15 de noviembre de 2014     Número 86

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Fractura de vidas

Uriel Vargas Guzmán
El Barzón  uriel.vargas@elbarzon.mx

A Manuela Solís e Ismael Solorio,
líderes barzonistas de Chihuahua

El 22 de octubre se cumplieron dos años del asesinato de Ismael Solorio y Manuela Solís, barzonistas que en Chihuahua se habían convertido en defensores del agua y los recursos naturales y de la autodeterminación de las comunidades, en este caso del ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura.

Desde hace varios años, los barzonistas en ese estado emprendieron una ardua lucha por la defensa del agua y contra los actos de corrupción e impunidad sostenidos por capitales privados y solapados por autoridades de todos los niveles.

Entre las luchas que encabezaron se encuentra la defensa de la cuenca hidrológica del Río del Carmen, sobreexplotada por medio de desvíos del cauce del río, represas y la apertura ilegal de pozos para la extracción del vital líquido, acciones que contaron siempre con la complicidad de las autoridades.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue omisa ante el desmonte y cambio de uso de suelo en zonas de veda; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nunca emitió alertas ni dio aviso de las perforaciones de pozos sin autorización, y cuando tuvo conocimiento de la emisión de permisos apócrifos, no realizó las denuncias necesarias; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló conexiones sin importar que fueran pozos ilegales.

Por otro lado, la minera canadiense MagSilver, por medio de su subsidiaria nacional El Cascabel, comenzó exploraciones y perforaciones en el territorio del ejido Benito Juárez sin contar con el consentimiento pleno, libre e informado de ejidatarias y ejidatarios, y una vez que éstos se enteraron, presionó para que las asambleas fallaran a su favor.

Cuando las protestas se hicieron sentir, la fuerza pública –municipal, estatal, federal y el ejército- se encargó de mantener a raya a los inconformes y hasta de aplicar el peso de la ley para quienes “se opusieran a las obras de inversión y al progreso”. Y cuando el Estado no fue suficiente para acallar a los inconformes, el poder económico de la minera, pagó los servicios mercenarios del crimen organizado.

Apenas una semana antes de ser asesinado, Ismael Solorio fue atacado, golpeado y amenazado, junto con uno de sus hijos. Tales acciones fueron denunciadas ante las autoridades en la sede del gobierno del estado. El 23 de octubre de 2012, los cuerpos de los líderes barzonistas eran velados en el patio central del Palacio de Gobierno de Chihuahua, pese a la inconformidad del gobernador, César Horacio Duarte Jáquez. Dos años después, mientras intentaba colgar una manta con el nombre de sus progenitores, el hijo menor de la pareja asesinada fue detenido, golpeado y llevado al interior del edificio gubernamental, frente a la mirada atónita de los barzonistas que se encontraban ahí y que actuaron de manera inmediata.

El panorama para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos luce sombrío. No importa que se talen montes, que se contaminen ríos, que se sobreexploten los recursos, que se fracturen vidas; siempre que haya inversión privada, todo el peso de la ley y la fuerza pública contra ellos.

Que las cosas cambien no depende sólo de las y los defensores de derechos humanos, de las organizaciones ambientalistas o de quienes habitan el campo, porque la defensa del medio ambiente es cosa de todas y todos.


Coahuila

Espejismo de desarrollo


FOTO: Wendy Lynne Lee

Rodolfo Garza Gutiérrez  elcisne2002@prodigy.net.mx

La reforma energética abre la puerta a la inversión privada para la explotación del gas shale. Las zonas de Sabinas-Burgos-Picachos y Burgos, en el norte de Coahuila se han identificado como una de las cinco provincias del país con elevadas reservas de hidrocarburos. Para explotar estos recursos se ha creado el Clúster Minero-Petrolero de Coahuila, AC, integrado por el gobierno del estado, municipios, universidades, empresarios y centros de investigación. Quienes administran el clúster hacen cabildeo con empresarios y propietarios de predios; resaltando el gran desarrollo que se espera en infraestructura, hotelería, comercios, restaurantes, gasolineras y escuelas, así como en preparación de personal especializado a nivel universitario. Se pronostica la creación de hasta 50 mil empleos, todo en coordinación entre empresarios y autoridades.

Las autoridades y el clúster aseguran que la técnica que se utilizará para la extracción del gas será más amigable con el medio ambiente que la utilizada en otros países; que se respetará la propiedad privada y los derechos de la población; que no habrá consecuencias a la salud, ni se afectarán los acuíferos, aun sabiendo que para la perforación de un pozo de gas shale se usa entre nueve y 30 millones de litros, con el agregado de más de 500 productos químicos. Por lo tanto, para los diez mil pozos anunciados por el gobernador Moreira, se requerirá del agua que consumen los más de 700 mil saltillenses en dos a seis años.

Con el propósito de apoyar a los propietarios de predios en los que pueda existir gas, y por tanto interés para extraerlo, el Comité de Derechos Superficiales y Medio Ambiente del clúster ha diseñado un “contrato modelo” que servirá, según ha dicho, para que estos propietarios negocien con las empresas trasnacionales que ganen asignaciones, contratos o licitaciones. El clúster mediará y buscará que los dueños de los predios obtengan contraprestaciones justas y equitativas.

¿Podremos creer que no se afectará la propiedad privada, cuando el contenido de las leyes secundarias de la reforma energética elimina el término expropiación y promueve las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa y permuta, que no es otra cosa que expropiación disfrazada?

Con esto se propicia la servidumbre legal bajo ocupación temporal o afectación superficial, que trae graves desventajas no sólo en el tema ambiental, sino también en caso de accidentes de cualquier tipo, en cuyo caso, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios compartirán la culpa con las corporaciones y deberán pagar para reparar daños.

Aún más, a los pocos años de su explotación cuando se agote el gas, la empresa que utilizó el predio lo regresará a sus dueños, muy posiblemente en condiciones inservibles por las perforaciones, contaminado por los productos químicos utilizados, con pozos abandonados y clausurados que seguirán expulsando gas por largo tiempo, como lo demuestran las experiencias en Estados Unidos.

Pero ¿será posible que en México se utilice una mejor tecnología que la de Estados Unidos, como lo mencionan las autoridades y lo promueve el clúster? ¿Que el agua que se utilizará, con cientos de químicos, no contaminará los mantos freáticos? ¿Que no se afecte la salud de niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, ganado y vida silvestre, cuando varias universidades de renombre mundial y prestigiados científicos han demostrado que la tecnología del fracking es nociva para la salud y los ecosistemas?

¿Qué seguridad podemos tener los coahuilenses de que no se repetirán con el gas shale las ilusiones fallidas, empleos, vialidades y mejor calidad de vida, como ocurrió con la explotación del carbón? Han sido unos cuantos los que se beneficiaron con este mineral. La historia de los trabajadores mineros ha estado plagada de angustias y sufrimiento, con olvido absoluto de derechos humanos y laborales, múltiples accidentes e impunidad para las empresas.

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