21 de marzo de 2015     Número 90

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

En la asignación de recursos
públicos se excluye y margina
a los campesinos

Jorge Arturo Luna Lujano Asesor en Desarrollo Rural del Grupo Parlamentario del PRD


FOTO: Ecotlan

Los productores campesinos, de pequeña escala –denominados internacionalmente agricultores familiares- son invisibles para los gobiernos y para las políticas públicas de México en lo que a fomento productivo se refiere. Muy probablemente están presentes en los padrones de apoyos asistencialistas y en la hoy de moda Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), pero desde siempre han sido excluidos de los programas de fomento productivo.

Eso es grave si consideramos que en el medio rural vive 23 por ciento de la población nacional, unos de 26 millones de personas, con fuertes lazos con la agricultura, y 70 por ciento de ellos sufre condiciones de pobreza.

Y es aún más grave si vemos que del total de unidades productivas del campo, cuatro millones 68 mil, 85 por ciento son minifundistas: cuentan con menos de cinco hectáreas. Los campesinos de estos predios suman en el país unas cien mil hectáreas y son responsables de 40 por ciento de la producción agropecuaria nacional, pero la autoridad los ignora y desprecia, pues los ve como el lastre en el rezago del campo; en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18 no se menciona una sola vez el concepto “economía campesina”.

Hay que decir en principio que los 353 mil millones de pesos asignados al Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) en 2015 representan apenas 7.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Y de este monto, sólo 20.6 por ciento, o sea 72 mil 576 millones de pesos, se orienta a fomentar la producción (nueve de cada diez de estos pesos los opera la Secretaría de Agricultura). El restante del PEC corresponde a educación, salud, infraestructura, vivienda, apoyos asistenciales y otros rubros ajenos a la productividad agrícola, pecuaria, forestal y pesquera.

Si analizamos los recursos que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), observaremos que los ejidos, las comunidades y el minifundio son excluidos o minimizados por diversas vías:

1.- Desde la estructura programática del presupuesto federal, establecida por Sagarpa y por la Secretaría de Hacienda, se evidencia el sesgo a favor de los grandes productores y las agroindustrias que monopolizan el sector. Por ejemplo, Mujer Emprendedora, prácticamente el único programa de Sagarpa destinado al apoyo de las mujeres del campo, tiene apenas mil 200 millones de pesos, es decir 1.41 por ciento del recurso de Sagarpa; igual pasa con el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) orientado al apoyo de pequeños  productores de esos granos, con mil 226.3 millones (1.44 por ciento); o con el Procafe, para apoyar a 560 mil productores de café, con el 0.85 por ciento (730.6 millones de pesos).

En cambio, en el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados de la misma Sagarpa, se etiquetan 12 mil millones de pesos (14.5 por ciento). En este programa expresamente está excluida la agricultura de autoconsumo y los beneficiarios son grandes empresas nacionales y trasnacionales como lo veremos más abajo. El Programa de Fomento Ganadero, con casi siete mil millones de pesos para repoblar el hato de los grandes productores; o el de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, con cinco mil 332 millones de pesos y destinado a apoyar a los grandes productores avícolas, como Bachoco y Pilgrim’s.

Para ilustrar cómo se reparte el presupuesto público en el caso del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, damos un ejemplo. Son datos de 2011, pero la estructura y el padrón de beneficiarios operado por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), dependiente de la Sagarpa, se mantienen igual.

En 2011, por medio de este programa, fueron entregados a poco más de dos mil empresas un total de 11 mil 244 millones de pesos. Si hacemos un corte en las que recibieron más de 50 millones de pesos, resulta que 38 obtuvieron cuatro mil 390 millones (ver cuadro). Por supuesto allí aparece Cargill, el gigante número uno en los agronegocios del mundo. Pero hay que ver también las interrelaciones. Cargill es socio de la Comercializadora Industrial AOASS, SPR de Sonora, que recibió 265 millones 553 mil 541 pesos; y juntos, integran la empresa Productos Agrícolas AOASS, que recibió 89 millones 272 mil 588 pesos. Asimismo, Cargill recibió en el componente “Compensación de bases en agricultura por contrato”, en el mismo año, la cantidad de 85 millones 766 mil pesos. Así, Cargill y asociados recibieron en subsidios 665 millones 512 mil 469 pesos.

