación de los productos agrícolas y la implementación de la política asistencialista del Estado se reproducen ahora en las comunidades junto con la conciencia de beneficiario y no de sujeto de derechos.

Frente a la precariedad y el desprecio por la vida campesina, como fundamento de la política pública, los campesinos prefieren parcela con pozo y no parcela con maíz o cítricos. “¡Que me afecten Pemex y las empresas a mí!”, dicen algunos ejidatarios y pequeños propietarios.

Los riesgos por venir. Con la reforma energética se pretende entregar no solo los hidrocarburos al capital privado sino además la vida de los pueblos; ellos nunca fueron consultados y serán los más perjudicados. “Bueno, falta ver si los dejamos pasar”, nos contestó un campesino en alguna reunión.

Una reforma agraria está escondida en la reforma energética, pretenden entregar nuestra tierra y desaparecernos junto con ella, pero, “¿a dónde vamos a ir?”, preguntan los campesinos en las asambleas.

Las comunidades se declaran listas para defenderse, para proteger, para ser guardianes y guardianas, que para eso fueron puestos en esta tierra, pero ahora se enteran que el gobierno ha preparado a un cuerpo de policía para proteger los intereses de las empresas.

En los dos meses recientes algunas organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, hemos hecho recorridos y también participamos en asambleas ejidales y comunitarias en el Totonacapan y en la Huasteca. Brindamos información sobre el posible impacto de la reforma energética aprobada y la amenaza de la implementación de la técnica de fracturación hidráulica, fracking, en la cuenca Tampico-Misantla.

La noticia resultó mejor que chisme de pueblo. Pareciera que echamos un buscapiés de pirotecnia en feria popular. Algunos lo vieron encender, otros lo vieron de lejos, otros lo brincaron, unos rieron y otros huyeron espantados. Así fueron algunas reacciones de las asambleas:

“Mejor ser ignorante –nos dijo una maestra rural en la localidad del Chote, Papantla-. Porque ahora que sé el impacto que tendrá en nuestra vida, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero lo cierto es que la norma es la desinformación sistemática por parte del Estado y no la resistencia”.

Algunas comunidades visitadas han optado por mecanismos de negociación como alternativa: “Preferimos que dejen algo, que salpiquen pues, nomás que no nos dañen”.

En otras comunidades han preferido llevar la fiesta en paz, pues ante la ausencia del Estado en la satisfacción de necesidades de obra social, se conforman con las migajas de Pemex y las empresas, con encuesta de satisfacción amañada al finalizar la obra. “Si la comunidad resiste, la de junto se vende”, dice un agente municipal de Papantla. “Si nos vamos a organizar, lo que toca es organizarnos todos y todas”.

Algunos ejidatarios refutan frente a la información. “Ya estamos acostumbrados a los daños de Pemex, y si no podemos hacer nada, por lo menos que de la parcela saquemos un millón”.

Y la esperanza resurge, las mujeres se levantan y dicen: “Aunque no seamos ejidatarias, firmamos el acuerdo comunitario de rechazo al fracking y nos preparamos para lo que siga”.

En su parcela del ejido Emiliano Zapata, don Felipe nos invita a la reflexión. “De veras, ¿seguiremos siendo explotados? ¿Seguiremos siendo vistos como objetos sin dignidad?”. Y nos confiesa: “¡De alguna forma tengo que contribuir para que mi país ya no esté así!”.


Extractivismo sobre el extractivismo:
el proyecto aceite terciario del Golfo

Mauricio González González Cedicar/AMCF

La historia del siglo XX en la Huasteca está escrita en mucho con tinta de hidrocarburos. No se puede narrar sin hablar de la explotación petrolera, lugar que le vio nacer en manos de trasnacionales, que la expropió y le forjó su sindicalismo. Pero la región no se reduce a esta actividad, pues a la fecha se caracteriza por su pródiga agrobiodiversidad hecha al fuego de dos ciclos de temporal con manos campesindias que dan vida a milpas que hablan tepehua, nahua, otomí, teenek, totonaco y pame, junto a las de no indígenas que insertan también ganadería y producción de frutales, conformando una diversidad ecológica que denota la diversidad de modos de producir y reproducir el mundo.

