Uno de los principales rezagos en materia de derechos humanos en el gobierno federal es armar el andamiaje para la búsqueda y localización de personas, así como para la reparación del daño a las víctimas.

Información de la Secretaría de Gobernación (SG), responsable de generar y hacer cumplir las políticas públicas en el área, revela algunas de las deficiencias.

El número de personas no localizadas subió en un trimestre (primero de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2015) de 23 mil 271 a 25 mil 293, sólo de casos clasificados en el fuero común.

La mayor cifra de desaparecidos fue reportada en Tamaulipas, con más de 5 mil casos, seguido de Jalisco, con 2 mil 235.

El nuevo corte de información de personas no localizadas, compilado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, será emitido en los próximos días y abarcará desde los expedientes viejos (anteriores a 2007) hasta el 30 de abril 2015.

En cuanto a las acciones del Estado frente al recrudecimiento de la violencia, en informes difundidos por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la SG, se documentan fallas en las investigaciones y atención a víctimas.

Colima es el caso más reciente. Ahí las cifras oficiales mencionan 105 homicidios de mujeres de enero de 2003 a diciembre de 2014; 24 fueron tipificados como feminicidios.

Hay un aumento de casi 245 por ciento entre 2010 y 2011, recrudecimiento sostenido hasta el año pasado. El mayor número de agresiones es contra mujeres jóvenes (de 19 a 30 años de edad).

En las conclusiones se menciona, por ejemplo, que un número significativo de los expedientes están en reserva o archivo; en muy pocos casos se ha reparado integralmente el daño; persisten las conductas misóginas, y no hay infraestructura humana y material suficiente y capacitada para atender esta problemática.

Hay advertencias similares en las investigaciones de otras entidades. En la de Michoacán se expone igualmente que un número significativo de los feminicidios se encuentran inconclusos; tampoco hay presupuesto y personal suficientes para atender el fenómeno, pese a que en la sociedad hay permisividad de la violencia en contra de las mujeres.

Líneas similares se leen en los análisis del año pasado para Morelos y Guanajuato, entre otros estados, cuyo común denominador es que la mayoría de los casos de feminicidio se encuentran inconclusos.

Sin embargo, no se ha emitido ninguna alerta de violencia de género, incluida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, cuyo objetivo precisamente es hacer cumplir al Estado mexicano con su obligación en ese tema.

El procedimiento para llegar a una alerta es largo. En un resumen se puede mencionar que, según el reglamento de esa ley general, proceden las solicitudes de declaratoria de alertas de violencia cuando los delitos perturban la paz en un territorio determinado y/o cuando exista un agravio tal que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Hasta ahora, una decena de casos han sido analizados dentro del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuyos resultados son entregados a la SG a través de la Conavim.

Esta comisión, en coordinación con los responsables del sistema, envía la investigación especializada al gobernador involucrado y puede emitir la alerta en un plazo y circunstancias determinados, mientras el Estado mexicano debe resarcir el daño conforme a los parámetros internacionales. Esta segunda posibilidad nunca ha ocurrido.

El nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, dijo que se buscará que todas las dependencias federales tengan protocolos de actuación y colocó en la lista de prioridades revisar los procedimientos tanto los aplicados a los detenidos (para combatir y erradicar la tortura), como aquellos de atención a las víctimas.