2.- La exclusión del sur-sureste. El Proagro Productivo es sólo un ejemplo del manejo arbitrario de padrones de productores y de la exclusión de las políticas agropecuarias de las regiones más pobres del país.

Un análisis al Proagro muestra que su padrón es aproximadamente de dos millones 600 mil productores y una superficie de casi 13 millones de hectáreas. Con un recurso de poco más de 14 mil millones de pesos para 2015, este programa, que desde 1994 da un apoyo por hectárea cultivada (originalmente de granos y ahora de cualquier cultivo lícito), resulta por supuesto más provechoso para quienes tienen mayor superficie y para quienes producen en dos ciclos (otoño/invierno y primavera/verano). El estudio comparativo de los estados del norte con los del sur, con datos de 2011, no deja lugar a dudas: un campesino de Tamaulipas recibe en promedio 17 mil 547 pesos por año, pero en Tabasco, Guerrero o Chiapas recibe menos de tres mil.

Además es mayor la cobertura del Proagro Productivo en los estados del norte. Por ejemplo, Tamaulipas, con una superficie total sembrada durante los dos ciclos de un millón 447 mil hectáreas, tiene una cobertura de 89 por ciento; en Oaxaca, en cambio, con un millón 421 hectáreas, sólo tiene cobertura de 38 por ciento. Así, mientras que en Tamaulipas hay unos diez mil campesinos fuera de Proagro, en Oaxaca más de 150 mil están excluidos y en Guerrero arriba de 120 mil.

Sucede así con el Proagro que 73 mil productores (menos del tres por ciento del padrón), quienes tienen más superficie y potencial productivo, reciben 25 por ciento del total de los recursos (tres mil 473 millones de pesos), mientras que en el otro extremo un millón 614 mil productores (61 por ciento del padrón) con menos de tres hectáreas, reciben 24 por ciento (tres mil 362 millones 630 mil pesos).

3.- Las reglas de operación de los programas son otro factor clave para obstaculizar el acceso a los pequeños productores a los recursos públicos. Las de Sagarpa de 2015, con su articulado, anexos, formatos, instructivos de llenado, guiones para elaborar proyectos, etcétera, suman más de 600 hojas de letra chiquita y temas complejos; comprenden 517 artículos en un entramado interminable de fracciones, numerales, incisos, subincisos, envíos a consulta de anexos y lineamientos, tablas técnicas, términos de referencia, fórmulas financieras, claves de control y más. Todo ello tratado en un lenguaje técnico difícil de digerir aun para especialistas. A este articulado, lo acompañan 66 anexos técnicos, que incluyen diversos formatos con instructivo, en donde hay que introducir en algunos casos más de cien datos personales, de organización, de autoridades, de tipo de propiedad, etcétera.

Más todavía. Para el acceso a los recursos en casi todos los programas, las reglas de operación remiten a convocatorias de escasa circulación pública, en donde se establecen de nueva cuenta más requisitos, nuevos lineamientos, términos de referencia, plazos fatales para la presentación de proyectos, etcétera, en una burocracia sin fin.

¿Puede atender esto un productor de dos o de cinco hectáreas, ubicado muchas veces en zonas de difícil acceso, con educación escasa y con urgencias inmediatas, como alimentarse cada día? Realmente, en los llamados componentes y en los lineamientos técnicos operativos de cada programa está la auténtica camisa de fuerza, en donde ya no entran los millones de productores de la economía social. Aquí desaparecen las prioridades de género, de jóvenes, indígenas y regiones prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en los Programas Sectoriales y en el mismo PEF. Es aquí donde se atora el 95 por ciento de las solicitudes de apoyo de los campesinos.

4.- La mayoría de los recursos presupuestarios están etiquetados. Voy a ilustrar esta afirmación con el programa de Sagarpa llamado “Concurrencia con las Entidades Federativas” y con el caso de Chiapas.

Para 2015, la Federación firma un convenio con Chiapas por 929.7 millones de pesos para el campo. Pero resulta que de ese presupuesto, 446.4 millones están etiquetados para las comunidades del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), seleccionadas de antemano; 112.5 millones son para sanidad e inocuidad agropecuaria y no para inversión productiva; 28.9 millones son para obras de captación de agua (COUSSA), también en comunidades previamente seleccionadas por la Comisión Nacional del Agua; 4.4 millones son para el SNIDRUS (sistema para acopiar y sistematizar información del sector); o sea, cerca de 600 millones están etiquetados de antemano y quedan un poco más de 300 millones para “proyectos estratégicos” ¡de 300 mil productores agropecuarios del estado! Por ello, aunque en apariencia se destinan muchos recursos al campo, en realidad son presupuestos inerciales que no modifican en nada la situación que por décadas arrastra el sector.

