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Busca aplicar mecanismos para sancionar prácticas ilegales

Presenta el PRD en San Lázaro iniciativa de sistema anticorrupción

Plantea que se fortalezca a la Auditoría Superior de la Federación

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Diputados del PRD exigen al presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles, que se incluya en la agenda la discusión sobre el presunto tráfico de influencias del Presidente y su esposa, durante la sesión de ayerFoto Francisco Olvera
 
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de noviembre de 2014, p. 23

El PRD en la Cámara de Dipu­tados presentó ayer un proyecto de reforma a la Constitución para constituir un sistema nacional anticorrupción, que busca aplicar políticas y mecanismos para prevenir, disuadir y sancionar prácticas ilegales.

El proyecto considera integrar un comité de participación ciudadana que vigile al gobierno federal y a sus funcionarios; también, fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso de la Unión en sus atribuciones de fiscalización del gasto.

El proyecto plantea que los delitos de corrupción sean imprescriptibles durante los primeros cinco años después de cometidos. Al explicar la iniciativa, el coordinador de la bancada, Miguel Alonso Raya, indicó que para su partido, es necesario constituir un sistema nacional anticorrupción, integrado por un comité coordinador interinstitucional.

Recordó que en su propuesta, Acción Nacional considera designar un comité de participación ciudadana, pero que éste sea coordinado por el Presidente de la República. Nosotros proponemos que quien coordine ese comité debe ser el órgano superior de fiscalización, indicó.

Refirió que la iniciativa busca reformar los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución con objeto de fortalecer a la ASF, para que ésta sea la cabeza del sistema nacional anticorrupción, así como reforzar las atribuciones de las dos cámaras. Asimismo, cambiar el artículo 76, para que el titular del órgano de control del gobierno federal sea ratificado por los diputados, a una propuesta del Ejecutivo.

El PRD considera que se incluya la obligación constitucional para que los proveedores del gobierno también sean sujetos obligados y de control contra prácticas de corrupción.

Propone modificar el artículo 114 para que los delitos de corrupción no prescriban cuando menos en cinco años, y el 22 para que los delitos de corrupción sean sancionados con extinción de dominio a propiedades mal habidas de funcionarios y de particulares.

Alonso Raya sostuvo que si no se aprueba el sistema anticorrupción en el actual periodo ordinario, al que sólo le restan seis sesiones, el PRD no admitirá a trámite los proyectos que se espera anuncie el Ejecutivo este jueves. Si para aprobar lo que pide la ciudadanía se requiere un extraordinario, lo haremos, pero para cumplirle caprichos al gobierno, no.