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Se comprobó violación al derecho de habitación digna, indican

Compradores de vivienda social podrían exigir al gobierno reparación de daños
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de abril de 2015, p. 17

Miles de compradores de viviendas de interés social del país están a un paso de poder salir victoriosos tras cinco años de litigios en tribunales mexicanos, en los que, hasta ahora, sólo han conseguido evitar que los despojen de sus casas, ya que han demostrado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que autoridades federales violaron su derecho humano a contar con viviendas dignas y decorosas, informó José Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente de la asociación civil Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna.

En conferencia de prensa, el activista sostuvo que la CNDH está obligada a emitir una recomendación contra la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y contra la Procuraduría General de la República (PGR), por violación a derechos humanos de los compradores, ya que ambas instancias de la administración pública federal se han negado a sancionar a los responsables de estas violaciones a los derechos fundamentales de miles de familias defraudadas por la compra de casas de mala calidad.

Una vez que eso ocurra, los compradores de viviendas de interés social quedarán legitimados jurídicamente para demandar por la vía administrativa al gobierno federal, mediante las facultades que les concede la Ley Federal de Reparación Patrimonial del Estado.

Pérez Espinoza añadió que el artículo 11 de la mencionada ley permite que una vez que la CNDH emita una recomendación contra alguna autoridad administrativa que haya violado garantías humanas, se activa el derecho de las víctimas a demandar reparación de daños, incluso perjuicio moral, mediante el pago de indemnizaciones de hasta 20 mil salarios mínimos por afectado.

A decir de Pérez Espinoza, la SHF y la PGR han avalado actos de impunidad, por no concluir procedimientos (administrativos y penales) contra los artífices (desarrolladoras inmobiliarias) de violaciones al derecho humano de una vivienda digna y decorosa, ya que, contrario al mandato constitucional y al ordenamiento previsto en varios tratados internacionales, empresas vivienderas (entre ellas Geo, Homex, Urbi y Sadasi) han construido miles de inmuebles con material de mala calidad y las han vendido a un sobreprecio de hasta 40 por ciento, lo que representa un colosal fraude al bolsillo de miles de familias.

Durante la rueda de medios, Pérez Espinoza destacó que la CNDH, que encabeza actualmente Luis Raúl González Pérez, ha sido omisa, hasta ahora, en emitir las recomendaciones contra la PGR y SHF.