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La guerra por el DF

Observadores supervisan actividad de demarcaciones, afirma GDF

Hay mecanismos legales para acusar a servidores que usen planes sociales
 
Periódico La Jornada
Sábado 25 de abril de 2015, p. 29

Los ciudadanos disponen de mecanismos legales para denunciar al funcionario, candidato o partido que utilice los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal con fines electorales, o condicione su ingreso a éstos a cambio de su voto, afirmó el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, y recordó que en el caso de las delegaciones se planteó que observadores del Instituto Electoral local supervisen el trabajo que realizan.

Ya dimos el lineamiento y exhortamos a las delegaciones para que hubiera un comportamiento en los términos de la ley. En esta tarea lo único que restaría es ver cuáles son las conductas de verificación por parte del instituto electoral, y lo que éste considere pertinente, el Gobierno del Distrito Federal va a apoyar y a realizar lo que corresponda, explicó.

Consultado sobre si está facultado para ordenar a los jefes delegacionales suspender la entrega de apoyos, Mancera Espinosa precisó: No puedo realizar una orden directa, porque estaríamos rompiendo precisamente con la esfera de competencias. Sí tenemos atribuciones directas en los territorios de las delegaciones, pero no en esta materia.

Con relación a la firma de un acuerdo de civilidad, el jefe de Gobierno del Distrito Federal puntualizó que los partidos políticos deben trabajar en ello, al igual que en la creación de un micrositio donde se publique toda la información de los candidatos a un puesto de elección popular, incluida su declaración patrimonial.

Absolutamente todos los partidos estuvieron de acuerdo con tener esta línea de transparencia. ¿Cómo lo van a manejar (micrositio) y qué van a presentar?, eso solamente lo pueden resolver ellos con el InfoDF, acotó el mandatario.

Hace unos días, la Contraloría capitalina envió una circular a los funcionarios de esta administración en la que les informó que llevará a cabo operativos especiales para vigilar que los servidores no desvíen recursos públicos en apoyo de un candidato o partido durante los procesos electorales federales y locales en curso.

Lo anterior, de manera independiente a las acciones de supervisión que realiza de forma ordinaria mediante la Unidad Especializada de Vigilancia Electoral y de las contralorías internas.