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Hay incapacidad material y humana para la transformación, dicen senadores del PRD

La iniciativa federal para eliminar las policías municipales no prevé presupuesto

Admite SG que no cuenta con recursos para liquidar a 38 mil oficiales que reprobaron pruebas

 
Periódico La Jornada
Lunes 2 de febrero de 2015, p. 13

La iniciativa de reforma en materia de seguridad, con la cual el Ejecutivo federal pretende eliminar mil 812 policías municipales para dar paso a 32 mandos únicos estatales, no prevé una estrategia –o partida presupuestal– para hacer frente al gasto de la transformación.

En principio, los gobernadores ya tienen retos previos en ese punto; por ejemplo, absorber los costos por la liquidación de policías reprobados –estatales y municipales–, producto de la más reciente ronda de exámenes de control de confianza.

En esta situación resultaron 38 mil 698 efectivos, al corte del 30 de octubre de 2014, equivalente a 10 por ciento del total de los oficiales sometidos a esa evaluación.

El titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación, Jorge Carlos Hurtado, reconoció ante legisladores la carencia de recursos para concretar estos despidos.

Ahí empezamos con los problemas que implican las indemnizaciones de todos estos agentes y la gran cantidad que todavía representan.

Se está trabajando en ello, dijo Hurtado a senadores, y esa es la insistencia a los gobernadores porque las bajas son una obligación legal. En ese sentido, agregó el funcionario, no hay marcha atrás.

Sin embargo, tampoco se ha detallado el origen de los recursos para la transformación de los mandos únicos estatales, luego de la desaparición de las municipales, especialmente en capacitación y homologación salarial: la mitad de los uniformados sólo tienen la secundaria y tres por ciento no concluyeron la primaria.

También se requiere dinero para elevar la nómina; actualmente, indican datos del SNSP, 25 por ciento de los policías locales ganan menos de 4 mil 500 pesos al mes, y la mitad perciben menos de 6 mil pesos.

La iniciativa de reforma en materia de seguridad está en el Senado y se espera su discusión a partir de la semana entrante. Un análisis interno de los senadores del PRD alerta acerca de la incapacidad material, financiera y humana para enfrentar el reto de mando único.

El costo de la transición implicaría la absorción (a las corporaciones estatales) de al menos 12 mil elementos y gobiernos de las entidades y la Federación tendrían qué asumir el costo.

Por ello, se agrega en el estudio preliminar de los legisladores, es necesario precisar cuántas corporaciones estarían infiltradas por el crimen, en qué niveles y dónde se ubican; de igual forma, detallar cómo se enfrentará el reto de capacitación, equipo, salario, marco jurídico local, requisitos para el ingreso y condiciones de liquidación.

Por ahora, el SNSP emitió reglas similares para 2015 sobre la entrega de subsidios hacia el mejoramiento de la seguridad pública estatal, municipal y para la Policía Acreditable. Hasta la semana pasada estaban aprobados 80 por ciento de los proyectos, presentados por los gobiernos estatales, por lo que se alistan para firmar en breve los convenios respectivos, sin incluir cambios preparatorios en caso de que el Congreso aprobara los mandos únicos.

La depuración

Datos de la Secretaría de Gobernación indican que en 2014, del ámbito estatal, estaban en proceso de depuración (no aprobados) 20 mil 521 efectivos. La mayoría están en Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Distrito Federal, Jalisco y estado de México.

A nivel municipal, reprobaron los exámenes 18 mil 177. Las entidades que concentran al mayor número de uniformados locales son: Jalisco, Guerrero, Sinaloa y Veracruz.

A la suma de ambos niveles de corporaciones, las entidades con una carga mayor, en cuanto a recursos necesarios para liquidar al personal en referencia son: Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, San Luis Potosí, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Distrito Federal, entre otros. Es decir, la gran mayoría tiene este compromiso.

A nivel federal, no aprobaron los exámenes 3 mil 516 elementos, la mayoría de la Comisión Nacional de Seguridad; 467 de la Procuraduría General de la República y 274 del Instituto Nacional de Migración.