Camina lo más natural que puedas, le dijo el capitán Juan Esteban Montiel Migliano, coordinador de la policía acreditable de Nuevo Laredo, a la agente Citlali Durán Gachuz luego de violarla y amenazarla: Sé quién eres, dónde vives y quiénes son tu familia.

Su caso fue denunciado ante la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas –que inició la averiguación previa 206/2014– y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A pesar de haberse girado una orden de aprehensión, el militar en servicio policiaco es protegido por sus superiores militares y sigue trabajando en la misma corporación.

El viernes lo vi en la graduación de los cadetes en Ciudad Victoria, me tuve que esconder porque tengo mucho miedo que me desaparezcan. No puedo dormir, sufro de angustia, me como las uñas, tengo fuertes depresiones, cojeo y pierdo fuerza en el cuerpo. Sus escoltas me persiguen. Lo único que quiero es que si me hacen algo, que mis hijos me puedan enterrar, dice Durán Gachuz en entrevista con La Jornada.

Citlali es policía estatal desde hace 15 años. Su vida laboral cambió drásticamente cuando el gobierno tamaulipeco incorporó a militares para ocupar puestos de mando. El machismo aumentó de distintas maneras. El capitán Montiel Migliano, en su puesto de coordinador de la policía acreditable, solicitaba mujeres con percha para los actos oficiales: Decía que no quería gordas, que sólo las de buen cuerpo.

Con 51 años, separada y cinco hijos que mantener, Durán Gachuz dejó su trabajo de obrera en una maquiladora para convertirse en policía porque tenía la esperanza de hacer el bien a la sociedad: Yo siempre le decía a las mujeres golpeadas que denunciaran a sus agresores. ¿Cómo no iba yo a denunciar? Él es un violador y no debe quedar impune, aunque sea militar. Simplemente estoy exigiendo justicia.

Cambio de plaza

Necesito que vengas, tengo que entregarte un oficio muy importante, le dijo el capitán Montiel Migliano el pasado 22 de septiembre a las 10 de la noche. Citlali estaba en su casa y se dirigió al hotel Holiday Inn Express de Nuevo Laredo, donde se hospedan la tropa y mandos de la Policía Estatal Acreditable desde hace cuatro años.

Al llegar a la habitación 123, el capitán le pidió que se sentara en la cama y le explicó que el oficio era su traslado de plaza a Ciudad Victoria, y si quería cambiarlo: Tu ya sabes de lo que se trata, ya sabes cómo se maneja esto, le dijo antes de agarrarla violentamente del cabello y darle dos cachetadas.

Desconcertada, intentó defenderse, pero el capitán la sujetó de los brazos y se subió encima de su cuerpo, con la mano le tapó la boca mientras le señalaba una arma larga colocada encima de la cama y con la otra contestó una llamada: No vayas a hablar. De nada te va a servir gritar, le dijo. Luego en la misma posición hizo una segunda llamada. Después la violó.

Me tiró la ropa, me amenazó de muerte. Cuando salí del hotel, bajé la cabeza de vergüenza. Temblaba, caminé con dificultad. No podía meter la llave en el auto. Arranqué y pensé en estrellarme. Quería agarrar otro destino, irme. Pero luego dije: ¿Y mis hijos? ¿Quién va a ver por ellos? Me necesitan. El capitán se quedó bien contento.

Esa misma noche denunció penalmente al agresor ante la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia. La corporación policiaca, dirigida por el general Arturo Gutiérrez García, decidió supuestamente darlo de baja: “Fueron por él para protegerlo. No se lo llevaron detenido, simplemente lo cambiaron de lugar. El coordinador Trujillo me dijo: Ya no te preocupes, ya lo movimos.

El capitán Montiel Migliano, piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, fue finalmente trasladado a Ciudad Victoria, donde fue visto hace unos días en un acto oficial, a pesar de que el juez del juzgado primero penal emitió una orden de aprehensión y supuestamente es buscado por agentes de inteligencia, la Policía Federal y la misma policía estatal.

