La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció ayer su facultad de atracción para resolver un amparo presentado por un particular, en el que impugna la negativa de la Procuraduría General de la República (PGR) a entregarle información sobre la averiguación previa relacionada con las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, en las que hallaron los cuerpos de 72 migrantes ejecutados.

Por primera vez, los ministros analizarán si particulares, como los periodistas, pueden tener acceso a información que forme parte de una averiguación previa de la PGR.

La primera sala ya atrajo dos asuntos relacionados con la negativa de esa dependencia federal a entregar información sobre el caso San Fernando. Uno tiene que ver con familiares de una víctima de origen salvadoreño, quienes alegan que están legitimados para conocer la averiguación previa; el otro se refiere al amparo presentado por una asociación civil que también dice tener derecho a la información en casos en que hayan ocurrido violaciones graves a los derechos humanos.

Los ministros determinarán si son válidos los argumentos de la PGR de que se trata de información reservada. Ana Cristina Ruelas, activista de la organización Artículo 19, presentó la solicitud por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), y la PGR se negó a mostrar el expediente, por lo que la quejosa interpuso un amparo, el cual le fue concedido inicialmente por un juez de distrito.

De acuerdo con el proyecto, elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, permitirá analizar el alcance y los límites de las facultades de decisión de las instancias encargadas de garantizar la transparencia en la actuación de entidades y dependencias gubernamentales, y la manera en que se articulan con las facultades de los jueces constitucionales.

Además, los ministros tendrán oportunidad de analizar los siguientes temas:

“¿Cómo debe interpretarse la excepción a la regla general de reserva de la información integrada en averiguaciones previas, prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental? ¿Cuándo existen violaciones graves a derechos humanos y qué órganos están facultados para determinar cuándo se está frente a un caso de tal naturaleza?

¿Qué órganos tienen facultades para determinar la clasificación de la naturaleza de ciertas informaciones, como puede ser la reserva en averiguaciones previas? ¿Qué órganos tienen facultades para determinar la excepción a una clasificación dada? ¿Qué sujetos pueden solicitar las versiones públicas de las averiguaciones previas? ¿Tendrían que acreditar algún interés particular?