La Cámara de Diputados prevé aprobar la reforma constitucional para constituir un sistema nacional anticorrupción, a más tardar el 26 de febrero, y la Comisión de Puntos Constitucionales anticipó que se descartó la posibilidad de integrar un consejo nacional para la ética pública, que el Ejecutivo y el PRI querían que estuviera a cargo del presidente de la República y los gobernadores.

Ayer, esa comisión aprobó la ruta para aprobar el dictamen respectivo y decidió que el próximo lunes cada grupo parlamentario presente sus propuestas a un equipo de trabajo; entre el 17 y el 23 de febrero se harán reuniones para elaborar un proyecto de dictamen.

El martes 24 la comisión prevé aprobar el dictamen y turnarlo a la Mesa Directiva y se revisará, si existen condiciones para considerar cubiertos los trámites de publicidad y así que el pleno la discuta ese mismo día o bien en la sesión del 26.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno (PRD), dijo que tras desecharse el consejo de ética, los partidos prevén otorgar mayores atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación y constituir un tribunal de justicia administrativa para sancionar a quienes incurran en actos graves de corrupción.