5.- La aportación del productor, la burocracia y el “clientelismo” político. Los pocos programas que salen de esa fórmula inercial, establecen requerimientos que limitan o excluyen a los campesinos. Por ejemplo, el Programa Mujer Emprendedora ofrece apoyos de hasta 240 mil pesos por grupo (mujeres que estén organizadas y “preferentemente sin tierra”) para proyectos agropecuarios o de servicios, comercio o industria. Las solicitudes son sancionadas por un “comité técnico” integrado por nueve directores de la Sagarpa. Pienso en campesinas de Chiapas, de la Sierra Tarahumara, de zonas pobres de Guerrero o Veracruz haciendo esos trámites con peticiones de 20 o 30 mil pesos, elaborando sus proyectos y registrando su solicitud en internet para que después ésta tenga que ser sancionada por ¡nueve directores en la Ciudad de México! Por lo general la respuesta es negativa, pues como vimos este programa apenas tiene el 1.4 por ciento del presupuesto de Sagarpa.

Asimismo, existen diversos programas con apoyos desde cien mil hasta 30 millones de pesos por proyecto, que requieren que el beneficiario ponga el 50 por ciento de la inversión, lo cual por supuesto es prohibitivo para los campesinos pobres. Están excluidos de facto de los programas de capitalización, comercialización, innovación tecnológica, sistemas de riego, asistencia técnica, etcétera. Comúnmente ni los campesinos organizados pueden cumplir con tantos requisitos.

Por último pero no menos relevante, es la distribución discrecional de los recursos por autoridades federales y estatales, para cubrir compromisos políticos, favorecer a organizaciones corporativas, a amigos, compadres, familiares, etcétera. De tal forma que son insignificantes los recursos presupuestarios que se distribuyen libremente para apoyar a los campesinos en sus localidades y regiones.

Aserca

El norte privilegiado en apoyos
a la comercialización; falta
organización campesina

Lourdes Rudiño

De los 11 mil 89 millones de pesos asignados en el presupuesto 2015 a comercialización de granos (Ingreso Objetivo, compensación de bases, cobertura de precios e inducción productiva), alrededor de dos mil 400 millones de pesos, esto es 21.6 por ciento del total, apoyarán las cosechas de primavera/verano 2014, localizadas fundamentalmente en el centro-sur del país, en tierras de temporal y de minifundio, y el resto será para el otoño/invierno, que implica tierras del norte, de agricultura comercial y con riego.

Héctor Riemann Valenzuela, director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), informó lo anterior y justificó: “el norte es donde están las grandes producciones de este país, Sinaloa trae una producción de cinco millones de toneladas de maíz, Tamaulipas más de dos millones de toneladas de sorgo… Las grandes planicies y las grandes zonas de riego efectivamente están en estos estados y es allí donde se generan los excedentes de producción y donde se producen los alimentos que consume este país”.

El funcionario fue entrevistado respecto del mecanismo Ingreso Objetivo (IO), el cual se actualizó en trigo panificable, trigo cristalino, arroz, algodón pluma, maíz, sorgo, cártamo, canola, soya y girasol, después de tres años de mantenerse estático, con aumentos desde ocho por ciento para algodón y de 50 por ciento para maíz.

Recordó que el acceso a las compensaciones de precio en que consiste el IO precisa en los casos de maíz, trigo, sorgo y soya que los productores participen en esquemas de agricultura por contrato (AxC) –esto es que tengan convenida con anticipación la venta de su cosecha con compradores específicos, y por tanto con coberturas de precios en los mercados internacionales-. Puede pensarse que en Sinaloa y Tamaulipas un ciento por ciento de los agricultores están en esa condición, dijo, mientras que en Oaxaca o Guerrero “no alcanzaría ni a ponerle un porcentaje; son entidades donde la organización económica de los campesinos es incipiente por problemas estructurales de muy atrás, pero se trata de estados que en buena medida producen para el autoconsumo y si comercializan lo hacen en la informalidad, con pequeños excedentes, y no siempre lo hacen en malas condiciones (de precio)”.