Siendo un territorio tan complejo, difícil es pensarle fuera de disputas. A mediados de la década pasada, la región meridional se vio afectada por el arribo de numerosas empresas que comenzaron a hacer exploración sísmica para ubicar más áreas de explotación petrolera, con lo que se anunció una primera fase del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), cuyo fin era llevar la explotación del yacimiento Paleocanal de Chicontepec a metas que subsanaran los déficits de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Paleocanal se localiza al norte del estado de Veracruz y al nororiente de Puebla; recorre la planicie costera del Golfo de México dentro de la cuenca Tampico-Misantla. Fue descubierto en 1926, cuya superficie hoy es de 4 mil 275 kilómetros cuadrados. Su explotación inició en 1952, mas su aprovechamiento intensivo se constata apenas en los años recientes, ya que en el sexenio de López Portillo ello se desechó a causa de los costos que implicaba y la impericia de los entonces directivos de Pemex.

El proyecto inició con la expectativa de ser para 2015 el contribuidor del 22 por ciento de producción nacional. Para ello, en febrero de 2009 se anunció la división del Campo Chicontepec en ocho segmentos, cuya asignación, por medio de los entonces llamados “contratos de obra pública”, que resultaban ser contratos ilegales de explotación petrolera, se dio a cinco empresas: Schlumberger, Weatherford, Halliburton, Baker Hughes y Tecpetrol. La actual explotación del proyecto abarca 16 municipios (12 en Veracruz y cuatro en Puebla). Hasta 2012 se habían perforado tres mil 275 pozos, de los cuales sólo operaban dos mil 347.

Desde sus inicios, el proyecto comenzó a hacer agua. En cuanto a reservas, al principio Pemex sólo hacía referencia a reservas totales, lo que impedía observar si éstas eran probadas, probables o posibles. Fue apenas en 2012 cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio a conocer un nuevo dictamen en que se daba cuenta de las reservas probadas, registrando tan sólo el 5.4 por ciento, lo que desmintió la ilusión de que era una de las mayores reservas del país. En materia de producción, los hechos muestran una disminución vertiginosa. En enero de 2013 se registraron 75 mil barriles diarios, y para junio de 2014 sólo sumaban 48 mil. Esto es, ocurrió una baja de 36 por ciento en sólo año y medio. Y si bien el promedio de producción por pozo siempre fue bajo, con registros de hasta 40 barriles diarios en 2008, mermó este año a la mitad, a 20.3 barriles diarios.

El agravio es aún mayor cuando se contrasta con el dinero invertido, pues la producción no corresponde a lo ejercido. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen negativo después de la revisión a la Cuenta Pública de 2010, dando cuenta que del monto invertido desde 2002, es decir, de 93 mil 810 millones 345 mil pesos, sólo se habían recuperado 63 mil 483 millones 709.9 mil pesos. Hubo una pérdida de 30.4 centavos por cada peso invertido. Uno de los ensayos de privatización del sector energético estaba en curso.

¿Cuál ha sido la respuesta ante tal descalabro? Correr: parte de la región comprendida dentro del ATG se ofertará dentro de la Ronda 1, que asignará diversas zonas a empresas trasnacionales para la extracción de gas shale, por medio del método ampliamente impugnado de fractura hidráulica (fracking). Para el estado de Veracruz se prevé la asignación de 900 mil hectáreas, para Puebla poco más de 90 mil. Si bien el fracking ya era utilizado de forma intensiva en los pozos petroleros –de lo cual no existe registro de los daños causados-, esta fase extensiva es de tierra y agua arrasada. No son pocos los indicios de la incompatibilidad de los aprovechamientos indígenas y campesinos con la extracción que se avecina, y no son pocas también las expresiones de enojo que ya se escuchan en las asambleas comunitarias, en las organizaciones y los centros de investigación. Si el extractivismo es una modalidad de acumulación que remueve grandes volúmenes de recursos naturales destinados al mercado exterior, lo que estamos por presenciar es una variante que implica un gran movimiento de población a la que le es negado un futuro. Ello es inadmisible.

