Opinión
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La rebelión de los jornaleros en San Quintín
L

os jornaleros que trabajan en los campos agrícolas donde se producen las hortalizas para nuestra alimentación y la exportación son de los trabajadores peor pagados y más maltratados en nuestro país. Ellos lo saben, pero lo aceptan porque no tienen alternativa. Expulsados de sus comunidades por la miseria, que no les permite asegurar un sustento para vivir decorosamente, llegan a los campos agrícolas sabiendo que los patrones y capataces los tratarán con desprecio, como si no fueran humanos, pero al menos tendrán asegurado un dinero para comer y satisfacer sus necesidades más apremiantes y las de sus familiares. Sabedores de esta situación, los patrones, enganchadores, capataces y autoridades tejen redes de complicidades donde, como los mosquitos en las telarañas, quedan atrapados, a merced de quienes con su trabajo hinchan sus bolsas de dinero.

La situación es injusta y, cuando se vuelve insoportable, los jornaleros se organizan y luchan por cambiarla por otra mas llevadera. Eso sucedió los días 16 y 17 de marzo pasado en el poblado de San Quintín, Baja California, cuando miles de jornaleros, hartos de que sus reclamos no fueran atendidos por las autoridades, decidieron cerrar la carretera Transpeninsular y con ello paralizar la economía del estado. Sorprendido por la movilización, el gobierno optó por la agresión contra los trabajadores movilizados y la detención de las personas más activas; dicho de otra manera, decidió proteger la economía del estado antes que atender la demanda de los rebeldes; pero la persistencia de la movilización jornalera lo obligó a abrir una mesa de negociaciones para dialogar con ellos.

Las demandas que los jornaleros presentaron en la mesa de negociaciones son las mismas que desde meses atrás habían puesto en manos de los funcionarios estatales y que en cualquier país donde se respetaran las leyes no deberían esperar una movilización de esta magnitud para ser atendidas: seguridad social, respeto al derecho de antigüedad, pago vacaciones, séptimo día, días festivos y horas extras, descanso para madres trabajadoras y libre sindicalización. Junto a éstas enarbolaron otras demandas más concretas, como el cese del acoso sexual a las mujeres, un salario mínimo de 300 pesos por día, pago de 30 pesos por caja de fresa, diecisiete pesos por jarra de mora y ocho por cubeta de tomate. Estos reclamos demuestran que cuando se dice que los jornaleros viven en la semiesclavitud no se esta usando ningún eufemismo, sino describiendo una injusta realidad.

La rebelión de los jornaleros de San Quintín ha mostrado la insensibilidad de los patrones con los trabajadores que hacen posible que sigan acrecentando su riqueza, la venal parcialidad del gobierno al servicio de ellos y, en muchos casos, el racismo de ciertos sectores sociales que en redes sociales ha llenado de improperios a los rebeldes. La actitud de estos últimos puede ser entendida si se toma en cuenta que aunque vivan cerca de los jornaleros no se preocupan por ver su realidad; pero la de los primeros es inaceptable, pues, obligados como están a velar por que sus derechos sean respetados, son los primeros en violarlos, porque en muchos de los casos ellos mismos son patrones o deben el cargo a ellos. Afortunadamente, también existen amplios sectores que han salido a brindar su solidaridad a los rebeldes, lo cual es importante para el rumbo que tomen los acontecimientos.

La rebelión de los jornaleros de San Quintín no ha terminado. Derivados de la mesa de negociaciones existen 15 acuerdos, pero ninguno asegura que la situación cambiará en realidad, sobre todo porque hasta ahora los patrones se han negado a participar por no comprometerse y sólo lo ha hecho el gobierno estatal, siendo que muchas de las demandas son de carácter federal y por lo mismo no hay ningún compromiso firme de sus parte de atacar de fondo el problema. Frente a esta situación, los jornaleros rebeldes han iniciado una campaña que por ahora abarca el noroeste del país, explicando las razones de su lucha y buscando la solidaridad social para resistir la embestida gubernamental de apoyo a los patrones. El apoyo popular a quienes con su esfuerzo producen alimentos para alimentar a los mexicanos y el mercado internacional es necesario en este momento, de otra manera será mas difícil que logren sacudirse la injusticia histórica que pesa sobre sus espaldas.