Bastó una hora 50 minutos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pusiera fin al polémico expediente del caso Monex. Miles de hojas reunidas en 20 expedientes y dos años de demora quedaron reducidas a una conclusión: el PRI y el ahora presidente Enrique Peña Nieto no incurrieron en financiamiento paralelo con recursos ilícitos ni usaron las tarjetas para la compra de votos.

A las dos de la madrugada, el magistrado Constancio Carrasco ofreció disculpas por la hora y propuso al pleno dar la razón a la mayoría de consejeros del entonces Instituto Federal Electoral que en 2012 exculparon al tricolor, y ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el destino de 6.8 millones de pesos, clasificados como gastos ordinarios y no de campaña.

La sesión fue programada para las 11:30 horas del miércoles, pero se pospuso tantas veces que el último anuncio decía hasta nuevo aviso.

Finalmente, a las 19:30 horas los magistrados comenzaron a discutir la lista de 41 puntos y dejaron el caso Monex para el final.

La ponencia de Carrasco desechó uno por uno los agravios presentados hace dos años por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) sobre la presunta ilegalidad de los fondos otorgados por la empresa Alkino que fueron depositados en Banca Monex y que, una vez descubiertos, el PRI reconoció su existencia argumentando que fueron para fondear su estructura electoral.

De las más de 14 mil palabras pronunciadas en esa parte de la sesión se escucharon muchas frases contrariando a lo aducido por el apelante y en defensa de las investigaciones realizadas por áreas como la impugnada Unidad de Fiscalización.

Al PAN, que acusó al PRI y a Peña de usar monederos Monex para comprar votos, los magistrados le respondieron que basó su denuncia en supuestos genéricos y la única prueba presentada fue la versión estenográfica de la conferencia ofrecida el 25 de junio de 2012 por Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio Zavala en la sala de prensa de la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota, con dos tarjetas emitidas por Banca Monex. Las irregularidades en los informes de gastos del PRI, tampoco tuvieron bases, argumentaron los magistrados.

Terminada la larga lectura de la ponencia, Carrasco resaltó que eran las 2 de la mañana y propuso que, en aras de cumplir el principio de máxima publicidad, la sesión se difundiera en horario ordinario en los canales de Youtube y del Poder Judicial.

Transcurrieron dos horas en las que los magistrados construyeron su argumentación jurídica para exculpar al PRI y justificar su tardanza en resolver el caso.

Esta sala no dejó de trabajar, señaló la magistrada María del Carmen Alanís, y añadió que no se logró probar que hubo un sistema paralelo de financiamiento ilícito para la campaña a través de Monex, ni que por medio de dichas tarjetas se diera la compra y coacción del voto.

Para Flavio Galván quedó demostrado de manera fehaciente que el dinero recibido en mutuo (66 millones de pesos, según el tricolor) se utilizó para pagar los servicios personales de lo que el partido político denomina su estructura para la jornada electoral y la etapa de campaña.

Para mí todo está debidamente aclarado, determinado. Como mencioné con anterioridad, no se demuestra en el expediente la coacción o compra de votos; el contrato de mutuo es legal, el gasto está reconocido por el Partido Revolucionario Institucional y no hay otro tipo de financiamiento paralelo al que está reconocido, secundó el magistrado Pedro Esteban Penagos.

Segundos después, el presidente de la sala superior del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, anunció: Entró hace tres horas el amanecer. Su colega Salvador Olimpo Nava insistió en que si bien el proyecto tiene más de un año de que fue elaborado, salieron hasta la noche a discutirlo porque tiene alto grado de complejidad, son muchísimos los documentos y elementos que se valoran.

No se trata de una demora, lo dejo muy claro, es el resultado de un análisis exhaustivo de los agravios hechos valer y de una revisión minuciosa de las pruebas aportadas, secundó Ramos para luego defender la sentencia.

No hubo disenso. Los siete magistrados votaron en favor del dictamen. El presidente de la sala superior volvió a ofrecer disculpas por la hora y se despidió con un buenos días’.