La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima inició ayer una investigación luego de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rescató a 49 indígenas mixtecos de una empresa agrícola, entre ellos 13 menores de edad, informó el presidente de ese organismo, Roberto Chapula.

Luego de que el titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, confirmó que hay una red de delincuencia organizada que explota y somete a prácticas de esclavitud a los jornaleros agrícolas, Efraín Naranjo, presidente del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental en Colima, exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno llevar a cabo operativos en los campos de limón y caña de la entidad, pues existen enganchadores que acuden a varios estados del país, entre ellos Guerrero y Oaxaca, para traerlos y explotarlos.

Indicó que hay varios albergues donde se refugian las familias indígenas en condiciones insalubres y en total promiscuidad.

La alcaldesa interina del municipio de Cuauhtémoc, Colima, Mercedes Carrasco, aseguró que son cientos de familias indígenas de Puebla, Oaxaca y Guerrero que llegan al corte de caña a la entidad. Tras el rescate de los indígenas mixtecos, aseguró que intensificarán la supervisión en dichos centros de cultivo.

En tanto, en Hermosillo, Sonora, un grupo de 15 jornaleros agrícolas protestó ayer frente a las oficinas del ayuntamiento, para denunciar una violenta agresión contra un menor de edad que trabajaba en un campo agrícola.

Fausta Guzmán Pérez informó que un grupo de personas agredió con machetes a su sobrino, José Enrique Pérez Martínez, de 14 años de edad. Los hechos ocurrieron en una de las calles de la comisaría Miguel Alemán, en el área agrícola conocida como la Costa de Hermosillo.

Pedimos que haya atención policiaca; seguido hay hechos violentos contra nosotros (los jornaleros agrícolas). José trabaja en el campo Fátima, señaló Guzmán Pérez. Indicó que su sobrino se encuentra internado en el Hospital Infantil del Estado de Sonora.

Los manifestantes exigieron a las autoridades esclarecer los hechos, ya que consideran que se debe evitar que la violencia se apodere de esa zona donde hay miles de trabajadores en campos agrícolas, que dijeron estar indignados al igual que los jornaleros de Baja California.

Al respecto, en Mexicali, Baja California, Rogelio Méndez, líder del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, dijo que los empleadores agrícolas no pagan puntualmente las jornadas de trabajo y persisten los adeudos salariales, que cubren a cuentagotas.

“Trabajadores que se atreven a reclamar sus derechos son despedidos y sus nombres son boletinados para que no sean contratados en otros ranchos; los patrones no pagan vacaciones, horas extras ni reparto de utilidades, y les niegan el derecho a recibir aguinaldo si faltan un día al trabajo. Si se ausentan por problemas de salud o de sus familiares, son suspendidos, pese a que el contrato laboral es por jornada.”

Méndez, oaxaqueño mixteco que arribó a Baja California en 1974 para laborar en el campo, indicó que a los trabajadores los obligan a limpiar hasta 14 surcos al día, y les pagan dos pesos por cada uno, que mide 100 metros.

Los jornaleros, subrayó, viven amedrentados por los mayordomos y los cuerpos de seguridad que vigilan los campamentos agrícolas.

Juan Carlos Flores y Ulises Gutiérrez, corresponsales, y Lorena Rosas, La Jornada Baja California