Es un ejemplo de impunidad. El gobierno estatal le está brindando toda la protección. En lugar ponerlo a disposición del Ministerio Público y acuartelarlo, el capitán está trabajando con absoluta normalidad. ¿Quién va a cumplir la orden de aprehensión, si la policía ministerial ya no existe en Tamaulipas? ¿Sus propios compañeros de seguridad pública lo van a detener? Ya vimos que no. Esa orden anda volando, señala Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que asumió la defensa de la víctima.

La organización no gubernamental tiene abiertos varios expedientes contra este tipo de policías: Hay una complicidad del gobierno de la República con el de Tamaulipas para solapar todo tipo de abusos que cometan los militares que están haciendo funciones de policías estatales. Tengo dos jóvenes baleados por policías militares, quienes no han sido sujetos a proceso, y dos casos de desaparición forzada contra ese tipo de agentes, y tampoco les han hecho nada. Hemos visto que a los policías militares no los toca nadie. Son impunes, igual que los militares.

Comenta que la víctima Citlali Durán se encuentra en absoluta indefensión: No ha recibido ninguna medida de protección de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la secretaría general de Gobierno, de la Subsecretaría de Derechos Humanos ni de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ninguna institución de gobierno le ha ofrecido su respaldo. Eso es victimizarla doblemente.

Durán Gachuz, no recibió ningún protocolo de atención a víctimas de violación. Después de la agresión sexual, simplemente le dieron cuatro días de incapacidad por depresión. Cuando regresó al trabajo, el general jefe de la corporación le reclamó frente a todos: Su acusación es muy grave, y la va a tener que demostrar con pruebas. ¿Por qué te dieron incapacidad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Depresión? ¡Puta madre! ¿Incapacidad por eso? Ahora póngase a trabajar. Y va a salir a patrullar con sus compañeros, aunque no los conozca. Aquí se viene a trabajar.

En México sólo 4 por ciento de las víctimas de violación denuncian a su agresor. Según el Informe de la Violencia Feminicida en México, de las 15 mil denuncias por violación que se reportan en el país, sólo 2 mil están sujetas a proceso, y menos de 500 reciben condena.

En su caso, Citlali ha tenido que soportar todo tipo de hostigamiento en la misma corporación por haber tenido la valentía de denunciar. Los policías que la interrogaron le hicieron preguntas que la victimizaron aún más: ¿Por qué no te defendiste, si como policía has tomado cursos de defensa personal?

A manera de castigo, fue enviada dos meses a un curso de supervivencia a Tlaxcala, donde murió uno de sus compañeros porque no soportó el ritmo del entrenamiento. El apoyo sicológico que recibió fue mínimo, sin seguimiento, a pesar de que su nivel de angustia es alto, sigue sufriendo pesadillas y su salud física se ha visto afectada a grado tal que ha sido sometida a una intervención quirúrgica recientemente.

Sus hijos han sufrido las consecuencias. Uno de ellos es policía y enfrentó represalias. Luego, sin razón alguna, fue trasladado a Nuevo Laredo, uno de los lugares más peligrosos, por lo cual decidió finalmente darse de baja de la corporación:

“Lo mandaron allí para que lo mataran. Yo le dije: ‘Hijo, yo te quiero vivo. Abandona’. Él quería ir a golpear al capitán, pero yo le advertí: ‘Nosotros somos la ley. Tenemos que creer en nosotros mismos. Si no actuamos legalmente, ¿quién va a creer en nosotros?’ Al final, se fue a Estados Unidos. Se destruyen las familias con la impunidad. La mera verdad, yo también quisiera darme de baja e irme, pero luego pienso que no es justo que tenga que dejar mi trabajo. Dentro de lo que cabe, estoy viva, aunque no sé por cuánto tiempo”.

Citlali llora; con un nudo en la garganta insiste: Lo único que quiero es que se haga justicia. Hasta donde tope. Si a mí como policía, como servidor público, me violó, ¿qué no puede hacer ese capitán a la ciudadanía?