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El debate, en el tema para disolver ayuntamientos infiltrados por el crimen

Modificarán reforma constitucional que propone Peña sobre seguridad y justicia

La iniciativa, con deficiencias que deben corregirse: PAN y PRD; el PRI, consciente de los cambios

 
Periódico La Jornada
Domingo 25 de enero de 2015, p. 11

La reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia va a ser modificada a fondo, ya que las propuestas que contiene, entre ellas que el gobierno federal disuelva a municipios involucrados con el crimen organizado, ha generado posturas encontradas entre las fuerzas políticas, incluso entre autoridades y expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales consultados, advirtieron senadores de PAN y PRD.

El priísta Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que en su partido están conscientes de que la propuesta presidencial tendrá cambios, ya que será enriquecida con base en lo planteado en las recientes audiencias públicas sobre la materia por gobernadores, presidentes municipales, académicos y defensores de derechos humanos.

Por separado, el panista Roberto Gil Zuarth y el ex perredista Alejandro Encinas, presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, coincidieron en que quedó claro que la propuesta de Peña Nieto tiene graves deficiencias y debe corregirse.

Gil Zuarth expuso que en el caso de la disolución de ayuntamientos vinculados con el crimen organizado, en la exposición de motivos de la reforma presidencial se sostiene que está basada en el modelo italiano, lo que no es cierto.

Tal como lo expuso el fiscal italiano Giovanni Tartaglia, lo que opera en esa nación –donde padecen los embates de poderosos grupos mafiosos– es una facultad genérica de control político para municipios fallidos, no únicamente para aquellos infiltrados por bandas criminales, sino para cualquier supuesto que implique mala gestión del interés público.

Es decir, no se limita sólo a aquellos dominados por intereses mafiosos, se ha utilizado para municipios con problemas financieros, con ineficiencia de la policía, asignación de contratos o licitaciones de forma irregular, escuelas en ruinas, mala gestión en la recolección de basura e incluso problemas de corrupción.

En cambio, en la iniciativa presidencial se desfigura por completo el mecanismo italiano, ya que se aplica sólo en caso de infiltración del crimen organizado, en los que la Federación asume total o parcialmente las facultades de los funcionarios municipales, detalló el panista.

Por su parte, el senador Encinas, explicó que la próxima semana van a sistematizar todos los planteamientos que se formularon en las audiencias públicas, mismos que habrán de discutirse de manera puntual en las comisiones dictaminadoras.

El tema central tendrá que ver con los cambios que se pretendenal sistema federalista y que van desde quitar a los municipios las facultades sobre seguridad pública, hasta la pretensión del Ejecutivo federal de tener la capacidad de disolver ayuntamientos y de asumir total o parcialmente la función de los mismos.

Esas propuestas implican cambiar en la Constitución todo el sistema federalista, y eso amerita una discusión de fondo, como también el esquema de competencias en materia penal. Hay intención de avanzar por la puerta de atrás para instaurar un código penal único, insistió Encinas.

El priísta Burgos dijo que la intención es impulsar mejores mecanismos jurídicos en la materia, sobre la base de los pilares del constitucionalismo mexicano, que son el federalismo y el municipalismo. Se pretende que puedan tener la movilidad necesaria, sin romper sus fundamentos, porque esa es la estructura política del Estado.