Y los productores de estados aledaños al Distrito Federal, como el Estado de México logran precios mejores que los que pueden obtener los productores de Sinaloa y pueden llegar a superar el precio de indiferencia (basado en las cotizaciones internacionales) gracias a la gran demanda de los consumidores de esta zona.

Cabe decir que la organización económica resulta indispensable para realizar coberturas de precios en los mercados internacionales, pues por ejemplo los contratos de maíz y sorgo en la Bolsa de Chicago son cada uno de cinco mil busheles, equivalentes a 127.01 toneladas.

“Nos queda muy claro que un productor en lo individual no va a celebrar un contrato de compra venta, pero un grupo de productores constituidos en una organización sí pueden hacerlo. Definitivamente falta mucha organización y sobre todo en el centro sur del país”, dijo.

Pero hay avances no despreciables, aclaró. ”Conforme se han dado pasos en esquemas de comercialización, el productor ha entrado en la formalidad de emitir una factura y tener el pago de su cosecha en su cuenta bancaria o con cheque nominativo o para depósito en cuenta. Cuando inició el IO (en 2002) en Jalisco 50 por ciento de los productores estaban formalizados, y ahora son 90 por ciento”.

“Y la AxC ha demostrado su aceptación, pues en un año ordinario manejamos más de 15 millones de toneladas en este mecanismo”. ¿Qué representa esto? “Por ejemplo en maíz se podría decir que de la producción total, un 42 por ciento entra en estos esquemas”.

Aclaró sin embargo, que los mecanismos de apoyo vía la AxC y el IO “lo que buscan es regular, no necesariamente se debe comercializar todo bajo este esquema; si no tenemos un problema de comercialización, pues no se activa el programa, no vamos a ir a resolver un problema que no existe. Pero pensemos en trigo del Valle de Mexicali, la oferta de 600 mil toneladas que allí se produce es infinitamente más grande que la demanda. Si no intervenimos, no se va a comercializar ese volumen. Es el mismo caso del maíz de Sinaloa. En cambio en la agricultura que está cercana a los grandes centros de consumo, la demanda es enorme y la tienen frente de ellos; “sin entrar al esquema de AxC venden igual o mejor”.

Afirmó que Aserca tiene la plena seguridad de que las compensaciones del IO le llegan al productor. “Han pasado más de dos años en que Aserca no emite un solo cheque. Aserca le solicita a la Tesorería de la Federación que deposite en la cuenta bancaria del productor. Por tanto la idea de que (el recurso público) podría quedarse en los grandes comercializadores, con ese mecanismo es imposible, ¿a quién le pago?, al productor en la cuenta bancaria que él me dio.

-Hay información que muestra que grandes compradores reciben apoyos de Aserca –se le planteó.

“Aserca sólo da apoyos a los productores, ya sea directamente o a través de los compradores, pero el apoyo siempre va al productor (…) Si un comprador llega aquí y trae un contrato y está comprometido con mil productores a pagarles un determinado precio, entonces para apuntalar ese contrato, nosotros le damos la cobertura de precios (con un apoyo de 45 por ciento del costo de la prima para el comprador y de un 75 por ciento al productor). Así es como aparentemente un comprador se ve beneficiado, pero es porque trae un compromiso de pago con los productores. Otro mecanismo es que si en una determinada circunstancia el precio de mercado fuese de dos mil 900 pesos la tonelada pero para ayudar a la dispersión de los apoyos decimos: ‘a ver, comprador, tu págale tres mil pesos al productor y yo te voy a recuperar a ti esos 100 pesos. Aparentemente el apoyo fue para el comprador pero no fue así, es un medio de dispersión”.

Aserca, dijo, se asegura de que el comprador transfiera el pago, y las reglas de operación implican facturas, identificaciones y CURP, información del origen de la cosecha (para lo cual en parte apoya el padrón de Proagro, antes Procampo); que el acopio se realice en centros registrados ante Aserca y otros factores, además de que “las auditorías son permanentes”. Comentó que Aserca ha detectado intentos de cobro irregulares “y por supuesto que no los pagamos” y los infractores, además de ser sancionados, quedan vetados de intervenciones posteriores de Aserca, pero en ninguno de esos casos han estado involucradas empresas grandes, las cuales “son muy serias”.
 
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