Académicos de institutos de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que la iniciativa de Ley General de Aguas –aprobada ayer por las comisiones unidas de Agua Potable y Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, que hoy podría ser analizada por el pleno– violenta la libertad de investigación sobre este recurso natural.

Lo anterior, debido a que esta ley daría a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la facultad para dar el visto bueno a las investigaciones, es decir, si este organismo no lo autoriza los científicos o estudiantes no podrán realizar trabajos al respecto.

Por ello, casi 50 investigadores de la UNAM –de los institutos de Investigaciones Jurídicas, de Geología y Geografía (IIJ)– solicitarán al rector de la casa de estudios, José Narro Robles, que en la medida de sus posibilidades realice un pronunciamiento contra esta ley y exija que la iniciativa se someta a debate antes de que sea aprobada. Asimismo, convocaron a directivos de otras casas de estudios del país a sumarse a las protestas contra la iniciativa.

El grupo de científicos se reunió ayer en la sede del IIJ para discutir las limitantes que esta iniciativa pone a la investigación sobre el agua.

Joel Carrillo, del Instituto de Geografía, indicó que si la iniciativa se aprueba sin modificaciones habrá dos problemas: por un lado, una velada prohibición para realizar trabajos e investigaciones en torno al recurso hídrico si no se cuenta con el aval de la Conagua, y por el otro que la calidad del agua que consumen los mexicanos se vea afectada.

Hoy tenemos la libertad de hacer nuestros trabajos como deseamos, pero si se aprueba esta ley tendremos que pedir permiso a esa instancia gubernamental, y es un hecho que no lo dará ante trabajos críticos, enfatizó.

La iniciativa aprobada en comisiones ayer fija multas hasta por 50 mil salarios mínimos a quienes realicen investigación sin el visto bueno de la Conagua.

La segunda preocupación de los universitarios fue sobre la calidad del recurso, pues no se respetará si se aprueba la ley. Se permitiría que el líquido pueda ser dañado con todo tipo de contaminantes (como arsénico, cloruro, plomo, manganeso y otros), siempre y cuando los niveles de éstos no rebasen las normas.

Otro elemento de gravedad es que ya existen proyectos de megaciudades para las cuales se tendrían que usar mantos acuíferos que están a miles de kilómetros de distancia, lo cual perjudicaría los sitios de los que se extrae el recurso y a las megaurbes.

El dictamen aprobado no contempla, lamentó, modificar los consejos de cuenca, donde es inexistente la participación social, pues 60 por ciento del esquema de manejo recae en industriales y agricultores organizados y prácticamente no hay participación ciudadana.