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Empresas particulares explotarán y administrarán pozos y distribución hasta por 20 años

Los servicios de agua potable en Querétaro, privatizados de facto

Concesionaria ligada a constructoras paga al gobierno sólo $1 por metro cúbico

La Conagua niega lista de operadores independientes

Asociación cercana a Antorcha Campesina, beneficiada

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Oficinas de cobranza de la empresa Bienes Raices Juriquilla SA de CV, que explota pozos y administra la distribución y cobro de agua potableFoto Demián Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 13 de marzo de 2015, p. 31

Querétaro, Qro.

Las reformas a la Ley General de Aguas Nacionales pretenden legalizar lo que ya se hace en Querétaro, donde la Federación y el gobierno del estado han autorizado a operadores independientes la explotación y administración de pozos y el cobro por la distribución del líquido a los usuarios.

Bienes Raíces Juriquilla, Operadora Querétaro Moderno, SA de CV y hasta una asociación vinculada a la organización priísta Antorcha Campesina son algunos de los operadores cuyos permisos constituyen una forma de privatizar el servicio, señala Diana Laura Juárez Zamora, activista de la asociación civil Ecologistas de Juriquilla.

La ley estipula que el gobierno federal puede otorgar concesiones a personas físicas, morales o de carácter público o privado, dependencias y organismos descentralizados de la administración federal, estatal o municipal para la prestación de los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico.

Con ese criterio, la Comisión Estatal del Agua y la presidencia municipal de El Marqués concesionaron a la sociedad mercantil Operadora Querétaro Moderno SA de CV la prestación del servicio y el cobro de tarifas a los usuarios durante 20 años.

Esa compañía, integrada por empresarios inmobiliarios, sólo pagará al gobierno un peso por cada metro cúbico de agua potable que explote.

Operadora Querétaro Moderno fue constituida el 30 de abril de 2009 ante el notario público Roberto Loyola Vera, hoy candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura.

Menos de cuatro meses después, el 19 de agosto de 2009, el ayuntamiento de El Marqués le entregó la concesión; el título se le otorgó en 2012 y el 2 de marzo de 2013 se publicó esa decisión en el periódico oficial del gobierno estatal, La Sombra de Arteaga.

El documento indica que la compañía prestará servicios de agua potable en la zona metropolitana nororiente 1. De acuerdo con el croquis, en esa área están los fraccionamientos Zibatá, La Pradera y El Regido, edificados entre 2009 y 2010 por empresas que encabezan algunos de los socios de la operadora.

La compañía podrá explotar un millón 952 mil 212 metros cúbicos anuales de aguas del subsuelo. Además, se encargará de contratos, conexiones, instalación de tomas, cobros de tarifas e intereses, materiales y accesorios.

Como directivos de esa empresa aparecen José Oleszcovski Wasserteil –muerto en un accidente aéreo en junio de 2013–, de la inmobiliaria Desarrollos Residenciales Turísticos; Roberto Flores y Fernández, Luis Alfonso García Alcocer, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado y director regional de Casas Geo, así como Impulsora Mico, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

La empresa Bienes Raíces Juriquilla SA de CV obtuvo autorización para explotar tres pozos a partir de 2001; de dos extrae dos millones 18 mil 304 metros cúbicos anuales y de otro un millón 708 mil 200 metros cúbicos, de acuerdo con datos del Registro Público de Derechos de Agua

Los operadores están facultados para otorgar el servicio a las familias que habitan fraccionamientos de la zona residencial de Juriquilla y fijar cuotas, a cambio de un pago a la Conagua.

Desde agosto de 2010 la asociación Renovación 24 de Agosto, de Antorcha Campesina, es operadora del servicio en la comunidad La Piedad, municipio de El Marqués. El pozo que administra tiene capacidad de 320 millones de metros cúbicos para uso doméstico.

Desde hace 14 años la administración ha estado a cargo de comités (no todos vinculados con Antorcha Campesina), que se han acusado entre sí de manejo indebido de las cuotas de bombeo y distribución.

La Jornada solicitó a la Conagua dar a conocer cuántos operadores independientes para usos doméstico, industrial, agrícola, agroindustrial, de servicios, pecuario y público urbano existen en la entidad, pero se negó a revelar los datos.