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Acusan que la nueva disposición criminaliza la protesta social

Marchan decenas de miles en unas 30 ciudades de España contra la ley mordaza
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Los manifestantes tildaron la nueva norma de seguridad ciudadana de franquista y totalitariaFoto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 21 de diciembre de 2014, p. 27

Madrid.

Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en 30 ciudades de España para protestar contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, llamada ley mordaza, aprobada por la mayoría absoluta del conservador Partido Popular (PP) y a petición del gobierno del presidente del gobierno Mariano Rajoy.

La nueva legislación criminaliza la protesta social con multas que van de 100 (mil 900 pesos) a 600 mil euros (11 millones 500 mil pesos) por manifestarse sin permiso frente a las instituciones del Estado o tomar fotografías o videos de policías españoles mientras ejercen su trabajo, con lo cual no se podrá grabar las actuaciones de represión en las manifestaciones.

La llamada ley mordaza se aprobó hace dos semanas en el Parlamento con la oposición del resto de los grupos legislativos y de numerosas plataformas y asociaciones de carácter cívico, que alertaron ante la regresión de una legislación que tildaron de franquista y totalitaria.

En Madrid y Barcelona se reportaron las movilizaciones más multitudinarias. En la capital española la marcha se desarrolló en medio de un gran dispositivo de seguridad, el cual evitó que los manifestantes cortaran el tráfico de la céntrica Gran Vía. Durante la marcha se gritaron consignas contra el gobierno.

Aglutinados en la plataforma No Somos Delito, los inconformes advirtieron que el objetivo de este paquete de reformas no es garantizar la seguridad ciudadana, tal como afirma el gobierno, sino reprimir el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la creciente ola de movilizaciones ciudadanas críticas con la gestión de la crisis desde 2008.

La plataforma ciudadana también llamó la atención de otro aspecto que la nueva ley pretende criminalizar: las actuaciones ciudadanas para evitar los desalojos de sus viviendas de aquellos ciudadanos que o no han podido pagar la hipoteca o se encuentran sin recursos para pagar el alquiler.