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La fracción del PRI argumentó que se abre la posibilidad de excarcelar a delincuentes

Modificarán en el Senado el dictamen sobre ley de amnistía para autodefensas

El comisionado de Seguridad asegura que se pretende invadir facultades del Poder Judicial

 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de diciembre de 2014, p. 18

Después de tres horas de debate, que enfrentó al PRI con PAN, PRD y PT en torno a la Ley de Amnistía para autodefensas de Michoacán, la Comisión de Justicia del Senado decidió hacer un receso para modificar el dictamen y lograr el acuerdo para que se apruebe esa legislación, que permitiría liberar a José Manuel Mireles y más de 300 guardias comunitarios.

En todo momento los legisladores del PRI expusieron su desacuerdo con esa legislación, bajo el argumento de que abre la puerta para excarcelar a delincuentes, que podrían estar ligados a los Templarios y otros grupos criminales de Michoacán.

Durante la reunión de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, la senadora priísta Arely Gómez pidió que se leyeran los escritos enviados por el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo, quienes aseguraron que pretenden invadir facultades del Poder Judicial.

Este último advierte en su escrito que entre los 383 autodefensas que se pretende liberar pueden estar quienes cometieron mil 500 homicidios dolosos en la entidad. Preguntó a los senadores que impulsan esa amnistía si no tienen confianza en el Poder Judicial. ¡Pues claro que no!, le respondió Bartlett.

El panista Javier Corral rechazó tales señalamientos. Explicó que las condiciones impuestas en el dictamen beneficiarán sólo a quienes cometieron delitos federales cuya penalidad no sea grave y hayan ocurrido en Michoacán.

Refirió además que los delitos debe haberse cometido entre el 24 de febrero de 2013 y el primero de septiembre, y los individuos fueran encarcelados entre el primero de marzo y el primero de septiembre. En tercer lugar, estos deben haber pertenecido efectivamente a las autodefensas o policías comunitarias. Finalmente, que hayan actuado así motivados por condiciones de indefensión y abandono por parte del Estado. La ley no operaría cuando las autodefensas hayan afectado los derechos humanos.

Los priístas insistieron: “Con esta ley hasta La Tuta puede ser amnistiado”, sostuvo el senador Jesús Casillas y de inmediato fue rebatido. Corral le respondió que el líder de los Templarios no está sujeto a proceso, ni es autodefensa. Luisa María Calderón insistió en que el propio comisionado Alfredo Castillo legitimó a los guardias comunitarios, los usó y luego los encarceló.

Desde hace casi un año ellos se levantaron en armas para defenderse, nadie les hacía caso. Después, el comisionado Castillo fue de la mano con ellos por los cabecillas de la delincuencia organizada. Entonces sí los reconoció, ahí estaban en esa supuesta flagrancia de delitos y no hubo detenciones.

Los perredistas Angélica de la Peña, Dolores Padierna y Benjamín Robles advirtieron a su vez que no invaden facultades del Poder Judicial, ya que en el artículo 72 constitucional se faculta al Congreso para expedir leyes de amnistía.

Ante la negativa de los legisladores priístas y verde ecologistas, el senador Corral preguntó directamente si existía la disposición para por lo menos sentar las bases de una Ley de Amnistía que bajo supuestos precisos pueda liberar inocentes que solamente defendieron sus vidas y a sus familias en Michoacán.

Antes de que se votara el dictamen, el PRI pidió tiempo para analizar los alcances de la ley y el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth decidió hacer un receso, que se prolongará hasta el domingo.