La decisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de clausurar el proyecto Dragon Mart Cancún por diversas irregularidades y la comisión de delitos ambientales sienta precedente sobre los procedimienos legales que en materia ambiental deben seguir los promoventes, sostuvo Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Explicó que la decisión constituye un reconocimiento oficial de lo que desde 2011 el Cemda había señalado en el sentido de que Dragon Mart requería solicitar permisos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cumplir la normativa federal vigente en materia de impacto ambiental y forestal, pues la conformación vegetal en la zona es considerada como terreno forestal de jurisdicción federal.

También consideró relevante que la dependencia haya reconocido que en 2013 recibió nueve denuncias de la sociedad civil, lo cual confirma la importancia del papel de la ciudadanía en el cuidado, protección y conservación de nuestros ecosistemas, así como la responsabilidad que tiene la autoridad de investigar dichas denuncias en el contexto de sus competencias y llegar al fondo, actuando conforme a la ley. Recordó que en 2014 la Profepa había fijado multas en materia forestal y ambiental a los promoventes de Dragon Mart por 21 millones de pesos, así como una denuncia penal ante la Unidad Especializada de Delitos contra el Ambiente de la Procuraduría General de la República, por destrucción de vegetal natural, cambio de uso de suelo, desecar y rellenar de humedal.

También apoyó que la dependencia haya promovido un juicio de lesividad en contra de la delegación de la propia Profepa en Quintana Roo, por considerar que las inspecciones (realizadas en 2012) fueron insuficientes, superficiales y omisas en la determinación del tipo de suelo que, a todas luces, de las nuevas inspecciones se aprecia que son terrenos forestales, ecosistemas costeros y humedales, cuestión que Cemda había denunciado también en su momento.