Los 50 consulados de México en Estados Unidos estarán a la altura de lo que demanden los connacionales tras el anuncio de la acción diferida que podría beneficiar a millones de mexicanos avecindados en aquella nación, aseguraron funcionarios de la cancillería, mientras especialistas señalan que reunir la documentación, el costo de los trámites y el temor a ser deportados son algunos de los factores que determinarán el número de migrantes mexicanos que podrán beneficiarse de dicho anuncio.

Fuentes de la cancillería adelantaron que por medio de la embajada y la red consular en Estados Unidos, “redoblará el esfuerzo de orientación a los mexicanos, y continuará brindando la asistencia y protección que requieran, sin importar su condición migratoria, además de asesoría para quienes aspiran a beneficiarse con la acción ejecutiva.

Recordaron que desde el inicio de esta administración se ha realizado una intensa labor de documentación y protección, y se ha brindado atención a los connacionales que han requerido el apoyo. Asimismo, se ha reforzado el diálogo y la concertación en favor de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Muchas de las consultas, agregaron, se han hecho directamente en las sedes consulares o mediante el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos que opera todos los días (1 855 463 6395); la aplicación sin costo para teléfonos celulares y dispositivos móviles MiConsulmex; redes sociales, y los tiempos con los que cuentan los cónsules en radio y televisión.

Aunque el reglamento para beneficiarse de la acción ejecutiva será publicado en los próximos meses, especialistas recordaron que entre los detalles que se desconocen se encuentra el costo de los trámites, ya que la única referencia para un trámite de esta naturaleza lo muestra la acción diferida (DACA, por sus siglas en inglés), donde el permiso de trabajo tiene un valor de 380 dólares y la toma de huellas digitales y biométricas, 85.

Destacaron que en ese momento, los altos costos para solicitar el ingreso a este beneficio, la gran cantidad de documentos requeridos por las autoridades estadunidenses y el largo periodo de espera, limitaron notablemente el número de los llamados dreamers en este proceso.

Sin embargo, el mayor factor fue el temor de los connacionales a ser deportados, ya que todos sus datos estarían en manos del Departamento de Seguridad Nacional.

Tanto especialistas como funcionarios de la cancillería creen que la acción ejecutiva anunciada por el presidente Barack de Obama podría exigir requisitos mayores que la acción diferida de 2012, ya que los trámites requerirían la contratación de asistencia legal, lo que incrementa los costos.

Hasta ahora los documentos requeridos son tarjeta de identidad, prueba de relación con un ciudadano estadounidense o residente legal permanente y si han estado en Estados Unidos de manera ininterrumpida en los pasados cinco años y para los dreamers, estancia de cinco años ininterrumpidos a partir del primero de enero de 2010, sin importar la edad.