El gobierno federal está obligado a informar y aclarar si el Ejército y la Policía Federal intervinieron en la agresión y posterior desaparición de normalistas en Iguala, Guerrero, demandaron diputados de PRD y PT.

Con los informes periodísticos y evidencia documental que advierten de la intervención de soldados y federales, se prefigura una mentira que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, expuso ante la opinión pública y ante la comisión legislativa que investiga el caso, por lo que sería factible implementar un procedimiento de juicio político en su contra.

Los diputados perredistas Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya y Roberto López Suárez, y la vicecoordinadora de la fracción del PT en San Lázaro, Lilia Aguilar, consideraron muy delicada la revelación que advierte de la probable participación del Ejército y de la Policía Federal, porque obviamente se echa por tierra la versión que dio el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, respecto del papel de las fuerzas armadas.

Lilia Aguilar refirió que los funcionarios encargados de resolver la desaparición de los normalistas “podrían haber incurrido en un delito al mentirle al Congreso. Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto sigue pateando el bote, aceptando estrategias propagandísticas –elaboradas por sus empleados– tendentes a hacer olvidar en el inconsciente colectivo la tragedia de Iguala”.

La legisladora chihuahuense anunció que ha reiterado la demanda para que comparezcan ante el Congreso el titular de la Sedena, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ching, y el procurador general.

Es de tal gravedad la sucesión de acontecimientos, que ahora el gobierno federal pretende revictimizar a los padres de los jóvenes desaparecidos. Esa es una estrategia que pretende el olvido y el descrédito de los familiares de los normalistas.

El perredista Roberto López Suárez refirió que al documentarse en un reportaje de la revista Proceso la probable intervención de soldados y policías federales en el operativo del 26 de septiembre en Iguala, “se confirma lo que hemos venido señalando: no resulta ajeno que los militares y los policías federales sí estuvieron enterados de los sucesos que resultaron en la agresión de los estudiantes.

“Tanto la secretaría de Gobernación como la PGR y la Sedena –añadió– conocieron del caso y no actuaron. Es evidente la omisión. Por tanto, el gobierno de Enrique Peña Nieto está obligado a informar de la participación tanto de los soldados como de los policías federales.

El Ejército Mexicano seguramente sabe dónde se encuentran los jóvenes y sabe dónde se encuentra el jefe de la policía municipal de Iguala.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en San Lázaro, sostuvo que “en estos graves sucesos no es ajeno Rubén Figueroa ni el tráfico de amapola o de goma de opio que se da todos los días en Guerrero, como no no fueron ajenos a los hechos de violencia el Ejército y la Policía Federal.

No fueron ajenos. Yo necesariamente no avalo la información publicada, pero cuando menos reconozco que el informe en cuestión introduce dudas severas y sólidas a la versión oficial de lo que pasó en Iguala en septiembre pasado, indicó.

En el perredista Silvano Aureoles, presidente de la mesa directiva, la respuesta a la pregunta sobre la publicación que involucraría al Ejército y a la Policía Federal fue lacónica: estando en manos de la PGR, simplemente pedir que en el marco de la investigación se precise y se aclare, será parte también de la indagatoria que está haciendo la procuraduría.