usto hace dos años la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al gobierno federal que le entregara toda la información en su poder sobre el megaproyecto Dragon Mart, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo, a fin de conocer sus efectos económicos, sociales y ambientales.

Varias dependencias respondieron que los permisos y las licencias requeridas para el citado megaproyecto las había otorgado el gobierno estatal y el municipio de Benito Juárez. la Secretaría de Economía dijo desconocer a las personas físicas y morales involucradas en Dragon Mart, así como el origen del dinero que se invertiría en él.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) agregó que tal obra no tenía registro de evaluación de impacto ambiental. En pocas palabras, las instancias federales carecían de la información básica del proyecto comercial más grande de China en América y Europa.

Asimismo, dijeron ignorar que ocuparía 561 hectáreas en las que se construirían más de 700 viviendas destinadas a 2 mil familias procedentes de China, 3 mil locales comerciales y espacios para almacenar 300 mil toneladas de productos chinos cada año. Además de una derrama de 700 millones de dólares al año y la creación de más de 8 mil empleos. O que la participación accionaria del socio chino es apenas de 10 por ciento, mientras un grupo de empresarios de Monterrey y el yucateco Carlos Castillo Medrano poseen el 90 por ciento restante.

Por lo visto, tampoco estaban enteradas de las denuncias de organizaciones ciudadanas en las que señalaban afectaciones y daños al medio ambiente y los recursos naturales en el predio donde se edificaría el megaproyecto y en el frágil sistema arrecifal ubicado precisamente enfrente de donde estaría el puerto de llegada y salida de las mercancías procedentes de China.

Ahora que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) finalmente clausuró el futuro Centro de Distribución de Productos Chinos (MDCCC, por sus siglas en inglés), destinado a movilizar mercancía de ese país por todo el continente, es indispensable saber más del papel que la clase política de Quintana Roo, junto con sus aliados en la ciudad de México, jugó para llevar adelante un negocio de 200 millones de dólares, a todas luces inconveniente en sus aspectos sociales, económicos y ambientales.

Y es que tanto el entonces gobernador priísta de esa entidad, Joaquín González Canto, como la autoridad municipal con sede en Cancún, apoyaron sin recato ni medida dicha obra, para la cual concedieron en 2011 importantes subsidios y apoyos fiscales, además de todos los permisos y facilidades. Pasaron por alto el papel que le correspondía en la aprobación del megaproyecto a la instancia federal encargada del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

Olores nada agradables desprende este dragón cuando sus dueños aseguraron en 2012 contar con la manifestación de impacto ambiental mientras casi al mismo tiempo la Semarnat advertía que no tenía registrado dicho proyecto.

Muy importantes personajes de la política y la administración pública debieron influir para que la licencia de construcción, negada por el ayuntamiento de Benito Juárez en 2013, poco después la máxima instancia judicial de Quintana Roo exigiera se otorgara de inmediato. Y para que quienes hacían parte de la autoridad ambiental federal en el sexenio pasado no impidieran la destrucción de áreas forestales y la afectación de ecosistemas protegidos por la ley, como son varias especies en peligro de extinción y los humedales. Sólo hasta agosto y septiembre pasados, la Pofepa impuso las multas por los daños ocasionados y denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República a Dragon Mart por delitos contra la biodiversidad.

La reciente suspensión de la obra parece no ser el fin de la historia. Así lo dan a entender los socios mexicanos de Dragon Mart. Han dicho que acudirán a los tribunales para hacer valer sus derechos y echar abajo el acuerdo federal. Por eso y por las componendas y la falta de claridad que han acompañado este proyecto no hay que cantar victoria. Y menos si el gobierno federal tanta necesidad tiene de que llegue la inversión extranjera.