 |
|
|
|
|
|
|
 Número 223
|
Católicas por el Derecho a Decidir Violencia extrema como respuesta a la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo En México los procesos culturales han cambiado de manera significativa. Las mujeres hemos sido parte de esos cambios: muchas de nosotras trabajamos en el espacio público, participamos de la vida política, tomamos decisiones relacionadas con nuestra sexualidad y reproducción, contribuimos al desarrollo económico, construimos nación. Desde 1974, el artículo 4° Constitucional señala que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Recientemente ha habido importantes avances normativos en el marco constitucional y en la legislación federal relacionados con los derechos humanos de las mujeres, a fin de sentar las bases para que los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan en condición de igualdad. No obstante, aún cuando se han dado estos signos de avance, existen poderes que influyen para que se perpetúen la discriminación y la violencia contra las mujeres. La libertad y la autonomía de las mujeres están delimitadas, especialmente cuando traspasamos la frontera de elegir libremente sobre la maternidad. Esta limitación responde a una cultura patriarcal permeada por la influencia de la ideología católica conservadora y por la imposición de una supuesta moral única, sostenida por las instituciones públicas. La condición de las mujeres en la cultura patriarcal está basada en el control y la subordinación de nuestras vidas, nuestros cuerpos y decisiones. Además de ser concebidas como seres “para los otros” (Lagarde, 1993), la gran mayoría de las mujeres estamos inmersas en relaciones de explotación y somos objeto de violencia y discriminación, en proporciones alarmantes. Los casos recientes de dos mujeres asesinadas por sus parejas debido a su deseo de ejercer el derecho a decidir sobre su maternidad, ilustran esta situación. En Puebla una mujer de 31 años, que tenía cinco meses de embarazo, fue asesinada por su pareja sentimental debido a que decidió continuar con su embarazo. En reiteradas ocasiones él la presionó para que lo interrumpiera, e incluso la llevó a dos clínicas para que abortara, pero ella siempre se negó, por lo que el agresor contrató a dos hombres para que la asesinaran. El otro caso ocurrió en el Estado de México donde una mujer de 25 años fue asesinada por su novio ya que tenía la intención de interrumpir su embarazo. El feminicidio sucedió en la zapatería donde ella trabajaba. El agresor llegó a persuadirla para que no abortara y al no lograr su objetivo la asesinó con saña, lesionándola en varias partes del cuerpo, principalmente en el vientre. Lo ocurrido en estos casos da cuenta de la gran deuda social e institucional que tiene el Estado mexicano con las mujeres, al no responder a la obligación de salvaguardar la vida de las mujeres; da cuenta de la vigencia de la cultura patriarcal y misógina que ha cobrado tantas vidas de mujeres en México y de la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos al firmar tratados y convenciones internacionales. Y ejemplifica dramáticamente la indefensión en la que viven las mujeres de este país, que contribuye a las altas tasas de feminicidio vigentes. Paradójicamente, los procesos culturales que han promovido el empoderamiento de las mujeres para que puedan tomar autónomamente sus decisiones reproductivas, está generando reacciones tan violentas como éstas, pues sus parejas se sienten con el derecho de quitarles la vida, si ellas no acatan sus deseos. Por otra parte, la penalización del derecho a decidir sobre la maternidad lleva consigo una carga de prejuicio pues no reconoce la autoridad moral de las mujeres ni su derecho a la libertad y a la autonomía. Además refuerza en el imaginario social, la creencia del poder y control que se puede ejercer sobre las mujeres. Las leyes que penalizan el aborto tienen un impacto discriminatorio y perpetúan estereotipos de género y patrones culturales de subordinación que alientan la violencia contra las mujeres creando barreras de acceso a la justicia para las víctimas de estas situaciones. Ante este dramático escenario es necesario que el Estado mexicano, los actores políticos y las instituciones unan esfuerzos para desmantelar la cultura patriarcal y construir cimientos sólidos que garanticen el derecho a decidir. Asimismo es necesario hacer un llamado a la jerarquía de la Iglesia católica para que se sume a los esfuerzos de la sociedad civil y exija el respeto a la vida de las mujeres en lugar de fomentar una cultura misógina que naturaliza la violencia de género.
|
Lo nefando de la homosexualidad Pintando la raya Los mil nombres de OPINIÓN Pedro Lemebel, LA CONTRA Editorial |
 |
|
||
|
||||||
|
