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Perú, en decisiva batalla contra el extractivismo
Raúl Zibechi
D

esde finales de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.

La Southern Copper tiene una negra historia en Perú. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo en 1960, ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue la mayor contribuyente de Perú.

Un reciente informe del diario conservador El Comercio, ferviente partidario de la minería, reconoce que en la región sur todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de las enormes nubes negras que emanaban de la refinería, lo que ha afectado la imagen y credibilidad de la empresa. Cuando Southern empezó sus operaciones en los años 50 contaminó severamente la costa, producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves (El Comercio, 12 de abril de 2015).

Vale destacar que la región sur tiene un importante valor estratégico, ya que concentra importantes corredores de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), en particular los ejes interoceánico central y Perú-Brasil-Bolivia, donde tres importantes puertos (Ilo, Marcona y Matarani) ofrecen una rápida salida, a través de la carretera Interoceánica, a la producción agropecuaria e industrial brasileña con destino asiático.

Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María comenzaron en 1994, y en 2007 la Southern (ya en manos del Grupo México) anunció su plan de inversiones. La población desde un principio rechazó el emprendimiento, que supone inversiones de unos mil 400 millones de dólares en la primera fase, pues asume que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura. Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en movimiento permanente.

En 16 de marzo de 2011, la población conoció por el Frente de Defensa del Valle de Tambo un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. La respuesta a la burla fueron masivas manifestaciones de rechazo, en las que hubo tres muertos y 50 heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado.

Pero en agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanado las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan activamente en la protesta.

La minera, con sede en México, tiene serios cuestionamientos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En enero de 2015 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares contra el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo (https://redaccion.lamula.pe/2015/03/31/5-claves-para-entender-el-conflicto-por-tia-maria/jorgepaucar/).

Al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, el gobierno peruano decidió enviar dos mil policías al valle de Tambo, que ya provocaron un muerto y decenas de heridos. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer trabajo de campo con los agricultores, dijo que los opositores son terroristas antimineros. Aunque luego fue desmentido por la empresa, la campaña va a más. Un ex congresista declaró que Marco Arana, quien dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán.

Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa en favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. El 26 de abril el diario La República publicó una encuesta nacional, según la cual 51 por ciento de la población opina que los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes, frente al 32 por ciento que cree a la minera (www.larepublica.pe/26-04-2015/62-cree-que-cateriano-debe-priorizar-plan-de-seguridad).

Tres problemas mayores aparecen ante la resistencia popular.

El primero es que Perú no es cualquier país. Es una pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante como Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Tiene una larga historia de luchas, pero también de masacres y exterminios, incluyendo una guerra con 70 mil muertos en la década de 1990.

Segundo, la minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.

Tres, aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano está en contra del modelo minero, la afirmación del gerente de Southern Copper de que los antimineros son terroristas no es un desliz, sino algo que no deberíamos olvidar: consideran a los de abajo, no sólo a los que resisten, como enemigos a exterminar.