El espionaje y seguimiento realizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra Vidulfo Rosales y Abel Barrera, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, demuestra que las autoridades mexicanas consideran sospechosos a los defensores de las garantías básicas, a pesar de que sus actividades son legales y consisten en dar asesoría jurídica a las víctimas, señalaron ambos afectados.

En entrevista con La Jornada, lamentaron las declaraciones del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, quien el pasado miércoles afirmó que los padres de los normalistas de Ayotzinapa están siendo manipulados por grupos que sólo buscan intereses particulares.

En lugar de invertir todos los recursos del Estado para dar con los estudiantes desaparecidos, vemos cómo las autoridades se empeñan en investigar a los defensores de derechos humanos, en colocarnos en la mirilla y hacernos todavía más vulnerables. Nos ponen contra el paredón para que nos agredan más, advirtió Barrera, director de Tlachinollan.

Es una campaña urdida desde los más altos niveles del gobierno para descalificar, criminalizar y colocar en situación de mayor vulnerabilidad a quienes tenemos reconocimiento internacional y muchos años dedicándonos a la defensa de los derechos humanos, recalcó.

Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de la organización, manifestó que el seguimiento del Cisen contra los integrantes de Tlachinollan forma parte de una estrategia para intimidar y desmovilizar a los grupos que se organizan para protestar.

A mi persona la relacionan con organizaciones campesinas y populares a las que les he dado asesoría jurídica, porque sus miembros han sufrido abusos de derechos humanos. No veo nada de subversivo en eso, sólo el ejercicio de nuestros derechos legales, porque la base de nuestro trabajo es la Constitución, recalcó.

El hecho de que los cuerpos de seguridad del Estado mexicano los siga y los fiche, insistió el abogado, forma parte de una estrategia para desacreditarnos y descalificarnos; no podemos dar otra explicación. No descartamos que empiece a haber mayor represión contra los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de familia, ni tampoco que quieran ejecutar acciones nosotros (los defensores de derechos humanos).

Respecto de las declaraciones del titular de Marina, Rosales consideró que dejan ver el miedo de las fuerzas armadas a que se investigue el presunto involucramiento de militares en los ataques contra los normalistas, pues permitieron libertad de movimiento a los agresores y no intervinieron cuando los jóvenes estaban siendo atacados a balazos.

Por su parte, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –que reúne a más de 70 colectivos del país– manifestó su preocupación por las descalificaciones hechas por el Cisen contra de Rosales y Barrera, y lamentó que se trate de desacreditar su trabajo de acompañamiento a las familias de los normalistas agredidos.