Xalapa, Ver.

En menos de dos días la unidad antiterrorismo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido) armó un expediente por motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio contra las 11 personas (tres mujeres y ocho hombres) que fueron detenidas al azar luego de la manifestación y actos violentos del pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México.

Los documentos judiciales del caso, a los que ayer tuvo acceso La Jornada, contienen el parte informativo de los policías que realizaron la aprehensiones, del cual se desprende que no existen pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad de los 11 implicados en los hechos violentos, más allá del testimonio de cinco elementos de la Policía Federal (PF) que dijeron reconocer a los ahora detenidos, aunque no precisaron tiempo, modo y lugar específico de las capturas.

Este sábado vence el plazo de 144 horas (a las 10:40 horas para las mujeres y a las 12:30 horas para los hombres) con que cuentan autoridades del Poder Judicial Federal (PJF) para determinar la situación jurídica de los implicados, y hasta el cierre de esta edición fuentes judiciales aseguraban que había altas probabilidades de que varios de los detenidos obtuvieran hoy auto de libertad por falta de elementos de prueba para ser procesados.

Omisiones procesales

Según consta en registros de la causa penal 45/2014, del juzgado décimo séptimo de distrito con sede en esta ciudad, los agentes federales declararon ante fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR), entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de noviembre, que los imputados intentaron privar de la vida a su compañero Jorge Antonio Juárez Mauro, policía segundo de la PF.

Supuestamente, los policías vieron a los 11 detenidos participar en los disturbios registrados en el Zócalo de la ciudad de México, entre las 20 y las 22 horas del 20 de noviembre.

No obstante, aunque se imputa el delito de homicidio en grado de tentativa a todos los detenidos, la Seido no presentó en su pliego de consignación el certificado de lesiones del policía federal que fue golpeado por un grupo de encapuchados en la Plaza de la Constitución.

A decir de fuentes gubernamentales consultadas, el agente Juárez Mauro sólo acreditó ante la Seido golpes y escoriaciones que corresponden a lesiones que no ponen en peligro su vida y tardan en sanar menos de 15 días.

Al ver que estaban rebasados en número (los elementos del Estado Mayor Presidencial que resguardaban Palacio Nacional), decidimos auxiliarlos, es cuando fuimos recibidos a golpes y es en ese momento en que el compañero policía segundo Jorge Antonio Juárez Mauro fue jaloneado con lujo de violencia por un sujeto que ahora sabemos responde al nombre de Roberto César Jasso del Ángel (uno de los 11 detenidos), indica el parte informativo de los policías. Sin embargo, el documento no precisa si Jasso llevaba máscara al momento de ser detenido ni el lugar preciso de la captura.

El pliego de consignación que presentó la PGR (como parte de la averiguación previa SEIDO/UEITA/194/2014) tampoco describe con exactitud tiempo, modo y lugar en que fueron capturados todos los implicados, a pesar de que es un requisito indispensable que señala la Constitución mexicana y las leyes procesales penales federales para que opere la figura de detención en flagrancia.

Da la impresión de que el pliego acusatorio fue elaborado a la carrera, sin cuidado ni precisiones jurídicas y con una clara intención de amedrentar a los detenidos por haber participado en la marcha del 20 de noviembre, dijo a este diario un funcionario del PJF que conoce del caso y pidió el anonimato.   

En el expediente judicial consta que los detenidos rechazaron rotundamente haber participado en los desmanes.

A pesar de ello la PGR los consignó bajo el supuesto de que como estaban en el mitin del Zócalo se les considera sospechosos de haber participado en las agresiones contra policías y elementos del Estado Mayor Presidencial.

Tampoco son claros los videos aportados por la PGR al juzgado, pues se trata de imágenes de diversas televisoras en las que no se aprecian los rostros de los provocadores.

La acusación de la PGR básicamente está sustentada en apreciaciones subjetivas de los agentes del Ministerio Público Federal y en los dichos de los cinco policías federales, quienes declararon de manera uniforme y sin señalar precisiones de lugar, tiempo y modo en que ocurrió cada una de las capturas.

La noche del 20 de noviembre fueron detenidos en las calles que convergen a la Plaza de la Constitución Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Llabaca (originario de Chile), Luis Carlos Ricardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian o Liliana Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas.

El parte policial de puesta a disposición –que está redactado de manera general, es decir, la misma narración de hechos la hacen los cinco agentes federales que dijeron haber participado en la detención– sólo indica que realizamos una maniobra de encapsulamiento con el fin de asegurar a los agresores, mismos que al verse rodeados comienzan a querer romper el cerco y es entonces que procedemos a su detención en flagrancia.

Las declaraciones de los 11 detenidos coinciden con los testimonios de los cinco elementos de la PF (identificados como Juan José Luis Rivera Cruz, Alejandro Ruiz Reséndiz, Gary Juárez Victoria, Juan Manuel Aguirre Hernández y Jorge Antonio Juárez Mauro), en el hecho de que antes de ser traslados a la Seido, los implicados estuvieron varios minutos en el interior de unas ambulancias que estaban estacionadas atrás de Palacio Nacional.

A decir de la PGR, existen indicios, más no pruebas plenas, de que los 11 detenidos pertenecen a grupos de anarquistas que la autoridad tiene identificadas desde hace varios años, entre ellas Núcleo Insurrecto Sole-Baleno,  Conspiración de las Células del Fuego-Federación Anarquista de México, Frente de Liberación Animal y Frente Subversivo de Liberación Global.

El problema es que la Seido no aportó pruebas determinantes que demuestren que los once detenidos se conocían entre sí, y los fiscales sólo parten de suposiciones de que formaban una asociación delictuosa porque entre ellos se llamaban compa.