Veracruz

A la vera de la resistencia socioambiental

Emilio Rodríguez Almazán La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)

Veracruz ha jugado un papel importante en la historia de los hidrocarburos en México. A principios del siglo pasado las primeras exploraciones petroleras se realizaron al norte de la entidad, para 1904, El Ébano se constituyó como el primer campo petrolífero comercial con una producción de mil 500 barriles diarios. Petroleras estadounidenses fueron las primeras en aprovechar en México la bonanza del crudo. Pero también la resistencia social por mejores condiciones laborales por parte de los trabajadores petroleros veracruzanos fue cuña de la expropiación petrolera de 1938.

Pasaron 76 años para que empresas trasnacionales lograran su cometido de regresar para apropiarse de los hidrocarburos; con la imposición de Enrique Peña Nieto en el Ejecutivo y con mayoría aplastante en el Legislativo, la producción y comercialización del petróleo, gas convencional y no convencional se abrió a capitales privados. Con  relación al gas shale, los análisis financieros sobre la extracción indican que el negocio real es la especulación, mecanismo sin el cual no habría juego. Pieza clave de este engranaje es la privatización de la propiedad social de la tierra. Poco más de 1.2 millones de hectáreas de propiedad comunal figuran en las dos primeras rondas de la Secretaría de Energía (Sener), lo que equivale al 40.9 por ciento de los núcleos agrarios en Veracruz.

En la solicitud de información al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) número 1857500000714, Petróleos Mexicanos confirmó oficialmente que utiliza fracking en cuando menos 297 pozos de la entidad de los 11 mil 583 que admite en el Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos.

El resultado es contundente: el fracking ya existe en Veracruz, la reforma energética legaliza e impulsa con ímpetu esta técnica extractiva.

Los mapas publicados para la Ronda Cero y Uno de la Sener son demoledores para la entidad. El 43 por ciento del territorio está dentro de las asignaciones petroleras, concesiones de exploración y extracción, con 3.1 millones de hectáreas, según análisis de Manuel Llano (autor en este suplemento).

En la Ronda Cero, 31 por ciento del territorio popoluca y 38 por ciento del totonaca son vulnerables a la extracción de hidrocarburos; y una quinta parte del huasteco, náhuatl y totonaca está involucrado en la Ronda Uno. Y los mapas publicados por Advanced Resources Internacional en 2013 para nuestro país muestran que en Veracruz son 63 los municipios susceptibles a la fractura hidráulica en las cuencas petrolíferas Tampico y Veracruz y la Plataforma Tuxpan. Un total de 11 acuíferos y 24 cuencas hidrográficas son amenazados por las empresas que pretenden la extracción.

Hoy, a más de cien años de la actividad petroquímica en el estado, su impacto socio ambiental es significativo. Veracruz es primer lugar nacional en sitios contaminados considerados Pasivos Ambientales con 69, de acuerdo con el Sistema de Información de Sitios Contaminados (Sisco) del 2012. En este rubro la industria petroquímica ha jugado un papel destacable. También se tiene el primer lugar nacional en la pérdida de vegetación natural, con un 19 por ciento (entre 1993-2000). Es el segundo estado en incrementar velozmente su red de carreteras, con 12.4 por ciento anual entre 2000-2003, lo que favorece la fragmentación del hábitat y mortandad de animales. La cifra más optimista, de la Secretaría de Medio Ambiente, de 2005, refiere que sólo se conserva 8.6 por ciento de la vegetación original.

Los pueblos, comunidades, movimientos, organizaciones y la sociedad en general enfrentamos un contexto muy adverso. Una a una las reformas estructurales legalizan el despojo y el clima de violencia que se vive en todo el país. El proyecto neoliberal es uno solo, es un megaproyecto de muerte que despoja a las comunidades de sus bienes naturales, comunes, patrimoniales, ceremoniales e históricos, a favor del sector extractivo. En Veracruz hay 112 hidroeléctricas; 29 concesiones mineras de oro y plata, y centenares de trazos de gasoductos y autopistas, puertos, monocultivo, transgénicos y parques eólicos.

Sin embargo, nos organizamos para defender el territorio, evitar el despojo y la destrucción de la madre tierra. El territorio otorga el entorno, el arraigo, el lenguaje, la gastronomía, la cultura, el pensamiento y la espiritualidad. Por tanto, la resistencia socioambiental de Veracruz asume el compromiso de juntar los talentos y corazones para defendernos de la agresión devastadora de los proyectos de muerte.

 
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