La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó una serie de irregularidades en el manejo de al menos mil millones de pesos de aportaciones entregadas por el gobierno federal a la administración guerrerense de Ángel Aguirre Rivero entre 2012 y 2013.

De acuerdo con varios expedientes integrados en el análisis de la cuenta pública 2012 y los avances reportados de 2013, la incidencia de irregularidades fue recurrente, y se aprecian subejercicios, recursos destinados a programas sociales inexistentes, pago de bonos injustificables, facturas que cubren servicios o productos irreales y pago en nómina a personas que no laboran en los centros de trabajo.

Incluso, se señala al gobierno del estado de Guerrero durante la administración de Aguirre como entidad evasora, pues no reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el impuesto sobre el renta (ISR) retenido a los trabajadores al servicio del estado, situación que se repitió con las aportaciones al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Sólo en la observación 12-A-12000-14-0568-03-002, la ASF exigió la aclaración y documentación de 12.3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.

Pero la irregularidad más cuantiosa es la aclaración de 586 millones de pesos de los recursos destinados al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fism). En este rubro el dictamen del órgano fiscalizador dependiente de la Cámara de Diputados lo calificó de negativo tras solventar las primeras observaciones. Concluyó que el gobierno de Guerrero no cumplió con las disposiciones normativas aplicables respecto de la distribución municipal de los recursos del Fism correspondientes al ejercicio fiscal 2012 –segundo año de la administración de Aguirre Rivero–, lo que generó que 51 ayuntamientos recibieran menos fondos que los que les correspondían, por un total de 586 millones de pesos, todavía pendientes de aclarar.

En las cédulas de información básica presentadas por la ASF señala irregularidades no sólo en los fondos destinados a educación básica, sino también a seguridad pública y en materia de salud, incluido el Seguro Popular. Las observaciones por facturas irregulares por abastecimiento de insumos médicos y medicamentos se multiplican, sobre todo en la región de la Montaña, donde encontraron fármacos no previstos en el cuadro básico.

Sin embargo, existen irregularidades prácticamente en todos los rubros de las aportaciones del gobierno federal transferidos a estados y municipios con el propósito de apoyar el financiamiento de las estrategias y programas aplicados en los dos niveles de gobierno.

Las irregularidades reportadas por la ASF cobran otra dimensión tras la aprehensión de Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y primo del hoy ex gobernador, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 287 millones de pesos.