A partir de hoy viernes, el Presidente de la República, los secretarios de Estado, la procuradora general, el consejero jurídico y funcionarios hasta directores de área estarán obligados a presentar, junto con su declaración patrimonial, un reporte sobre posibles conflictos de intereses en su encargo.

Será la Unidad Ética y de Conflicto de Interés de la Secretaría de la Función Pública la que confronte esta información para detectar omisiones, indicó el titular de la dependencia, Virgilio Andrade, al subrayar que ésta será la primera vez que exista está obligación en el Poder Ejecutivo y acotó que de no declarar potenciales conflictos de intereses podría llevar a la inhabilitación del cargo. En paralelo, 16 mil funcionarios vinculados a procesos de compras, adquisiciones y licitaciones tendrán que adherirse a un protocolo que establezca los términos de su relación con las empresas.

Al detallar los alcances que deberá tener la declaración de conflicto de intereses, el secretario señaló en entrevista que los funcionarios tendrán que declarar: quién fue el último vendedor de bienes inmuebles (con independencia del tiempo que haya transcurrido desde esa compra); reportar si tienen algún cargo directivo o corporativo en alguna empresa o institución de beneficiencia; y deberán informar si son accionistas o si han recibido algún beneficio económico o de lucro en virtud de algún contrato o convenio celebrado con algún particular.

De igual forma, si participan en algún órgano directivo privado deberán reportar la antigüedad, además de la frecuencia con que acudieron a estas reuniones, incluso, ya fungiendo en el cargo público.

Andrade precisó que la declaración de intereses –que deberá ser entregada en mayo– será pública siempre y cuando el funcionario dé su anuencia, tal y como ocurre con la declaración patrimonial.

Sin embargo, si en el desempeño de su encargo existe alguna determinación en la que pudiera materializarse el conflicto de intereses, el servidor deberá excusarse de conocer del mismo.

Si no lo hubiera, entonces sería sujeto de responsabilidad. Esto será vigilado y seguido por la SFP, manifestó Andrade quien agregó que violar disposiciones legales implicaría sanciones según la gravedad del caso.

Explicó que será la Unidad Ética y de Conflicto de Interés –que quedará integrada en junio– la que dará seguimiento a la declaración de conflictos de intereses, pues confrontará su contenido con otras bases de datos de la propia dependencia.

Hablamos de cruces con otro tipo de información que aparece en portales de Internet de la propia SFP, por ejemplo, la lista de los 16 mil servidores públicos que participan en contrataciones públicas, la verificación a funcionarios superiores en las relaciones que tengan y la función que están ejerciendo en términos del cargo.

La disposición que entrará en vigor en mayo, dijo Andrade, ya será permanente si bien queda claro que está pendiente que el Congreso de la Unión legisle en materia de conflicto de intereses, una vez que se apruebe en definitiva la reforma constitucional relacionada con el Sistema Nacional Anticorrupción.

El secretario señaló que esto forma parte de las cinco acciones ejecutivas que se instrumentarán para transparentar las operaciones del gobierno, entre las cuales también se encuentra el protocolo de la relación de funcionarios vinculados con adquisiciones o compras, tendrán con las empresas proveedoras.

La pretensión del protocolo es que se establezca con claridad qué tipo de comunicaciones se tienen que usar para que sólo sean las de carácter oficial o medios de comunicación institucionales para que con dos días de anticipación se sepa quién va a estar en contacto con quien, que haya la presencia de, al menos, dos servidores públicos y en algunos casos se videograben contactos correspondientes.

Destacó la inclusión de un portal donde se difundan las empresas proveedoras que han sido sancionadas durante los pasados 10 años. Actualmente hay un total de mil 504 empresas, pero este número se actualiza de forma permanente.